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Trama en Interior
La Consejería del Interior de la Comunidad de Madrid, presidida por Francisco Granados, cuenta con su propio servicio de espionaje, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del ejecutivo regional. Se trata de un equipo dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña -fichado por Granados en julio pasado como asesor para temas de seguridad- y en el que se integran al menos tres ex guardias civiles. Peña ha confirmado a EL PAÍS que su trabajo consiste en realizar informes reservados cuyos resultados sólo conoce, supuestamente, el consejero Granados.
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El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, espiado
El segundo de la presidenta Esperanza Aguirre, Ignacio González, ha sido espiado. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha sido objeto de seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses. González fue espiado, por ejemplo, durante un desplazamiento oficial a Cartagena de Indias (Colombia) a finales de agosto de 2008. Altos cargos de la Comunidad de Madrid aseguran que están "muy preocupados" porque los documentos y las imágenes que se incluyen en los informes resultado del espionaje han precisado de "la complicidad" de personal vinculado a la seguridad de la comunidad. González ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia pidiendo que se investigue el espionaje del que supuestamente fue objeto. González sospecha que sus responsables pueden estar "muy cerca" de él.
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El vicealcalde de Gallardón, también
También Manuel Cobo, vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y otros altos cargos del PP, supuestamente rivales de Aguirre, son espiados por lo ex guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid. Esto ocurre en abril de 2008, cuando el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón apoya de manera entusiasta a Mariano Rajoy para que continúe al frente del partido tras perder las últimas elecciones. Cobo ha dado instruciones a los Servicios Jurídicos del ayuntamiento para presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Cobo ha confirmado que los datos publicados por EL PAÍS "son exactos". Ha declarado que el seguimiento a su persona realizado por personas no pertenecientes en este momento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es "absolutamente ilegal". Y ha dicho: "Quiero saber quién lo hizo, quién lo encargó y con qué fines".
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El Gobierno regional interpone una denuncia
La presidenta, Esperanza Aguirre, ha negado hasta el momento cualquier relación del Ejecutivo Regional con los casos de espionaje. La Comunidad ha interpuesto una denuncia ante los tribunales para que se investigue el espionaje al vicepresidente regional, Ignacio González. Aguirre ha dicho que la denuncia "no va dirigida contra nadie" y ha declarado que su Ejecutivo no tiene nada que ver con la trama de espionaje, y que si es cierto que se han elaborado informes, "se está delinquiendo".
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La oposición pide explicaciones
José Antonio Alonso, portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, ha pedido "una explicación exhaustiva de manera inmediata". La portavoz del Partido Socialista de Madrid, Maru Menéndez, ha solicitado la intervención urgente de la Fiscalía y la comparecencia de Granados en la Cámara. Además, se ha mostrado convencida de que Ignacio González no habría sido el único gobernante espiado y de que este asunto está relacionado con la "fractura interna" del PP. Inés Sabanés, portavoz de IU, ha afirmado que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre está en una situación de "excepcionalidad", en la que "todos están contra todos".
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La postura del PP
La portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido tajante al pedir a la Policía y a la Fiscalía que "investiguen hasta el final, por supuesto". Sin embargo, el líder del PP, Mariano Rajoy, no cree necesario iniciar una investigación interna, porque la Comunidad de Madrid y el PP regional "nos han dicho, en público y privado, que ellos no se dedican a ninguna suerte de actividades de ese tipo" y, por tanto, no considera oportuno investigar "lo que se publica en cualquier parte". Cuatro días después de desvelada la trama, Rajoy cambia de postura. El PP hace público un comunicado en el que advierte que de confirmarse los casos, serían unos "hechos gravísimos" y "unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen", que darían lugar a responsabilidades en el ámbito de la Justicia, a la que ha pedido que actúe de manera inmediata. Rajoy, según la nota, ha dado instrucciones a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para que recabe toda la información sobre el caso con el fin de aclarar lo ocurrido hasta los últimos extremos y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes.
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La fiscalía no ve delito en un principio, pero luego decide investigar
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, adelanta que él no ve delito: "Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje que es un personaje público, porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y eso, así, sin más, no es ningún tipo de delito [...] a menos que se vulneren derechos fundamentales como el derecho a la propia imagen o se intercepten sus comunicaciones". Sin embargo, decide abrir una investigación después de recibir las denuncias presentadas por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por los presuntos seguimientos de que han sido objeto y de los que ha dado cuenta este diario. El organismo ha citado a Francisco Mercado, periodista de EL PAÍS y autor de las informaciones, en calidad de testigo. Además, ha reclamado a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que remita "cuanta información" tenga en relación a los seguimientos. También pide al departamento que dirige Francisco Granados que informe si existe algún tipo de relación entre Marcos Peña -ex policía nacional fichado por en junio de 2008 como asesor de seguridad- y su consejería o algún otro órgano de la Comunidad de Madrid.
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Quiénes son los espías y qué hacen
Se trata de un equipo dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña -fichado por Granados en julio pasado como asesor para temas de seguridad- y en el que se integran al menos tres ex guardias civiles. Granados ha asegurado que unos 15 funcionarios reportan a Peña, pero éste mantiene que sólo cuenta con tres ex guardias civiles. El equipo lleva a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes o dossiers sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos o Coslada, e incluso en municipios gobernados por dirigentes del PP, según informó Peña a EL PAÍS. Cuando el escándalo sale a la luz, Peña desmiente sus declaraciones anteriores al afirmar que en ningún caso ha espiado a políticos ni ha participado en la elaboración de dossiers sobre tramas de corrupción relacionadas con ayuntamientos socialistas. Siete días después de que EL PAÍS airease la trama, se ha sabido que Marcos Peña, el ex policía que fichó Granados, urdió un bulo contra el Gobierno de Zapatero en mayo de 2006. La información falsa apareció entre mayo y junio de 2006 en el diario El Mundo, y se refería a un supuesto trato de favor en el escándalo del fraude de Afinsa que involucraba a un alto cargo de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno. Éste alto cargo, Jorge Blázquez, denunció el bulo, y el juez acreditó que las informaciones eran falsas. Apenas seis meses después de la sentencia, el Gobierno de Esperanza Aguirre fichó a Peña como asesor de la Comunidad de Madrid.
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Voces discordantes
Al margen de la portura adoptada por su partido se ha colicado la presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez. Hasta ahora, el PP no ha pasado de decir que, de confirmarse, sería grave, al tiempo que exculpa al Gobierno regional. Sin embargo, Rodríguez ha declarado que, si se demuestra que Francisco Granados "ha hecho lo que no debía", Aguirre "lo que tiene que hacer es cesarlo". "A veces somos demasiado eufemistas, pero si uno hace lo que no debe, lo que tiene que hacer el que tiene potestad para ello es cesarlo; no debe uno dimitir, que parece que es más digno", ha afirmado la presidenta. Rodríguez rectificó posteriormente, y declaró que no se refería a Granados en concreto sino a "cuáles deben ser las consecuencias que han de seguir a hipotéticas actuaciones irregulares de gestores públicos".
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Francisco Granados lo niega todo
Francisco Granados, en un acto conjunto con Ignacio González, se ha desvinculado de la trama. "El Gobierno de la comunidad niega con absoluta rotundidad que haya llevado a cabo encargos de espionaje, seguimiento o informes sobre nadie", ha subrayado, para desmentir a renglón seguido que exista "ninguna organización de espionaje montada por la Comunidad de Madrid para este tipo de situaciones". Granados comparecerá a petición propia y de forma "urgente" en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones, aunque todavía no hay fecha.
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Gallardón matiza sus declaraciones
El alcalde de Madrid, Albert-Ruiz Gallardón, desliza una velada acusación a Granados en el programa de TVE 59 segundos el miércoles (tres días después de que la trama salga a la luz), al declarar: "Si los segumientos están hechos por estas personas, es un delito", y luego insistir en que la justicia debe aclarar los hechos, y que después será hora de "depurar responsabilidades". Al día siguiente, jueves, Gallardón matiza sus declaraciones. Dice que no atribuirá responsabilidades hasta escuchar las explicaciones que dé Granados ante la Asamblea regional. "Sabemos que las personas estaban adscritas a una unidad de la comunidad pero no sabemos si lo hicieron siguiendo instrucciones, a quién dieron esa información o si lo hicieron en connivencia con otros. Lo que tenemos es ganas de saber", precisa. A su juicio, de la lectura de los informes "solamente se puede llegar a dos conclusiones: una que fueran falsos, pero si son auténticos, los propios autores de los informes "se declaran pertenecientes a una unidad de investigación de la comunidad".
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El Gobierno de Aguirre sopesó crear un 'CNI' legal al sentirse espiado
El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. Existía una creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad estaban siendo espiados desde dentro. El Proyecto, que recibió el nombre de SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos) respondía, según el borrador que tiene Ignacio González en su poder, a "una necesidad específica de Seguridad e Inteligencia emergente en el Estados de las Autonomías"
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Alfredo Prada, ex consejero de Aguirre, espiado: "Indignación es un calificativo muy suave"
Alfredo Prada, ex consejero de Justicia y único miembro del Gobierno de Esperanza Aguirre que había manifestado públicamente su apoyo a Mariano Rajoy en plena guerra interna del PP por el poder, también fue objeto de espionaje. Tras más de tres meses de seguimiento de los espías y tras confirmar Rajoy su liderazgo en el congreso del partido, Aguirre destituyó a Prada, el 25 de junio de 2008. Prada, actual responsable de Política Exterior del PP, ha entregado en la Fiscalía General del Estado el escrito en el que pide que se investigue el espionaje del que presuntamente ha sido objeto. El ex consejero ha mostrado su malestar de forma contundente: "Esa investigación llega a alcanzar a tu mujer, a tus hijos...Indignación es un calificativo muy suave".
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González y Granados comparecen juntos y amenazan con denunciar a quienes acusen 'sin pruebas fehacientes'
El consejero de Interior, Francisco Granados, e Ignacio González, uno de los investigados, comparecen juntos para negar que el espionaje provenga de la Comunidad de Madrid y amenazan con denunciar a quienes acusen "sin pruebas fehacientes". González había presentado una denuncia ante la Fiscalía y, al enterarse de la trama, había declarado que las grabaciones y seguimientos sólo los podía haber hecho alguien que estuviera "muy cerca" de él. Sin embargo, en su comparecencia con Granados el jueves 22, ambos sostienen que la trama de espionaje en el Gobierno de Aguirre es "una gran mentira".
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González Pons sugiere la complicidad del Ministerio del Interior
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, sugiere que el espionaje no puede llevarse a cabo sin la "connivencia" del Ministerio del Interior. La respuesta del máximo responsable de esa cartera, Alfredo Pérez Rubalcaba, es rotunda. Rubalcaba tilda de "infamia" el intento de vincular a su departamento con la trama de espionaje y asegura que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no se dedican a espiar a la gente". El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pide al PP que asuma responsabilidades en la trama y declara que en el PP "saben muy bien a quién deben mirar".
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Los espías requisaron un 'dossier' sobre Granados y su esposa
Un dossier con información supuestamente comprometedora para el consejero de Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, circulaba por dependencias de la Comunidad, según altos cargos del Gobierno regional. Granados nunca ha tenido conocimiento de que existiera ese informe sobre su patrimonia, según fuentes próximas al consejero. El dossier se encontraba en el despacho de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza de Alfredo Prada. El 27 de junio de 2008, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, y cuatro de sus colaboradores, aprovecharon la ausencia de Fernández para entrar en su despacho y requisar documentos.
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Tres aparatos paralelos de espionaje para la misma Consejería
El departamento de Seguridad de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid tiene tres cabezas. Un director general, Enrique Barón (ex jefe superior de Policía de Madrid); un director del área de Seguridad, Sergio Gamón (ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre y ex director general de Seguridad), y un asesor de Seguridad, Marcos Peña (ex jefe de Seguridad de Iberdrola y fabricante de dossiers, uno de ellos para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con información falsa, según una sentencia judicial de enero pasado). Pese a este organigrama, no hay ninguna dependencia jerárquica entre Barón, Gamón y Peña. Los dos últimos no responden ante el que debería ser su jefe natural, Enrique Barón. Esta insólita estructura obedece a la desconfianza instalada entre los distintos consejeros del Gobierno regional.
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El espionaje alcanza al 'número dos' de González, Ildefonso de Miguel
Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II, también ha sido objeto de espionaje. El documento que prueba el espionaje al gerente del Canal de Isabel II y hombre de confianza del vicepresidente regional, Ignacio González, consta de 32 páginas que se centran tanto en la supuesta fortuna del hombre de confianza de González como en detalles de su vida privada: entre ellos los domicilios que los presuntos espías creen que ha ocupado e incluso las propiedades que están a nombre de su esposa.
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