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DESPRECIANDO A LA POLICÍA
Griñán quiere seguridad privada en su Palacio: tres puestos por 315.000 euros
PEDRO DE TENA/ANTONIO BARREDA
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noldor dijo el día 13 de Septiembre de 2010 a las 15:05:13:
Dos puntualizaciones:
Primero:
Si los datos del artículo son correctos, el producto de dividir el monto del contrato entre las horas de servicio a desarrollar (contando los tres vigilantes), da como resultado 21,14 euros por hora unitaria, y eso, si me permiten decirlo, es una barbaridad. Es irreal dentro del sector de la Seguridad Privada, tal y como está...
Para ilustrar el ejemplo, decir que el valor de la hora extra según convenio es de 7,29 euros/ hora (y me consta que en Andalucía muchas empresas no respetan el convenio nacional...).
Segundo:
La ley de Seguridad Privada es la Ley 29/1992 de 30 de julio, y por tanto, anterior a la promulgación de la ley que regula la función del citado cuerpo ¿funcionarial? de la Junta. Y por lo que parece, desempeñan funciones similares.
Aquí parece haber de nuevo un interés de determinadas instituciones por clonar estructuras que ya existen en el ámbito privado, revistiendolas de una pátina de oficialidad vía función pública (y no puedo decir mas sobre este particular ya que desconozco concretamente cual fue su germen).
Lo que puedo asegurar, es que los que encarecen los costes de seguridad de la Junta y de otras instituciones no son precisamente los miembros de la Seguridad Privada, que vienen a cobrar menos de la mitad que cualquier otro cuerpo funcionarial por realizar la misma función en los edificios oficiales.
Primero:
Si los datos del artículo son correctos, el producto de dividir el monto del contrato entre las horas de servicio a desarrollar (contando los tres vigilantes), da como resultado 21,14 euros por hora unitaria, y eso, si me permiten decirlo, es una barbaridad. Es irreal dentro del sector de la Seguridad Privada, tal y como está...
Para ilustrar el ejemplo, decir que el valor de la hora extra según convenio es de 7,29 euros/ hora (y me consta que en Andalucía muchas empresas no respetan el convenio nacional...).
Segundo:
La ley de Seguridad Privada es la Ley 29/1992 de 30 de julio, y por tanto, anterior a la promulgación de la ley que regula la función del citado cuerpo ¿funcionarial? de la Junta. Y por lo que parece, desempeñan funciones similares.
Aquí parece haber de nuevo un interés de determinadas instituciones por clonar estructuras que ya existen en el ámbito privado, revistiendolas de una pátina de oficialidad vía función pública (y no puedo decir mas sobre este particular ya que desconozco concretamente cual fue su germen).
Lo que puedo asegurar, es que los que encarecen los costes de seguridad de la Junta y de otras instituciones no son precisamente los miembros de la Seguridad Privada, que vienen a cobrar menos de la mitad que cualquier otro cuerpo funcionarial por realizar la misma función en los edificios oficiales.
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