De la Ley de Educación a la de la Vivienda
Éstas son algunas leyes aprobadas o en trámite al amparo del despliegue del Estatuto.
- Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, y Ley del Consejo de Garantías Estatutarias. De todas las leyes aprobadas desde 2006, estas dos son necesarias para desplegar preceptos del texto. La primera, aprobada en noviembre, regula el estatuto del presidente de la Generalitat y la organización del Gobierno. La segunda, aprobada en febrero, regula el consejo que evaluará si otras normas se adecuan al Estatuto. El Parlament discute ahora la elección de sus miembros.
- Ley del Síndic de Greuges. Aún en trámite. Regulará el estatuto personal del síndic, sus incompatibilidades y las atribuciones de la institución. El síndic goza de autonomía reglamentaria, funcional y presupuestaria, y es uno de los puntos del Estatuto sobre los que se pronunciará el Constitucional.
- Ley Electoral. El tripartito abrirá en otoño la ponencia para tramitar esta controvertida ley: Cataluña es la única autonomía sin ley electoral propia y la cuestión más polémica es la ponderación de la representatividad de los territorios. Necesita dos tercios de la Cámara para ser aprobada.
- Ley de Educación. Aprobada con el apoyo de CiU, el tripartito la considera la más importante de la legislatura. La ley busca aumentar la profesionalización de los docentes y directivos de los colegios. Tiene puntos de los que se desmarcó ICV, como el mantenimiento de los conciertos a escuelas que segregan a alumnos por sexo.
- Ley de Creación de la Agencia Tributaria. Aprobada en julio de 2007, esta agencia está creada para gestionar los impuestos recaudados en Cataluña, por medio de un consorcio con participación paritaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Agencia Tributaria de Cataluña. CiU denuncia que en el pacto de financiación ni siquiera se cita al organismo.
- Ley del Derecho a la Vivienda. Pionera en España y luego casi copiada por otras comunidades. Costó tres años aprobar esta ley por la dificultad de poner de acuerdo a promotores de vivienda pública y privada, bancos, ayuntamientos y vecinos. Prevé el alquiler forzoso de viviendas de núcleos urbanos que lleven más de dos años vacías y obliga a los promotores a ceder para equipamientos un porcentaje del suelo que edifiquen.
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