LA FRIVOLIDAD DE MARAGALL Y EL ESTATUTO DEL 3%

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Editorial El Mundo 26 Febrero 2005

Tras demostrar el pasado jueves su incontinencia verbal al acusar a CiU de cobrar comisiones del 3% y retractarse de inmediato, el presidente de la Generalitat se dedicó ayer a hacer un ejercicio de equilibrista entre el papel de ofensor humillado y el de ofendido.

El primero lo representó ante el anteriormente acusado, Artur Mas, a quien trató de apaciguar para que el líder de CiU no se querellara, un objetivo que finalmente no logró por no añadir a su intento una disculpa pública y contundente.

Pero Maragall también quiso formar parte de los ofendidos, y a modo de rabieta le espetó a Piqué que sus relaciones están «rotas para siempre».

¿El motivo? Que el líder del PP catalán ha pedido la dimisión sí o sí del president, con una lógica impecable, y es que si la acusación de corrupción no es cierta, Maragall es un «irresponsable» por «mentir», y si lo es, Maragall habría actuado de «encubridor» de un delito de corrupción y estaría ahora cediendo al «chantaje político» de Mas con el fin de continuar la elaboración del nuevo Estatuto.

Lo más perverso de todo este episodio es precisamente el haber establecido esta vinculación directa entre un presunto caso de corrupción y el proceso de aprobación del Estatuto. Independientemente de que las acusaciones de Maragall fueran el eco de un «rumor que es un clamor latente», como dijo ayer el consejero Nadal, o el resultado de una investigación del PSC, lo cierto es que los cargos se han retirado no porque Mas negara de forma convincente su veracidad, sino porque los vinculó a una paralización del Estatuto.

Y lo más sorprendente es que lo más granado del establishment político y periodístico catalán parece asumir que la llamada construcción nacional bien merece dejar de lado la corrupción generalizada de los constructores de esa nación.

Es una macabra aplicación de la lógica maquiavélica que ya fue utilizada para justificar los GAL, con la no banal diferencia de que al menos entonces el deleznable utilitarismo de los medios estaba dirigido a solucionar un problema tan real como el terrorismo etarra.

En el caso catalán, en cambio, a lo que nos enfrentamos es simplemente a un grupo de políticos dispuesto a explotar los mitos territoriales no ya sólo para conseguir más cotas de poder, fin discutible pero legítimo, sino para su enriquecimiento personal por medios ilícitos.

Ante panorama tan sombrío, no puede estar más justificada la decisión de la Fiscalía de investigar el presunto cobro de comisiones sin tener en cuenta la rectificación de Maragall.

Si los anteriores o los actuales dirigentes de Cataluña no se mostraran inclinados a colaborar (no hay que olvidar que el PSC tiene en su Ejecutiva como encargado de Formación nada menos que a un condenado por Filesa), queda la esperanza de que algún ciudadano aporte pruebas que esclarezcan el clamoroso «rumor».

En el terreno político, no es nada probable que Maragall siga el consejo de Piqué, pero hay alguien más que debería extraer consecuencias del espectáculo dado por su correligionario catalán.

¿Seguirá Zapatero dispuesto a apoyar ciegamente el Estatuto que salga del Parlamento de Cataluña o le aplicará al menos una rebaja del 3%?