El artículo 124 de la Constitución Española es claro al regular la figura del Ministerio Público. Sin embargo, desde el PP se viene denunciando hace tiempo el inusitado interés de la Fiscalía por actuar en comunidades autónomas gobernadas por los populares en detrimento de las lideradas por los socialistas, donde su actividad o bien brilla por su ausencia o parece llegar siempre tarde. «Mercasevilla» y el «EREgate» reabren el debate sobre una supuesta dejación de funciones cuando es el PSOE el que está en el punto de mira.
ANDALUCÍA
La declaración hace unos meses del ex director general de Empleo de la Junta Javier Guerrero sacó a la luz la existencia de un fondo de 647 millones de euros destinado a ayudar a empresas en apuros. Él mismo lo llamó «fondo de reptiles». Paralelamente se iban destapando los ERE irregulares en empresas de toda Andalucía con beneficiarios que nunca habían trabajado en la compañía o que desempeñaban puestos distintos a los que figuraban sobre el papel.
El testimonio de Guerrero se enmarcaba en la investigación de otro escándalo, el «caso Mercasevilla», que se destapó hace dos años y que desvelaba el intento de cobro de comisiones ilegales y la compra fraudulenta de terrenos. La iniciativa para investigar los hechos tuvo que partir del PP, pues la Fiscalía guardó durante siete meses en un cajón la grabación de dos empresarios que probaban ese intento de cobro de comisiones a cambio de favores. Por contra, lo que sí ha hecho rápidamente la Fiscalía ha sido adherirse a la recusación planteada por el PSOE contra la juez que investiga esta trama, Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al considerar que no es imparcial.
COMUNIDAD VALENCIANA
La Fiscalía de la Comunidad Valenciana se ha distinguido en los últimos años por perseguir con ahínco a varios de los principales referentes municipales del PP. El denominador común han sido largas y farragosas diligencias, periodos de alarmante inactividad con los dirigentes bajo sospecha, y archivos relámpago cuando las causas han llegado a los juzgados de Instrucción o al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En contraposición, las contadas denuncias que la Fiscalía ha investigado sobre cargos socialistas no han pasado de la práctica de algunas diligencias iniciales antes de proceder a archivos que, en algunos casos, incluso incluían reprimendas a los denunciantes. La sorprendente actitud del fiscal en el «caso Luna» ha despertado todo tipo de suspicacias en las filas populares. El Ministerio Público pidió el archivo de la causa por prevaricación contra el portavoz socialista en las Cortes Valencianas —denunciado por recibir supuestamente favores de un constructor en su etapa como alcalde—, y en la segunda causa, por revelación de secretos al exhibir un informe del «caso Gürtel» bajo secreto de sumario, la actuación del fiscal se ha asemejado más a la de un abogado defensor.
GALICIA
No hay precedentes en la memoria de los gallegos de actuación de oficio de la Fiscalía contra cargos públicos del PSOE o BNG ni instituciones gobernadas por los dos partidos ahora en la oposición en la comunidad autónoma. No ocurre lo mismo cuando se trata del PP, sobre todo desde la «operación Muralla», diseñada hace un lustro con abundante parafernalia mediática contra la Diputación Provincial de Lugo, que entonces dirigía el popular Cacharro Pardo. No tuvieron los fiscales la misma diligencia con el concurso eólico aprobado por el ala nacionalista del bipartito de Touriño después de una polémica en la que hasta el PSOE dijo detectar indicios de ilegalidad, ni en ninguno de los ayuntamientos de la costa lucense gobernados por el PSOE en los que se ha producido un incremento espectacular de la edificabilidad.
CANARIAS
Las reiteradas ausencias de la Fiscalía Anticorrupción en el conocido como «caso Granadilla» no han pasado desapercibidas para la Fiscalía General del Estado, que ha decidido abrir una investigación para esclarecer las causas de las constantes ausencias de la fiscal María Farnés en la causa abierta contra el ex alcalde socialista en el municipio tinerfeño, Jaime González Cejas, y otros siete ediles que integraban el anterior gobierno local, acusados de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.
Más diligente estuvo Anticorrupción con José Manuel Soria, líder canario del PP. En octubre de 2008, la Fiscalía solicitó al TSJ de Canarias que investigara al por entonces vicepresidente del Gobierno regional por cohecho y prevaricación. El caso fue archivado.
CATALUÑA
La Fiscalía de Cataluña lleva más de 30 años ejerciendo de azote de los nacionalistas. El expolio del Palau de la Música, que ha dado lugar a la apertura de una investigación sobre la supuesta financiación irregular de CDC, sólo es el último capítulo de una larga crónica judicial en la que los nacionalistas aparecen como principales sospechosos de numerosos casos de corrupción. Otro reciente es el «caso Pretoria», en el que están imputados Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, antiguos hombres de confianza de Jordi Pujol. El ex presidente catalán sufrió en primera persona el azote de la Fiscalía por «Banca catalana», por el que fue exculpado, no sin antes hablar de persecución.
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