Bibiana Aído afirma que la actual legislación tampoco protege al no nacido
La ministra que defiende la reforma con falacias como la de que facilitar el aborto reducirá su práctica, incide en el esperpento del pasado viernes al reiterar que la reforma que aborda el gobierno y sus socios pretende "proteger la vida del no nacido".
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REDACCIÓN HO.- Después de que el pasado viernes la ministra de Igualdad señalara que la reforma del aborto que impulsa el Gobierno pretende "proteger la vida del no nacido cuando ya puede, según criterio científico, vivir con independencia de su madre", Bibiana Aído se descuelga esta mañana con que la legislación actual tampoco protege al "nasciturus". La ministra insiste en que con la vigente ley del aborto "tampoco está protegido el no nacido", y afirma que la nueva propuesta de ley protegerá tanto a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo "en unos plazos perfectamente definidos" como al "no nacido".
Cierto es que la reforma que estableció la despenalización del aborto en determinados supuestos desprotege al no nacido y que se hizo también sin consenso social -algo que parecen haber olvidado algunos destacados dirigentes del PP-, pero en nuestra legislación hay un texto fundamental, llamado Constitución, que protege muy a las claras la vida humana, que comienza en la gestación, como bien falló el Tribunal Constitucional en su sentencia del 11 de abril de 1985, donde afirma expresamente que
"la vida del nasciturus es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15, lo que obliga al Estado a abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación".
Un texto que la ministra, más en razón de su responsabilidad habida cuenta del cargo que ostenta, debería tener presente. Pero la ministra es olvidadiza. Nada menos que de la Constitución y de los fallos del Constitucional, claro que no es la primera vez que el Ejecutivo deja en suspenso la ejecución de los fallos de los altos tribunales.
Aborto y menores
Por otra parte, la ministra miente, pues ahora mismo no existe tampoco una "ley del aborto", simplemente una modificación del Código Penal que, contemplando el aborto como un delito, le descarga de responsabilidad penal ante determinados supuestos, algunos de los cuales, como se ha visto con el del riesgo para la salud de la gestante, cierta y lamentablemente se han convertido en todo un coladero para el fraude de ley -pero frente a mayor celo inspector que mermaría los beneficios de un negocio sin escrúpulos, se opta ahora por el aborto libre-. El aborto, pues, sigue siendo un delito, pero las ansias por convertirlo en un "derecho" mostradas por el Ejecutivo y sus socios más radicales alientan sin dudas esta nueva falacia a la que ha recurrido Aído.
Frente a todo ello, el informe elaborado por el Comité de asesores designado por el Gobierno plantea el aborto libre entre las 12 y 14 semanas, y hasta las 22 primeras semanas en caso "de grave peligro para la vida o la salud de la embarazada y de graves anomalías físicas o psíquicas en el feto". En este sentido, Aído insistía esta mañana en la falacia de hacer del aborto un ‘derecho' afirmando que "hasta un momento determinado, prevalece el derecho de la madre y a partir de cuando ese feto es viable, prevalece el derecho del no nacido". ¿Pero cómo no va a ser viable un feto de hasta 22 semanas, si todos pasamos por ello, como un periodo dentro de nuestro desarrollo? Desde luego, no es viable si se le ejecuta.
En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, la ministra insistía en su defensa de la reforma respecto a otro de los puntos más criticados, la posibilidad de que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres, afirmando que con ello se trata de "dotar de coherencia normativa" a la materia. Nueva falacia, desde luego no es coherente, por ejemplo, con nuestro Código Civil, lo que revela un nuevo desconocimiento de las leyes idéntico al que revelaba recientemente su adjunta Isabel Martínez: así, el artículo 46 del citado Código establece que "no pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados"; también observa que las menores casadas tienen severas limitaciones en su esfera de derechos, por ejemplo, a través del artículo 324, que establece que una menor de edad casada no puede vender bienes inmuebles de su propiedad sin el consentimiento de su marido (si es mayor de edad) o de sus padres.
Si aplicáramos la pretensión igualatoria de la Ministra, si la menor para vender propiedades necesita el consentimiento de sus padres o su marido, la menor de edad gestante que quisiera abortar tendría que solicitar la respectiva autorización a su marido o pareja (si éste no es menor de edad) o a sus padres." Precisamente en el año 2005 el Ministerio de Asuntos Sociales planteó, a través del Plan estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, incrementar la edad para poder contraer matrimonio, y ello por cuanto observó con preocupación un fuerte incremento de los matrimonios de menores de edad. Lo que no se puede pretender es aplicar diferentes patrones de medir según estemos ante intereses políticos distintos.
El aborto, equiparado a una operación de estética
En este punto, la ministra apela además a la "ley de autonomía del paciente" del año 2002, que permite a las menores de 16 ser intervenidas de cualquier operación quirúrgica, "desde una ligadura de trompas hasta una cirugía estética", sin consentimiento paterno. Añadió que el informe del grupo de expertos busca "quitar la excepción en la materia de interrupción voluntaria del embarazo". Con ello, el Gobierno trivializa además sobre el aborto y las graves secuelas psíquicas y físicas que tiene para la mujer, que desde luego no puede considerarse como una mera "operación de estética", aparte de que en los casos citados no se atenta contra un bien protegido por nuestras leyes, como es el no nacido.
Falacia tras falacia, la ministra prometía hoy que el Gobierno, a la hora de elaborar el anteproyecto de ley, buscará "consenso médico, jurídico y parlamentario". Ello cuando durante todos los trabajos de la Subcomisión se ha hecho oídos sordos a los crñiticos con la reforma o se ha nombrado un "comité de expertos" donde sólo han cabido reconocidos proabortistas.
En su línea, la ministra insistía en que con la reforma se trata de evitar el incremento de los embarazos no deseados. "Por eso queremos una ley responsable de interrupción del embarazo, que también aborde aspectos de salud sexual y reproductiva", expresó. Esto es, que se pretende frenar los abortos con más abortos.
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