Jueves , 25-03-10
LA más que probable invalidación de la mayoría de las grabaciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón con conversaciones mantenidas en prisión entre varios imputados del «caso Gürtel» y sus respectivos abogados no supondrá la anulación de este proceso ni tampoco su sobreseimiento inmediato. Sin embargo, representa un doble varapalo: primero, para el propio Garzón, cuya inicial investigación de este asunto en la Audiencia Nacional -después pasó a ser competencia del Tribunal Superior de Madrid- ha quedado seriamente desautorizada; y segundo, para la propia Fiscalía, que pierde algunas de sus principales bazas para sostener sus tesis acusatorias contra algunos imputados. Una vez que el TSJM dicte oficialmente el auto de invalidación de las escuchas, el «caso Gürtel» tendrá que ser necesariamente sometido a un nuevo enfoque jurídico por parte del magistrado instructor, el Ministerio Público y las defensas. De hecho, a partir de ahora se abre un periodo de incertidumbre jurídica sobre la validez, por ejemplo, de todas las declaraciones prestadas ante el juez en comparecencias posteriores a las escuchas que ya no serán válidas, lo que seguramente obligue al actual instructor a repetir muchas diligencias.
Probablemente tengan razón quienes desde el Gobierno y el PSOE se afanaron ayer en asegurar que el futuro judicial del «caso Gürtel» no está comprometido por una actuación, la de Garzón, que se ha revelado vulneradora de derechos. Si, más allá, esa conducta fue también imprudente o prevaricadora tendrá que decidirlo el Tribunal Supremo, que en febrero admitió a trámite otra querella contra Garzón por estas escuchas. Pero con su actuación, Garzón puede llegar a convertirse paradójicamente en el mejor abogado defensor de algunos acusados, porque su personal forma de entender y administrar la justicia se ha terminado convirtiendo en una trampa para sí mismo y en una ventaja para presuntos delincuentes. En este caso, no se trataba sólo de una cuestión de principios, sino también de legalidad. Un instrumento como el de las escuchas jamás debe utilizarse arbitrariamente, sin la debida justificación y control, y sin garantías de que no se producirá vulneración alguna de derechos. Con tres querellas en su contra admitidas a trámite por el Supremo -una de ellas en la fase previa al juicio oral- y con el revolcón que le ha dado el TSJM, la permanencia de Garzón en la Audiencia se antoja un ejercicio de supervivencia. Sencillamente, resulta insostenible, por muy legitimado que esté hasta que vaya a ser juzgado por el TS o el CGPJ se decida a suspenderlo.
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