Como sabrán ustedes, el Departamento de Estado ha elaborado un informe que concluye que el partido socialista, que gobierna en Cataluña y en Baleares, vulnera los derechos fundamentales de los castellanohablantes con eso que, de forma genérica, se llama la política lingüística. Zapatero ha negado la veracidad del contenido del informe mintiendo. Dice el presidente que de haber problemas, serían casos aislados; algo así como disputas entre la gente, como una discusión de tráfico. Eso precisamente es lo que no existe en Cataluña o, mejor dicho, existe en la misma medida que cualquier otra riña entre vecinos por el tamaño de la enredadera, por la guitarra eléctrica del niño del cuarto o por las cacas de los perros. En Cataluña los problemas por el uso de la lengua los crea la Administración, y no sólo no son casos aislados, sino actuaciones sistemáticas y programadas por los poderes públicos. Tanto es así, que periódicamente la Generalitat anuncia en rueda de prensa el número de comerciantes que han sido multados por el uso del castellano y cuánto se ha recaudado desde la rueda de prensa anterior. Pero la cuestión no es que Zapatero niegue eso, algo que sería comprensible por la naturaleza del personaje y porque le deja en muy mal lugar; Zapatero miente por un motivo esencial: está a favor. La prueba irrefutable es el estatuto de Cataluña, del que Zapatero es promotor y principal defensor, pero también lo es que cuando Francino le preguntó por las multas, el señor presidente dijo que estaba “más de acuerdo”.
El informe de los americanos –os recibimos con alegría, nunca mejor dicho-
no sólo deja en mal lugar a Zapatero,
sino que,
a dos meses de las elecciones en Cataluña,
señala a los que, como
Alicia Sánchez-Camacho,
en su momento,
se negaron a firmar el manifiesto
en defensa de la lengua común,
por considerar que
“no era necesario” en Cataluña.
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