09:43 (05-05-2011) | 3
El Constitucional recibe más injerencias políticas. Tanto Supremo como Constitucional aspiran a tener la última palabra en cuestiones de Estado.
-
S. S. Madrid
Desde que iniciara su andadura allá por julio de 1890, el Tribunal Constitucional (TC) ha encadenado en estos 30 años diferentes y sonados enfrentamientos con el Supremo, en los que si bien, unas veces, presuntas invasiones competenciales, y otras, supuestas injerencias del Poder ejecutivo, estuvieron en medio del conflicto. En este tiempo no han sido pocos los conflictos en cuestiones relacionadas con la legalización o no de formaciones proetarras como Bildu, que podría beneficiarse del fuego amigo entre ambas instancias. Con una batalla de fondo por tener la última y determinante palabra en cuestiones de Estado, el TC y el TS mantuvieron una agria disputa en la excarcelación de la Mesa de Nacional de Herri Batasuna en 1999.
El máximo intérprete de la Carta Magna otorgó el amparo a 23 antiguos responsables de HB al entender que la pena impuesta por el TS a los batasunos, en aplicación del artículo 174 bis a de viejo Código Penal de 1973 (colaboración con banda armada), había sido excesiva para el hecho protagonizado por los recurrentes. Este consistió en la cesión a ETA por parte dicha formación del espacio electoral que le había sigo asignado para las televisiones públicas.
Aquel Constitucional, integrado entonces por una mayoría progresista de magistrados como la que existe en este momento, consideró que los proetarras no podían ser condenados a siete años de cárcel cada uno al ser tal pena excesiva para un precepto penal que se había convertido en cajón de sastre de infracciones muy diversas. Asimismo, el TC, con un perfil menos técnico que el Supremo en materia antiterrorista, asestó un serio varapalo al Alto Tribunal al abrir la puerta a la marca proetarra Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) para que concurriera a las europeas de 2009.
La Sala Segunda dictó una sentencia de la que fue ponente el magistradoEugeni Gay para enmendar la plana a la Sala del 61 al entender que lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no habían aportado suficientes elementos para anular la candidatura por ser instrumento de ETA. Con una argumentación similar a la que podría ofrecer ahora en relación a Bildu, el TC dijo que el apoyo a la violencia por parte de los miembros de II, más allá de una “ideología compartida” con quienes la usan, no había quedado probado.
El ‘caso Urbanor’
En otros ámbitos no vinculados directamente al terrorismo, también las discrepancias han ahondado esta histórica pugna. Todavía está en la retina de los jueces el amparo que concedió el TC a los Albertos hace tres años. En el marco del caso Urbanor, anuló la condena por estafa y falsedad documental que el Supremo había impuesto a los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina.
La sentencia señaló que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y corrigió el tratamiento de la prescripción de los delitos. El TS emitió hasta un comunicado para expresar su malestar por esta intromisión del órgano que presidía María Emilia Casas.
ESTO ES SENCILLAMENTE ¡INDECENTE! ¡ASQUEROSO! ¡REPUGNANTE! ¡INDIGNO! Y NO LEGAL, EN UNA NACIÓN, QUE ALARDEA DE SER DEMÓCRATA, EN RESUMIDAS CUENTAS Y EN EL LENGUAJE DE 40 MILLONES DE ESPAÑOLES, ESTO ES, ¡UNA PUTA MIERDAAAAAA!
Si esto va a seguir así, que los tribunales sean una extensión del brazo politico, antidemocrático por definición , me postulo para pedir Asilo Politico Urgentemente
Asi va España
No hay comentarios:
Publicar un comentario