miércoles, 23 de febrero de 2011

INTERECONOMÍA: BONO Y UN SALTO DE CABALLO, HAN QUITADO COMENTARIOS

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En una de sus entrevistas de cámara para justificar su problema, la concedida a El País, el presidente del Congreso terminaba así la poco creíble versión de su radiografía patrimonial: “Más destape es imposible”. A juzgar por la información que hoy aporta LA GACETA, lo que ha asomado hasta ahora del caso Bono es la punta del iceberg.

A la revelación hecha por este periódico de que un constructor, Santamaría, le había pagado a Bono la decoración de dos casas, lo cual implicaba un antes y un después en el affaire, se suma ahora otro salto cualitativo: el do ut des que supone que un patrocinador de la Hípica Almenara le pague una parte de las obras a cambio de... ¿nada? El de la hípica es, nunca mejor dicho, un salto de caballo.

La historia, una suma de irregularidades, es la siguiente: en 2004, siendo Bono presidente de Castilla-La Mancha, Paco El Pocero se encarga de las obras de mejora y ampliación de la hípica, pero como reveló el controvertido constructor hace un año, no es Bono quien le contrata y le paga, sino los anunciantes de la instalación. Uno de ellos, Beatriz Hoteles, se identifica ahora a LA GACETA y afirma que pagó a El Pocero la parte que le tocaba de esa ampliación. Pero añade que nadie le reembolsó esa cantidad. Ni Bono directamente ni a través de Hípica Almenara. Es decir, que trabajó de intermediario para el propietario de Almenara, gratis et amore.

Hay más. A este favor –mientras el presidente del Congreso no se destape un poco más– hay que añadir otro no menos sorprendente: Beatriz Hoteles se encarga de construir y costear de su bolsillo los soportes de sus dos vallas publicitarias de la Hípica, de grandes dimensiones. Un negocio redondo para el propietario de Almenara, que no sólo se ahorra el coste de mejora y ampliación del recinto, sino que además consigue el milagro de que el anunciante que actúa de intermediario se publicite cargando con el coste de las vallas.

El culebrón contiene irregularidades para que la Fiscalía se interese: sin ir más lejos, ¿qué es eso de que sean anunciantes los que contraten obras? Y deja en el aire un imprescindible interrogante: ¿a cambio de qué derrocha tanta generosidad Beatriz Hoteles con José Bono? Sobre todo si lo ponemos en contexto: todo esto ocurre en 2004, el año en que el político socialista dejó la presidencia de Castilla-La Mancha, que había ostentado durante casi 20 años, y entró en el Gobierno de Zapatero como ministro de Defensa. Ya no estamos sólo ante un “oscuro patrimonio” (como dijo el PP) con desajustes entre ingresos y gastos que el presidente del Congreso no ha sido capaz de aclarar, sino ante los supuestos favores que recibe un cargo público, bien de un constructor como Rafael Santamaría con tanta actividad en la comunidad autónoma que aquel presidía, bien de uno de los anunciantes de la hípica de la que su familia es propietaria.

Las nuevas revelaciones deberían acarrear las consecuencias previstas en un Estado de derecho. De una parte, el fiscal no tiene más que leer hoy LA GACETA. Y recordar, por ejemplo, lo que acaba de decir el Supremo sobre los regalos y los cohechos impropios. De otra, consecuencias políticas: son muchos los supuestos favores como para que José Bono se vaya por los cerros de Shangai eludiendo su responsabilidad u ofrezca explicaciones insuficientes, nada convincentes y que se contradicen entre sí, a periodistas elegidos a dedo. La tercera autoridad del Estado debe salir a la palestra para aclarar la batería de preguntas y dudas que rodea a su patrimonio y su relación con constructores, intermediarios y sponsors.

Tampoco debe seguir mirando para otro lado el PSOE, cuya dirección fue tan rápida a la hora de poner de patitas en la calle a Joan Ignasi Pla, su secretario general en Valencia, por un supuesto trato de favor en unas obras de reforma en su casa. Y quien debería ponerse las pilas es un PP algo lento en reaccionar cuando hace unas semanas llevó a la Fiscalía las irregularidades del caso Bono. Hoy dispone de más material para hacer trabajar a Conde-Pumpido.

Ante el salto cualitativo del caso Bono no valen botes de humo inconsistentes como los que viene lanzando el político socialista al decir que le persiguen por razones ideológicas (metiendo en el mismo saco a Garzón). Nadie le acusa de nada. LA GACETA se ha limitado a cumplir con su deber de informar, poniendo el espejo ante documentos (talones o mails como los de Beatriz Hoteles que hoy reproducimos) que dejan en evidencia desajustes patrimoniales o favores inexplicados. Pero tampoco valen aclaraciones que lejos de disipar las dudas las aumentan, como cuando Bono dio a entender que la decoración de su casa de Olías fue un regalo de bautizo, de la mujer del constructor Santamaría, a su hija Sofía. ¿Qué explicación se sacará de la manga ante nuestra edición de hoy? ¿Optará, por fin, por esa transparencia de la que tanto presume?

El catedrático de Derecho Ignacio Sánchez Cámara subrayaba recientemente en LA GACETA que “todo incremento patrimonial del poderoso es, de suyo, sospechoso”. Y añadía que debe ser escrupulosamente justificado. El abecé de la democracia, como sabemos desde Lord Acton. Pero, en este caso, las sospechas se multiplican por dos. Porque estamos hablando de supuesto trato de favor, y quien está en el epicentro no es un político cualquiera, sino el que entonces era presidente de la comunidad autónoma y poco después titular de Defensa. Y ahora, presidente del Congreso. Que cada cual saque sus conclusiones.

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