Filesa y el Código ‘light’ del Buen Gobierno de Zapatero
Filesa y el Código ‘light’ del Buen Gobierno de Zapatero
El Código de Buen Gobierno impulsado por Zapatero es de aplicación asimétrica. Poner a Chaves a velar por el cumplimiento del Código es como poner a la zorra a vigilar el rebaño. Si al ex presidente andaluz se le aplicara el Código, no habría durado ni un minuto.
a designación por parte del ministro de Fomento, José Blanco, de uno de los implicados de Filesa para presidir la sociedad Comfersa, dependiente de Fomento, desmonta descaradamente la tramoya que levantó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004 en torno a la ética y la ejemplaridad de los políticos. Ramón Moreda, que era gerente del Partido Socialista cuando Ferraz montó la trama de la financiación ilegal, fue imputado por el juez Barbero, pero se libró del banquillo, porque el Gobierno de Felipe González cambió el Código Penal.
Una argucia legal que limpia su expediente procesal, pero que no le exonera en modo alguno de sus responsabilidades políticas. Lo paradójico del asunto es que, previamente a la decisión de Blanco, Rodríguez Zapatero nombró en 2008 a Moreda vocal de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE. En algunos círculos socialistas consultados aseguran que Moreda y Rodríguez Zapatero mantienen unas excelentes relaciones.
La citada comisión también tiene como secretario a Francisco Virseda, quien fuera uno de los abogados de Filesa y uno de los personajes clave en la estrategia jurídica de Ferraz para desmontar las acusaciones del magistrado Barbero. Otro de los abogados de la trama financiera fue nombrado alto cargo de la Generalitat catalana. Internamente, en el PSOE, los graciosos ya comienzan a denominar a la citada comisión como la de Filesa y Garantías, en lugar de Ética y Garantías.
El caso Moreda enturbia la imagen que se ha esforzado en labrar de sí mismo el propio Zapatero desde su llegada al Gobierno en 2004. Ese halo al que sus exégetas llaman “el talante” y que el presidente del Ejecutivo pretendió plasmar en un documento público de obligado cumplimento. Me explico: al año de su llegada al Palacio de la Moncloa, concretamente el 18 de febrero de 2005, José Luis Rodríguez Zapatero se sacó de la chistera, sin que nadie se lo reclamara y apremiara, un código gubernamental con título pomposo, de esos que apasiona al también líder de los socialistas: “Código del Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de todos los altos cargos de la Administración General del Estado”.
La ética de Zapatero
El texto impulsado por el presidente insistía en que los Gobiernos, además de cumplir y hacer cumplir las leyes, debían “inspirarse y guiarse” por principios “éticos y de conducta”. En el inicio de una legislatura, que luego fue dedicada a iniciativas como la igualdad, la memoria histórica, el Estatut, la ley de dependencia o la negociación con la banda terrorista ETA, el nuevo presidente del Ejecutivo central impuso a sus colaboradores una larga lista de principios: objetividad, integridad, neutralidad, imparcialidad, credibilidad, transparencia, confidencialidad, ejemplaridad, austeridad y honradez, entre otros muchos atributos acabados en -dad, leídos con acento de Valladolid.
El Código de Buen Gobierno impulsado por Rodríguez Zapatero establecía con claridad que anualmente “el Consejo de Ministros conocerá un informe elevado por el Ministerio de Administraciones Públicas sobre los incumplimientos de los principios éticos y de conducta para acordar medidas oportunas”.
Otra paradoja: quien tiene que velar por su acatamiento y vigilar el rebaño es el ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves, a quien si se le aplicara estrictamente el Código de Rodríguez Zapatero no habría durado ni un minuto al frente de ese departamento. Los mandamientos del presidente del último Gobierno socialista imponen lo siguiente: “La adopción de decisiones perseguirá siempre el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares... Se entiende que existe conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos”.
La zorra vigila el rebaño
El fontanero monclovita que redactaba el texto actuaba de manera profética. Parecía como si se adelantara al caso de las subvenciones públicas concedidas por la Junta de Andalucía a la sociedad en la que trabajaba la hija del entonces presidente autonómico, Manuel Chaves. Por lo tanto, encargarle al ex máximo dirigente andaluz la tarea de elaborar el informe anual es como contratar a una zorra para vigilar un rebaño. Es un caso de libro que vulnera los propios principios expuestos por Rodríguez Zapatero, provocando, asimismo, un nuevo conflicto de intereses.
Sin embargo, al presidente del Gobierno no le tembló el pulso cuando decidió expulsar del paraíso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a su director Alberto Sáiz. Le aplicaron el Código de manera inexorable. Eso sí, con un empujoncito de la ministra de Defensa, Carmen Chacón, y del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El Código de Rodríguez Zapatero es de aplicación asimétrica. Si el presidente se leyera por encima el sumario del caso Astapa, el que llevó a la cárcel al alcalde de Estepona (Málaga), también se enteraría de las gestiones que Gaspar Zarrías realizó para el ex alcalde de la ciudad de la Costa del Sol que, sin duda alguna, vulnerarían sus mandamientos.
El sempiterno ‘número dos’
Otra paradoja: Gaspar Zarrías es el sempiterno número dos de Chaves, antes en el Gobierno de Andalucía y ahora en el Ministerio de Administraciones Públicas. Las escuchas telefónicas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad al citado alcalde corrupto de Estepona no tienen desperdicio. Incluidas, por supuesto, algunas llamadas que realizó al mismísimo Gaspar Zarrías y otras hechas por éste último nada menos que al Palacio de la Moncloa.
Los hechos expuestos verifican que el Código del Buen Gobierno aprobado por los socialistas ha quedado descafeinado, como otras muchas iniciativas llevadas a cabo por el Ejecutivo –dependencia, Memoria Histórica, igualdad...– dirigido por El Maquiavelo de León, sobrenombre que el periodista José García Abad adjudica en su recién presentado libro al presidente del Gobierno. A partir de ahora, y tras lo explicado anteriormente, los mandamientos impulsados por Rodríguez Zapatero podrían rebautizarse bajo el título de Código light del Buen Gobierno.
Fuente: Intereconomia.com
Saludos
El Código de Buen Gobierno impulsado por Zapatero es de aplicación asimétrica. Poner a Chaves a velar por el cumplimiento del Código es como poner a la zorra a vigilar el rebaño. Si al ex presidente andaluz se le aplicara el Código, no habría durado ni un minuto.
a designación por parte del ministro de Fomento, José Blanco, de uno de los implicados de Filesa para presidir la sociedad Comfersa, dependiente de Fomento, desmonta descaradamente la tramoya que levantó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004 en torno a la ética y la ejemplaridad de los políticos. Ramón Moreda, que era gerente del Partido Socialista cuando Ferraz montó la trama de la financiación ilegal, fue imputado por el juez Barbero, pero se libró del banquillo, porque el Gobierno de Felipe González cambió el Código Penal.
Una argucia legal que limpia su expediente procesal, pero que no le exonera en modo alguno de sus responsabilidades políticas. Lo paradójico del asunto es que, previamente a la decisión de Blanco, Rodríguez Zapatero nombró en 2008 a Moreda vocal de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE. En algunos círculos socialistas consultados aseguran que Moreda y Rodríguez Zapatero mantienen unas excelentes relaciones.
La citada comisión también tiene como secretario a Francisco Virseda, quien fuera uno de los abogados de Filesa y uno de los personajes clave en la estrategia jurídica de Ferraz para desmontar las acusaciones del magistrado Barbero. Otro de los abogados de la trama financiera fue nombrado alto cargo de la Generalitat catalana. Internamente, en el PSOE, los graciosos ya comienzan a denominar a la citada comisión como la de Filesa y Garantías, en lugar de Ética y Garantías.
El caso Moreda enturbia la imagen que se ha esforzado en labrar de sí mismo el propio Zapatero desde su llegada al Gobierno en 2004. Ese halo al que sus exégetas llaman “el talante” y que el presidente del Ejecutivo pretendió plasmar en un documento público de obligado cumplimento. Me explico: al año de su llegada al Palacio de la Moncloa, concretamente el 18 de febrero de 2005, José Luis Rodríguez Zapatero se sacó de la chistera, sin que nadie se lo reclamara y apremiara, un código gubernamental con título pomposo, de esos que apasiona al también líder de los socialistas: “Código del Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de todos los altos cargos de la Administración General del Estado”.
La ética de Zapatero
El texto impulsado por el presidente insistía en que los Gobiernos, además de cumplir y hacer cumplir las leyes, debían “inspirarse y guiarse” por principios “éticos y de conducta”. En el inicio de una legislatura, que luego fue dedicada a iniciativas como la igualdad, la memoria histórica, el Estatut, la ley de dependencia o la negociación con la banda terrorista ETA, el nuevo presidente del Ejecutivo central impuso a sus colaboradores una larga lista de principios: objetividad, integridad, neutralidad, imparcialidad, credibilidad, transparencia, confidencialidad, ejemplaridad, austeridad y honradez, entre otros muchos atributos acabados en -dad, leídos con acento de Valladolid.
El Código de Buen Gobierno impulsado por Rodríguez Zapatero establecía con claridad que anualmente “el Consejo de Ministros conocerá un informe elevado por el Ministerio de Administraciones Públicas sobre los incumplimientos de los principios éticos y de conducta para acordar medidas oportunas”.
Otra paradoja: quien tiene que velar por su acatamiento y vigilar el rebaño es el ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves, a quien si se le aplicara estrictamente el Código de Rodríguez Zapatero no habría durado ni un minuto al frente de ese departamento. Los mandamientos del presidente del último Gobierno socialista imponen lo siguiente: “La adopción de decisiones perseguirá siempre el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares... Se entiende que existe conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos”.
La zorra vigila el rebaño
El fontanero monclovita que redactaba el texto actuaba de manera profética. Parecía como si se adelantara al caso de las subvenciones públicas concedidas por la Junta de Andalucía a la sociedad en la que trabajaba la hija del entonces presidente autonómico, Manuel Chaves. Por lo tanto, encargarle al ex máximo dirigente andaluz la tarea de elaborar el informe anual es como contratar a una zorra para vigilar un rebaño. Es un caso de libro que vulnera los propios principios expuestos por Rodríguez Zapatero, provocando, asimismo, un nuevo conflicto de intereses.
Sin embargo, al presidente del Gobierno no le tembló el pulso cuando decidió expulsar del paraíso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a su director Alberto Sáiz. Le aplicaron el Código de manera inexorable. Eso sí, con un empujoncito de la ministra de Defensa, Carmen Chacón, y del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El Código de Rodríguez Zapatero es de aplicación asimétrica. Si el presidente se leyera por encima el sumario del caso Astapa, el que llevó a la cárcel al alcalde de Estepona (Málaga), también se enteraría de las gestiones que Gaspar Zarrías realizó para el ex alcalde de la ciudad de la Costa del Sol que, sin duda alguna, vulnerarían sus mandamientos.
El sempiterno ‘número dos’
Otra paradoja: Gaspar Zarrías es el sempiterno número dos de Chaves, antes en el Gobierno de Andalucía y ahora en el Ministerio de Administraciones Públicas. Las escuchas telefónicas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad al citado alcalde corrupto de Estepona no tienen desperdicio. Incluidas, por supuesto, algunas llamadas que realizó al mismísimo Gaspar Zarrías y otras hechas por éste último nada menos que al Palacio de la Moncloa.
Los hechos expuestos verifican que el Código del Buen Gobierno aprobado por los socialistas ha quedado descafeinado, como otras muchas iniciativas llevadas a cabo por el Ejecutivo –dependencia, Memoria Histórica, igualdad...– dirigido por El Maquiavelo de León, sobrenombre que el periodista José García Abad adjudica en su recién presentado libro al presidente del Gobierno. A partir de ahora, y tras lo explicado anteriormente, los mandamientos impulsados por Rodríguez Zapatero podrían rebautizarse bajo el título de Código light del Buen Gobierno.
Fuente: Intereconomia.com
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