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El jefe del Estado y sus relaciones se convirtieron, una semana más, en quebradero de cabeza para el Gobierno. El equipo de la vicepresidenta, más aún después de que el caso Corinna prácticamente monopolizara la rueda de prensa de la semana pasada, preparó con esmero la respuesta de Moncloa bajo la máxima de respetar la "autonomía" de la Casa del Rey.
En el Ejecutivo agradecen tanto en público como en privado los servicios de don Juan Carlos, y por ende de la Familia Real, durante tantos años, pero admiten que les resulta "muy difícil" dar explicación a determinados asuntos, como fue su accidente en Botsuana -por el que monarca se vio obligado a pedir perdón- o, más recientemente, el domicilio que la princesa alemana tendría en El Pardo, próxima a Zarzuela.
Un asunto "peliagudo", en voz de un asesor gubernamental, queSoraya Sáenz de Santamaría esquivó echando mando de la documentación aportada por Patrimonio Nacional, del que depende el inmueble. "El Gobierno, indudablemente, ni tiene ni tiene por qué tener ni es lógico que tenga datos de lo que hace la Jefatura del Estado", se escudó la portavoz del Ejecutivo.
La vicepresidenta fue muy franca: según Patrocinio del Estado, la finca La Angorilla -presunta residencia de Corinna zu Sayn-Wittgenstein- es un bien inmueble destinado "exclusivamente al uso y el servicio" del Rey, y el Gobierno no tiene ningún tipo de potestad en él. Tampoco sobre el dinero público que allí se haya invertido.
En pleno debate sobre la necesidad de mayor transparencia en la institución, Sáenz de Santamaría puso encima de la mesa qué dice la ley de los bienes de Patrimonio del Estado. Los hay de dos tipos: los susceptibles de compatibilizar el uso del monarca con otra actividad que permita el acceso del público, incluido su alquiler; y los que están "exclusivamente afectos" del Rey.
La vicepresidenta adujo que no podía dar más datos sobre La Angorilla, tampoco en lo relativo a los gastos que habrían supuestosu reforma. En este sentido, volvió a tirar de documentación oficial: el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional es el organismo que está legalmente encargado de la conservación, el mantenimiento, la mejora y la administración y la seguridad de los bienes a los que puede acceder el público, expuso ante los medios de comunicación.
Estas explicaciones se producen en vísperas de que el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Féliz Sanz Roldán, comparezca en el Congreso. En concreto será el próximo 19 de marzo, en la comisión de secretos oficiales del Congreso para responder a los grupos parlamentarios sobre los supuestos vínculos de la amiga del Rey con los servicios de inteligencia. Si bien Sáenz de Santamaría ya advirtió que no hablará del inmueble de El Pardo: "Atenderá a las preguntas que afectan al propio CNI, no al resto del Gobierno y mucho menos a lo que es un organismo autónomo diferente del centro como es Patrimonio Nacional".
"El CNI no gestiona Patrimonio Nacional", remató la vicepresidenta. Desde el Ejecutivo, un portavoz del Gobierno fue taxativo: "Sanz Roldán no se va a meter en estos asuntos". El Gobierno trabaja en la idea de impulsar la imagen de la Corona, si bien parte de la base de que su falta de apoyos obedece, además de por los aparentes abusos cometidos -principalmente, por Iñaki Urdangarín-, a la crisis "general" que sufre el país.
"El CNI no gestiona Patrimonio Nacional", remató la vicepresidenta. Desde el Ejecutivo, un portavoz del Gobierno fue taxativo: "Sanz Roldán no se va a meter en estos asuntos". El Gobierno trabaja en la idea de impulsar la imagen de la Corona, si bien parte de la base de que su falta de apoyos obedece, además de por los aparentes abusos cometidos -principalmente, por Iñaki Urdangarín-, a la crisis "general" que sufre el país.
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