¿Quién defiende a España?
DIC03
El texto que se puede leer a continuación es un extracto de mi conferencia del 3 de diciembre en el Nueva Economía Fórum.
La conferencia completa puede leerse aquí
Quiero utilizar la oportunidad que se me brinda en este foro para hacer una reflexión sobre la baja calidad y la debilidad de nuestra democracia y sobre lo que hay que hacer desde las instituciones políticas y desde la ciudadanía para superar esta situación. Y en este momento en el que se cumple el 35º aniversario de nuestra Constitución y el sexto del nacimiento de UPyD, quiero renovar nuestro compromiso de regenerar la democracia y defender la libertad y la igualdad.
La pregunta que da título a esta conferencia sería pura retórica en cualquier país de nuestro entorno. Cualquier francés, por ejemplo, miraría extrañado a un político -lo mismo da que fuera de izquierdas, de derechas, de centro…- que se hiciera en alto esa pregunta, máxime con la intención de poner de manifiesto las debilidades del sistema. Pero España es diferente. De entrada aquí resulta necesario comenzar por explicar lo que significa defender a España, no vaya a ser que alguien piense que estamos hablando de defender un mapa. Empecemos pues por lo obvio: para nosotros defender España no es otra cosa que defender la España constitucional, la que nos hizo ciudadanos a quienes éramos súbditos, la que proclamó el derecho a la igualdad, a la justicia y a la libertad. En concreto, defender a España significa defender aquellos artículos de la Constitución del 78 que proclaman esos derechos que son innegociables en cualquier constitución democrática del mundo. (…)
Defender a España es denunciar el atraco a la democracia que ha supuesto el reparto impúdico entre los partidos políticos del máximo órgano de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial. Un país en el que se incumple un precepto constitucional básico -todos los ciudadanos son iguales ante la ley y todos los ciudadanos tienen derecho a un juez independiente- es un país en el que no existe democracia. Y esa es la desgraciada realidad de España: que los partidos políticos viejos, el establishment formado por PP, PSOE, IU, PNV y CIU, han pervertido el sistema hasta el extremo de llegar a considerar que los votos que los ciudadanos emiten para elegir a sus representantes en las Cortes Generales les dan derecho a tener vocales en el Consejo General del Poder Judicial. La consecuencia de esta aberración es que queda garantizado que, en la práctica, no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley; ya se encargan entre ellos de que se cierre el círculo de la impunidad: primero se generaliza el aforamiento (todos los cargos electos están a salvo de que les juzgue el juez de primera instancia, el juez ordinario); después se reparten los vocales del órgano que nombra a los jueces del Supremo o del Superior de Justicia, tribunales encargados de juzgarlos en un supuesto de corrupción; después, si eso falla, apelan al Fiscal para que haga de abogado de la defensa (por aquello de que también le han nombrado ellos mismos); y, en última instancia, siempre les queda el indulto, que en el sistema español consagra no sólo la discrecionalidad sino la arbitrariedad. Por eso, en este momento defender concretamente a España es garantizar la separación de poderes y denunciar -política y penalmente- a quienes protegen la impunidad de los usurpadores y de los delincuentes.
Si convenimos que estas anomalías que he señalado son déficits propios de nuestro país y no tienen parangón con ninguna de las democracias de nuestro entorno, la inevitable pregunta es cómo hemos llegado a esto, “en qué momento se jodió el Perú”, tal y como se preguntaba consternado Santiago Zabala, el protagonista de “Conversación en la Catedral”, la genial novela de nuestro amigo Mario Vargas Llosa. En qué momento empezó a “estropeársenos” una transición modélica como fue la española, y hasta cuándo vamos a consentir que continúe la deriva, sería pues la segunda parte de esta reflexión.
Ciertamente los constituyentes hicieron lo que pudieron en el momento político que les tocó vivir; pero hoy sabemos que dejar abiertos tantos aspectos de la Carta Magna, en un país con tan poco cultura e historia democrática, ha tenido graves consecuencias. La escasa vertebración política de nuestro país y la inmadurez de nuestra democracia explican que durante los treinta y cinco años de vida de la Constitución hayamos sido incapaces de explicar e interiorizar las razones para mantener y fortalecer un proyecto de vida en común. Durante la época más larga de democracia que hemos vivido en España hemos hecho leyes homologables con las de las democracias más avanzadas de nuestro entorno; nos hemos incorporado con éxito a Europa, el club de la democracia por excelencia; hemos alcanzado la consideración de nuestros socios europeos -al menos durante bastante tiempo- hasta el extremo que llegaron a calificarnos como e“los prusianos del sur”; fuimos la referencia de los países de América Latina que querían avanzar y consolidar su democracia… Pero mientras eso ocurría fuera de nuestras fronteras, hemos sido incapaces de compartir con las nuevas generaciones de españoles una regla democrática básica: que no existe proyecto político más digno que la defensa de una integración social basada en compartir los mismos derechos al margen de la parte de la nación en la que se viva o se haya nacido, al margen de la etnia, de la religión, de la tradición cultural… En España se ha instalado la idea de que lo particular es más importante que lo común, que la diversidad (cultural, ideológica, identitaria, lingüística) es más “progresista” que la igualdad efectiva de derechos de todos los ciudadanos. Por eso en el discurso político lo cotidiano es escuchar a quien habla en nombre de los gallegos, los vascos, los canarios, los andaluces… mientras apenas nadie habla en nombre de los españoles. La consecuencia de esa ausencia de pedagogía democrática es que España no tiene hoy españoles que la defiendan. (…)
Defender la España democrática, la única que nos interesa, es estar a favor de España, explicando a los ciudadanos las razones para mantener y fortalecer un proyecto de vida en común. Lamentablemente no vemos que ninguno de los dos partidos que han ejercido el poder en España, ni el que gobierna ni el primero de la oposición, estén dispuestos a dar esa batalla. El uno por debilidad o connivencia parcial con el nacionalismo secesionista y el otro por pereza o cobardía, lo cierto es que el único discurso que penetra en la sociedad española es el de quienes defienden la ruptura. Es por eso por lo que en nuestro partido tomamos hace unos meses la decisión de reunir a una serie de personas que desde distintas ópticas -histórica, política, psicológica, jurídica, económica, cultural- reflexionaran sobre las ventajas de mantenernos unidos. De esa reflexión colectiva surgió un libro, “A favor de España” , que ofrece argumentos y alternativas en este panorama político huérfano de ideas y plagado de sectarismo y de consignas. Como señala Carlos Martínez Gorriarán en el prefacio de la citada publicación, los autores tienen sus propias ideas sobre otras muchas cuestiones; pero todos coinciden en que “la ruptura de España sería un desastre para todos nosotros, los ciudadanos españoles, y no sólo para los separatistas partidarios de la secesión, sumergidos en un sueño narcótico que da la espalda a la realidad y desprecia la razón democrática”. (…)
No debemos afrontar esta cuestión como si fuera un debate abstracto o teórico, porque lo que está ocurriendo en nuestro país tiene consecuencias en la vida de los ciudadanos. En esta España que se debilita quien más riesgos asume son las clases sociales más débiles, las más desfavorecidas, los ciudadanos que más necesitan de la protección del Estado. Es la gente más sencilla la que necesita un Estado que le garantice el ejercicio efectivo de sus derechos en condiciones de igualdad; o el derecho a acceder a una plaza en la Administración dentro del territorio nacional en igualdad de condiciones con cualquiera de sus conciudadanos. No hace falta que explique que quienes tienen recursos económicos no sufren las consecuencias de las barreras que imponen el nacionalismo excluyente a los ciudadanos que exigen que se respete el derecho a que sus hijos sean educados en su lengua materna. Por eso, la inacción de los poderes del Estado es, además de suicida para nuestro futuro como país, brutalmente injusta para los ciudadanos. (…)
Hoy nadie se atreve a negar que la gravedad de la crisis española reside en el hecho de que no es sólo económica, sino que ha sido y es fundamentalmente política. La realidad se nos ha caído encima, pero algunos habíamos hecho el diagnóstico desde antes de que estallara la crisis económica:
“Unos servicios [públicos] que han de tener calidad y deben gestionarse con eficiencia, evitando derroches en los recursos, (…) adoptándose las fórmulas que mejor respondan a los objetivos de atención a todos los ciudadanos y que, en todo caso, estarán sujetas a la supervisión del Estado. Los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de acceso a esos servicios y un mismo tratamiento en ellos, con independencia del lugar en el que residan, para lo que hay que asegurar una equitativa financiación pública, eliminándose los privilegios que hoy día otorgan los sistemas de Concierto en el País Vasco y Navarra, y los que se pretenden imponer a través de las reformas de los Estatutos de Autonomía”.
Este es un párrafo de nuestro Manifiesto Fundacional, presentado a los españoles en setiembre de 2007. En coherencia con ese Manifiesto, venimos defendiendo desde nuestro Primer Congreso la necesidad de refundar el Estado, reformando la Constitución y definiendo en ella un Estado federal cooperativo, con una amplia descentralización política, ordenada y definida, que establezca con claridad las competencias exclusivas del Estado, las de las CCAA y las de la Administración Local. Un Estado federal con un sistema de financiación racional, que elimine los conciertos fiscales vasco y navarro. Un Estado federal en el que el Gobierno federal recupere las competencias precisas para que quien proclame derechos básicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales tenga los instrumentos para hacerlos efectivos en condiciones de igualdad a todos los españoles. (…)
Decía hace un momento que la palabra “patriota” está muy mal vista en nuestro país; vamos, salvo que seas patriota vasco, o catalán, o gallego… Pero, a mi juicio, ser patriota español no es otra cosa que defender los valores comunes, la lealtad entre conciudadanos… en definitiva, la Constitución. El patriotismo, como la democracia, incluye a todos los que quieren defender sus valores, no excluye a nadie, no obliga a elegir, no necesita enemigos.
Es por eso que quiero finalizar como empecé, haciendo un llamamiento a defender a España. Frente a quienes quieren construir una “patria” pequeña rompiendo la lealtad entre conciudadanos españoles, frente a quienes quieren privarnos del derecho decidir nuestro futuro entre todos y de legarles a nuestros hijos un país fuerte y unido, desde UPyD defendemos la unidad para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, unidos por vínculos de solidaridad y propietarios de todo el país.
En los seis años de vida de nuestro partido hemos explicado muchas veces que nacimos para defender el Estado, aportando a la vertebración del país el discurso y el compromiso de un partido inequívocamente nacional y laico, ni dogmático ni fundamentalista, que defiende el protagonismo de la ciudadanía en la tarea de regenerar la democracia. También he explicado más de una vez nuestra vocación de reconstruir esa tercera España que tan bien representaron un liberal como Marañón y un socialista como Besteiro, hombres cabales ambos, españoles sin complejos. Hoy, resquebrajados los vínculos entre conciudadanos, debilitado el estado por el silencio cobarde o cómplice de quienes debieran defender lo que nos une, creemos que construir esa tercera España resulta más necesario que nunca. Defender esa tercera España, que es la de la mayoría de los ciudadanos, es nuestra vocación y el compromiso que ha sido refrendado en nuestro Segundo Congreso Nacional.
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