La intervención militar española en la crisis libia es insólita por muchas razones. Desde el punto de vista legal, la principal novedad es que Zapatero ha decidido aplicar un artículo hasta ahora inédito de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, el 17.3, que permite al Gobierno prescindir de la autorización previa del Parlamento para enviar tropas al exterior, siempre que su decisión sea ratificada a posteriori.
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El Consejo de Ministros aprueba la contribución militar sin fijar su alcance
"No podíamos consentir por más tiempo lo que pasaba en Libia"
"Cuando por razones de máxima urgencia no fuera posible realizar la consulta previa, el Gobierno someterá al Congreso de los Diputados lo antes posible la decisión que haya adoptado para la ratificación en su caso", señala el citado artículo.
Desde que entró en vigor esta ley, en noviembre de 2005, siempre se había pedido la autorización parlamentaria antes de la salida de las tropas. Así se hizo con la misión en Líbano o con la Operación Atalanta contra la piratería en el Índico, entre otras. Pero los aviones F-18 despegaron ayer tarde de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), mientras que el presidente del Gobierno no comparecerá ante el pleno del Congreso hasta el próximo martes para informar "a fondo y en detalle" de la decisión, según sus propias palabras.
Zapatero cuenta con una ventaja: ha hablado en varias ocasiones -la última, ayer mismo- con el líder del PP, Mariano Rajoy y sabe que cuenta con su apoyo. También le respaldan Josep Antoni Duran Lleida, de Convergència i Unió (CiU), y los portavoces de casi todos los grupos parlamentarios, por lo que tiene asegurada una mayoría abrumadora en el Congreso. La voz disonante es la de Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya (IU-ICV), quien ayer recomendó al presidente que "modere su ardor guerrero" y "se lo piense" dos veces antes de embarcarse en la operación militar, informa Servimedia.
Al contrario de lo sucedido en ocasiones anteriores, el acuerdo aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso no detalla la contribución española -que ayer tarde hizo pública Zapatero en París-, sino que se limita a "disponer la participación de fuerzas españolas en la resolución de la crisis de Libia, en aplicación de las resoluciones 1970 y 1973 de Naciones Unidas y, a tal efecto, solicitar la autorización o, en su caso, la ratificación del Congreso de los Diputados", según el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
También acuerda "autorizar el uso de bases militares españolas por aquellas fuerzas extranjeras que actúen al amparo de las citadas resoluciones" y dispone que los gastos derivados de esta participación se financien con cargo a la partida ampliable de la que dispone el Ministerio de Defensa para las misiones en el exterior.
Cuando el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo no conocía aún el alcance de la contribución española -que se decidió el viernes por la tarde, en la reunión del gabinete de crisis- y ni siquiera sabía si sería preciso mandar las tropas antes de que se reuniera el Parlamento; por eso el Gobierno solicita, indistintamente, la "aprobación o, en su caso, ratificación" del envío de tropas. Pero era consciente de que los acontecimientos se estaban precipitando. En el preámbulo del acuerdo ya se advierte de que "la rápida evolución de la situación y la urgencia por lanzar una intervención que acabe con el sufrimiento del pueblo libio, requieren una respuesta inmediata".
Ayer, tras participar en la cumbre convocada por Sarkozy, a la que acudió acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Julio Rodríguez, Zapatero compareció en la residencia del embajador español en París. "España asume su responsabilidad para hacer efectiva la resolución de Naciones Unidas; asume la responsabilidad de proteger al pueblo de Libia, prestarle ayuda humanitaria y trabajar para lograr una democracia sostenible en este país", declaró en tono solemne.
Aunque ayer mismo se produjeron los primeros ataques de la coalición en suelo libio, Zapatero dejó una puerta abierta a Gadafi, al señalar que este "todavía tiene la oportunidad" de evitar la intervención militar si cumple la resolución de la ONU "con carácter inmediato".
El presidente rechazó cualquier paralelismo entre esta intervención y la invasión de Irak en 2003. "Solo porque ha habido una resolución de Naciones Unidas, conforme a la legalidad internacional, estamos aquí", subrayó, en alusión a que entonces se actuó sin amparo de la ONU. Además, subrayó, la ONU, la UE y la Liga Árabe han llegado a la misma conclusión: "No podemos consentir por más tiempo lo que está pasando en Libia".
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