ESCÁNDALOS DE NATURALEZA ECONÓMICA
Los escándalos de naturaleza económica empezaron a salpicar al Gobierno de Convergència i Unió (CiU) casi desde el mismo momento en que Jordi Pujol ganó sus primeras elecciones autonómicas el 20 de marzo de 1980 y, desde entonces, se ha producido una cascada de denuncias periodísticas y judiciales que han tenido como objetivo a los dirigentes de la federación nacionalista.
Más de una docena de casos.
Y es de ahí de donde procede la consideración general de que Cataluña es un oasis:
ninguno de los casos de corrupción política
que afectaron a los gobiernos de CiU
desgastaron lo suficiente a Pujol
como para que perdiera unas elecciones autonómicas.
De hecho, ganó las seis convocatorias a la presidencia de la Generalitat
a las que se presentó.
Siete consejeros de Pujol -
Lluís Prenafeta, que no tenía rango de consejero,
Josep Miró i Ardèvol,
Josep Maria Cullell,
Jaume Roma,
Macià Alavedra,
Xavier Alegre,
e Ignasi Farreres-
han tenido que dejar el Govern a causa de escándalos políticos, y uno,
el fallecido Jordi Planasdemunt,
que fue conseller de Economía entre 1982 y 1983,
ha sido condenado por los tribunales.
Sin embargo,
los delitos por los que se le condenó los cometió como director general del Instituto Catalán de Finanzas,
entre 1988 y 1991.
El ex consejero fue considerado
de lo que se conoció como el caso BFP,
una trama de pagarés falsos cuyo juez instructor fue
Lluís Pascual Estevill,
otro de los hombres de confianza de Pujol que ha acabado entre rejas.
Pero la coraza de Jordi Pujol para evitar que los escándalos le afectaran ha sido ejemplar. El ex president se vacunó contra las acusaciones de corrupción con el estallido del caso Banca Catalana. El banco, que había sido fundado por el propio Jordi Pujol con el apoyo de su familia en 1959, quebró de forma espectacular en 1982, cuando él llevaba apenas dos años como presidente de la Generalitat. El hundimiento de Banca Catalana no afectó electoralmente a Pujol que, el 29 de abril de 1984, iba a obtener una aplastante mayoría absoluta.
El 19 de mayo de 1984, la Fiscalía filtró que iba a presentar una querella contra 25 ex directivos de Banca Catalana por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena incluyeron a Pujol entre los 25 querellados, a pesar de que, seis meses antes, el presidente del Gobierno, Felipe González, había ofrecido garantías a Pujol de que no se vería incluido entre los querellados por los fiscales.
La escasa oportunidad política de la fecha elegida por los fiscales para la presentación de la querella permitió a Pujol presentarse como una víctima de la persecución de los socialistas, incapaces de digerir que habían sido nuevamente derrotados por él. El aparato de medios de comunicación de la Generalitat, construido por el secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta, se puso al servicio del president para identificar a Pujol con Cataluña.Cualquier ataque a Pujol era una agresión contra Cataluña. Finalmente sería exonerado en noviembre de 1986.
Pero la brecha abierta con los socialistas no se cerraría jamás.Pujol se sintió entonces legitimado para seguir utilizando los métodos, en el mejor de los casos heterodoxos, que había empleado durante la clandestinidad en la lucha antifranquista, a pesar de su condición de presidente de la Generalitat. Y lo iba a hacer recién archivadas las actuaciones contra él por el caso Banca Catalana.
Los escándalos de naturaleza económica empezaron a salpicar al Gobierno de Convergència i Unió (CiU) casi desde el mismo momento en que Jordi Pujol ganó sus primeras elecciones autonómicas el 20 de marzo de 1980 y, desde entonces, se ha producido una cascada de denuncias periodísticas y judiciales que han tenido como objetivo a los dirigentes de la federación nacionalista.
Más de una docena de casos.
Y es de ahí de donde procede la consideración general de que Cataluña es un oasis:
ninguno de los casos de corrupción política
que afectaron a los gobiernos de CiU
desgastaron lo suficiente a Pujol
como para que perdiera unas elecciones autonómicas.
De hecho, ganó las seis convocatorias a la presidencia de la Generalitat
a las que se presentó.
Siete consejeros de Pujol -
Lluís Prenafeta, que no tenía rango de consejero,
Josep Miró i Ardèvol,
Josep Maria Cullell,
Jaume Roma,
Macià Alavedra,
Xavier Alegre,
e Ignasi Farreres-
han tenido que dejar el Govern a causa de escándalos políticos, y uno,
el fallecido Jordi Planasdemunt,
que fue conseller de Economía entre 1982 y 1983,
ha sido condenado por los tribunales.
Sin embargo,
los delitos por los que se le condenó los cometió como director general del Instituto Catalán de Finanzas,
entre 1988 y 1991.
El ex consejero fue considerado
de lo que se conoció como el caso BFP,
una trama de pagarés falsos cuyo juez instructor fue
Lluís Pascual Estevill,
otro de los hombres de confianza de Pujol que ha acabado entre rejas.
Pero la coraza de Jordi Pujol para evitar que los escándalos le afectaran ha sido ejemplar. El ex president se vacunó contra las acusaciones de corrupción con el estallido del caso Banca Catalana. El banco, que había sido fundado por el propio Jordi Pujol con el apoyo de su familia en 1959, quebró de forma espectacular en 1982, cuando él llevaba apenas dos años como presidente de la Generalitat. El hundimiento de Banca Catalana no afectó electoralmente a Pujol que, el 29 de abril de 1984, iba a obtener una aplastante mayoría absoluta.
El 19 de mayo de 1984, la Fiscalía filtró que iba a presentar una querella contra 25 ex directivos de Banca Catalana por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena incluyeron a Pujol entre los 25 querellados, a pesar de que, seis meses antes, el presidente del Gobierno, Felipe González, había ofrecido garantías a Pujol de que no se vería incluido entre los querellados por los fiscales.
La escasa oportunidad política de la fecha elegida por los fiscales para la presentación de la querella permitió a Pujol presentarse como una víctima de la persecución de los socialistas, incapaces de digerir que habían sido nuevamente derrotados por él. El aparato de medios de comunicación de la Generalitat, construido por el secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta, se puso al servicio del president para identificar a Pujol con Cataluña.Cualquier ataque a Pujol era una agresión contra Cataluña. Finalmente sería exonerado en noviembre de 1986.
Pero la brecha abierta con los socialistas no se cerraría jamás.Pujol se sintió entonces legitimado para seguir utilizando los métodos, en el mejor de los casos heterodoxos, que había empleado durante la clandestinidad en la lucha antifranquista, a pesar de su condición de presidente de la Generalitat. Y lo iba a hacer recién archivadas las actuaciones contra él por el caso Banca Catalana.
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