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Carlos Fabra ha vuelto a hacer gala de su peculiar visión de la Justicia al afirmar que el sobreseimiento de un delito por prescripción equivale a la absolución dictada por un juez. El presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial aplicó esta doctrina a su propio caso, después de que la Audiencia Provincial, en un auto conocido el lunes, declarara prescritas cuatro de las siete imputaciones que recaían sobre él. "Me han archivado y eso equivale a la absolución, ¿y por qué?", se preguntó a sí mismo ayer, en una triunfal rueda de prensa, para a continuación aportar un argumento que no puede ser más contundente: "Pues porque no me van a poder juzgar de nada".
El hecho es que, de momento, y si el recurso al Tribunal Supremo que la fiscalía ya ha anunciado no cambia las cosas, entre retrasos y olvidos, y entre los continuos cambios que ha sufrido el caso en el juzgado de Nules (ocho jueces y cuatro fiscales), Fabra se ha librado de cuatro imputaciones. Una circunstancia por la que ayer mostró su alegría: "Tanto el juzgado de Nules, con sus diferentes pasos de juez, como la fiscalía, no han hecho los deberes como deberían y han dejado pasar un tiempo para que esto prescribiera, y ha prescrito", se jactó.
Califica su proceso penal de "sainete" mediático diseñado por Anticorrupción
En en este sentido, el líder del PP de Castellón señaló que durante todo este tiempo ha sufrido "una persecución política y fiscal por encima de lo que una persona humana podría soportar", de la que culpó, como también viene siendo habitual, a sus adversarios políticos y a los medios de comunicación críticos con su gestión. "Lo que pasa es que algunos miembros de la oposición y algunos medios han montado un sainete sobre lo que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción y sus peritos", dijo.
Fabra mostró su "satisfacción" por el aligeramiento de su lista de imputaciones. Desde hace siete años, el político está inmerso en una investigación por cohecho, tráfico de influencias y cinco delitos fiscales (uno por cada año desde 1999 a 2003). El auto de la Audiencia declaró prescritos cuatro de los cinco últimos. El argumento del tribunal es que, si bien el fraude fiscal fue investigado y reflejado en un informe judicial por orden de la propia Audiencia, sólo hubo una denuncia formal en la presunta evasión fiscal, la correspondiente al ejercicio de 1999. Pero nadie, ni la Agencia Tributaria ni el juez instructor, formuló un "acto de interposición judicial", es decir, una comunicación oficial de la imputación que asegurara el derecho a la defensa del imputado.
La Audiencia culpa a los peritos que investigaron al presidente provincial de tardar demasiado en hacer su trabajo. Durante cuatro años, repasaron las cuentas de Fabra y su ex esposa, para llegar a la conclusión de que, en el periodo que va desde 1999 y 2004, tuvieron más de tres millones y medio de euros en ingresos no declarados. Pero, para cuando terminaron su investigación, a mediados de este año, los delitos, según la Audiencia, ya habían prescrito. Al tribunal no le vale la justificación del juez instructor, que afirma que basta con la autorización del inicio de la investigación para que el imputado se dé por enterado.
Reclama dinero a Hacienda
Añade que es Hacienda, la que le adeuda "alguna peseta"
En su comparecencia, el dirigente conservador hizo incluso reproches directos a periodistas presentes en la sala y se resistió a contestar a sus preguntas: "Yo donde tenía que dar las explicaciones, ya las he dado, en el juzgado", afirmó. El político conservador se mostró animado respecto a las imputaciones que le quedan y aseguró que en su declaración de la renta de 1999 "no existe ningún delito". En ese sentido, detalló que ha elaborado una "hoja de cálculo" con sus movimientos bancarios de cada día y cada banco para así justificar que no sólo no le debe nada a Hacienda, sino que "en principio", cree que le "tendría que devolver alguna peseta".
Fabra se lamentó de que ninguno de los líderes de la oposición le haya llamado para pedirle perdón después del auto del lunes, y que tampoco lo hicieran cuando fue absuelto de otro delito por el que fue investigado, el referido a falsificación de documentos. Además, el dirigente pretendió equiparar su caso al de Ángel Luna, portavoz socialista en les Corts, que después de meses pidiendo explicaciones al PP por el caso Gürtel, fue súbitamente acusado por los conservadores por un presunto cohecho por haber permitido que un constructor le pagara una reforma de 4.000 euros en su casa hace 13 años. El juez archivó la querella porque, en el caso de que hubiera habido delito, ya habría prescrito. "Si [la prescripción] vale para el señor Luna, digo yo que también valdrá para el señor Fabra, ¿no?", señaló el líder del PP castellonense.
El PP avala su candidatura
El dirigente conservador, entre aplausos de varios representantes del PP provincial, apeló a sus resultados en las elecciones para demostrar que la ciudadanía le apoya y que no da crédito a las sospechas de corrupción que pesan sobre él: "Llevo 16 años de presidente de la Diputación por mayoría absoluta y al término de la legislatura tendremos uno o dos diputados más, superaremos el 54 %", pronosticó.
Arenas sostiene que no habría obstáculos para que repitiera como candidato
La prescripción de cuatro de las siete imputaciones que pesan sobre Fabra animó al responsable de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, a proclamar que su partido no ve ningún "inconveniente" para que repita como candidato en Castellón. "Yo me alegro personalmente", reaccionó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Mientras, el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll -imputado en el caso Brugal por cohecho y fraude fiscal, entre otros delitos- instó "a los que han atacado a Fabra" a "pedir perdón y a disculparse" por la "persecución" a la que, a su juicio, someten a Fabra.
Desde el PSOE, la portavoz del comité electoral, Elena Valenciano, recordó que el presidente de la Diputación de Castellón sigue imputado por "gravísimos delitos" como fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias, "los más graves a los que se puede enfrentar un servidor público". "El PP siempre encuentra razones para defender a Fabra que deberían conocer los ciudadanos de Castellón", denunció Valenciano. El coordinador federal de IU, Cayo Lara, calificó de "frustrante para la democracia la lentitud de la Justicia" en el caso Fabra.
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