La inspección de Trabajo no quería investigar una denuncia relativa a la contratación irregular que Julián Martínez, novio de la exministra Aído, hizo de unos buzos para una prospección arqueológica
El actual delegado del Gobierno Andaluz en Madrid y novio de la ex ministra Bibiana Aído, Julián Martínez, sólo fue investigado por la contratación irregular de unos buzos para una prospección arqueológica en Almería, a instancias del Defensor del Pueblo, ya que la Inspección de Trabajo en esta provincia se negaba a hacerlo.
Los hechos sucedieron cuando Martínez fue encargado de dirigir la prospección que se realizó en Playa Galera en 1989 en relación al descubrimiento de una galeota que realizó José Santos Urquiza Cabo. Para ese trabajo encargado por la Junta de Andalucía, para el que propio Martínez reconoce que recibió dos subvenciones de la administración autonómica, una de 1.640.000 pesetas y otra de 4.739.500 pesetas.
Martínez fue denunciado en 1990 ante la Inspección de Trabajo por no tener contratados legalmente a los cinco buzos que participaron en los trabajos, pero ésta se negó a investigar el asunto de un modo bastante peculiar. En vez de abrir un expediente y estudiar lo expuesto, el jefe de la Inspección, Valentín Solís, respondió que la denuncia debía ir avalada por una sentencia en ese sentido. Es decir que primero tenía que ser la sentencia y luego la investigación.
El denunciante acudió entonces al Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, quien dio curso a la misma, a raíz de lo cual, la Inspección de Trabajo entonces sí, se avino a investigar lo ocurrido.
Según el acta al que ha tenido acceso Noticias de Almería, la Inspección finalmente condenó a Martínez por el impago de las cuotas a la Seguridad Social de los cinco profesionales, quienes argumentaron que era él quien les pagaba. En total los buzos cobraron 1.635.000 pesetas, según los justificantes firmados por estos en concepto de "gratificación", pero quien no cobró nada a pesar de esta decisión administrativa fue la Seguridad Social.
En cualquier caso, esa cuantía percibida por los submarinistas correspondería a una de la subvenciones recibidas por Martínez, pero de la otra, cuatro veces mayor, nada se sabe veinte años después. La Junta de Andalucía sigue sin querer facilitar el informe que Martínez debió elaborar sobre el pecio, en el que debería figurar el destino de las subvenciones y qué pasó con los restos encontrados, de los que nada se sabe.
El silencio del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía sobre este asunto, y la maniobra para evitar la investigación de la Inspección de Trabajo, corroboran el progreso político-profesional de Martínez.
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