Impulso Ciudadano pide al Defensor del Pueblo que recurra el Código de Consumo catalán
En el mismo acto han presentado también escritos con el mismo fin los comerciantes Feliciana Piris, dueña de una pequeña mercería en el distrito de Nou Barris de Barcelona, y Xurde Rocamundi, agente de la propiedad inmobiliaria en Arenys de Mar, sancionados por el Gobierno catalán por no tener todas sus ofertas de servicios e informaciones en catalán.
Las razones que han motivado la interposición del recurso tienen su base en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña que declaró que no existe obligación generalizada de conocer el catalán y que la Administración sólo puede exigir este conocimiento en los ámbitos educativos y funcionarial.
Por lo tanto, "no hay obligación de utilizar una determinada lengua, sea el catalán o el castellano, en las relaciones de consumo y es inconstitucional sancionar por motivos lingüísticos en este ámbito", según la asociación. "La interpretación que da la sentencia al artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña deja claro que en las relaciones entre particulares el principio que rige es el de la libertad de lengua y que el tratamiento del castellano y el catalán debe ser equivalente
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