Han hecho su trabajo y pueden volver a hacerlo, pero ahora toca respetar el derecho a votar sin interferencias
LA ley es la base del sistema democrático. No hay democracia sin normas como no la hay sin urnas, cuyo funcionamiento regulan precisamente las leyes. Cuando se formula un desafío de desobediencia explícita y se afirma que el régimen asambleario es más democrático que las elecciones, se está adoptando una actitud autoexcluyente del sistema. Es decir, antisistema. Ese concepto del que los componentes del colectivo de «indignados» han tratado de separarse es el que puede acabar determinando su actitud si persisten en boicotear el final de la campaña con un rechazo manifiesto de la legalidad que puede degenerar en algarada antidemocrática. La actitud hasta ahora irreprochable de los concentrados se vuelve una expresión de intolerancia al vulnerar a propósito las reglas y corre el riesgo de perder gran parte de las simpatías que ha despertado su protesta. Han hecho su trabajo y pueden volver a hacerlo pero ahora toca respetar el derecho de los demás ciudadanos a votar libremente, sin interferencias. También de los ciudadanos miembros de partidos políticos que gozan de la misma libertad para pedir y obtener el voto que la que los manifestantes tienen para negárselo.
El reto del movimiento contestatario ha sembrado de incógnitas la jornada del domingo. También la de hoy, en la que el Estado y el Gobierno que lo representa ha sido obligado a elegir entre dos males: permitir un incumplimiento masivo de la ley o forzar una situación indeseable e incontrolable. En ambos casos —peor sin duda la segunda opción— las elecciones tendrán que celebrarse en condiciones de cierta anormalidad, un fenómeno que se está convirtiendo en peligrosa costumbre. Muchos millones de españoles empiezan a sospechar que se limita su libertad de elección democrática, y ese ambiente de recelo enturbia el sistema tanto como los vicios políticos que con razón denuncian los convocantes de la rebelión civil.
La influencia que la oleada de descontento pueda tener en el resultado de la votación está asimismo por determinar. El carácter generalista y apolítico de la movilización contrasta con un programa de peticiones que coincide en gran medida con el de IU, formación que acude a las urnas coaligada de hecho con el PSOE. En todo caso se trata de una opción libre siempre que se encauce de acuerdo a las reglas del juego, pero abre dudas sobre el apartidismo de la queja, y tendría un solo damnificado principal que no es precisamente el que ahora mismo ostenta la responsabilidad de Gobierno. Si por el contrario, el escrutinio electoral no registra sorpresas significativas, los dos grandes partidos cometerían un grave error de no tomar nota de estos acontecimientos. Guste mucho, poco o regular, esta sacudida de frustración, hartazgo y crítica va a determinar parte del futuro político. Y el cartero de sus quejas va a seguir pasando por la puerta de las instituciones
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