Maremagnum de Quisicosillas: LA CAGASTE MARIANO CON ESTRASBURGO Y EL JUEZ LOPEZ GUERRA

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TÚ NUNCA ENCONTRARÁS UNO TAN SECTARIO
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Link para verlo TODO
http://lacagastemariano.blogspot.com.es/2013/10/los-derechos-humanos-de-los-inhumanos.html
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Zapatero ya tuvo lo suyo. Durante años critiqué sus sectarias chapuzas porque los sufridos españoles no merecíamos semejante “Gobierno”, o lo que fuera. Y ahora te toca a ti, Mariano. No es manía antigubernamental sino exigencia democrática que a todos nos debes, tú y cuantos nos gobiernen, sean del color y la caspa que sean.
Así que pórtate bien porque te tengo en observación y este blog será un Diario de cuanto en tu gestión sea criticable.Aunque no por ello voy a dejar de destacar cuanto sea encomiable ni dejar de dar caña a la oposición cuando sean detestables.
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Los derechos humanos de los inhumanos

Inés del Río: “Compré las ollas que llené de metralla para matar a los guardias civiles”.

También intentaba repetir la matanza de Hipercor entre familias que hacían la compra.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, parece que formado mayoritariamente por progresistas, considerados por ellos mismos benefactores de la Humanidad que velan porque la escoria de la sociedad disfruten de los máximos derechos, se posiciona nuevamente a favor de ETA al volver a tumbar la “doctrina Parot”.

El fallo leído por el presidente del tribunal, el judío luxemburgués Dean Spielmann, confirma casi punto por punto la sentencia de la Sección Tercera de julio de 2012, en la que sus siete magistrados, por unanimidad, condenaron entonces a España por haber pospuesto de 2008 a 2017 la excarcelación de Inés del Río Prada, exmiembro del comando Madrid, condenada a más de 3.000 años de cárcel por, al menos, 28 asesinatos. Por 16 votos a uno, la sala establece también que ha habido detención ilegal y condena a España.

El tribunal insta al Estado a “garantizar” la liberación de la etarra “a la mayor brevedad” y por, diez votos contra siete, determina que España debe abonar una indemnización de 30.000 euros en un plazo de tres meses a Inés del Río en concepto de “daños morales”.

Asimismo, por “unanimidad” la Gran Sala determina que el Estado español debe abogar a la demandante en un plazo de tres meses la suma de 1.500 euros en concepto de costas judiciales.

La Gran Sala, en síntesis, rechaza el recurso del Gobierno español porque no comparte en absoluto su argumentación de que la doctrina Parot no es una nueva legislación, sino una forma diferente de computar la condena. Y que –sostenía España– es legal hacer esa nueva liquidación de condena aunque los reos hubieran cometidos los delitos antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal de 1995.

No se comprende fácilmente que el Tribunal estime que hay “daños morales” causados a la asesina de 28 personas por permanecer en la cárcel para cumplir una condena de 3.000 años y que sentencie que se la ponga en libertad a la mayor brevedad. En España, los terroristas, esos algunas de cuyas madres combinaban el placer con el trabajo, a las que llevaban el bocadillo a la esquina y no sentían vergüenza cuando sus hijos asesinaban por la espalda o ponían bombas que mataban niños, son los que se benefician de una justicia aleatoria y servil con las ideologías dominantes en tales instituciones.

Este tribunal, dedicado a defender los derechos humanos, no tiene en cuenta los derechos humanos de las víctimas y otorga tales derechos sólo a los verdugos. Mayores derechos incluso que los de sus víctimas, a cuyos familiares se causa el doble castigo de la muerte del ser querido y de ver en la calle a sus asesinos disfrutando de la vida entre la admiración y aplausos de quienes frecuentaban dichas esquinas, esa ralea que son como ellos, unos simples hijos de puta que hacen el trabajo sucio a otros que no figuran.

El único consuelo ante semejante basura es que la intención del Gobierno y la Fiscalía es hacer una suerte de cortafuegos, valorando caso por caso, porque Estrasburgo no es “un tribunal de tercera instancia” ni existen mecanismos que prevean la incorporación inmediata de sus resoluciones, que son “sentencias declarativas” y “sin eficacia directa”.

Si Mariano se mantiene firme en esto último –son declaraciones/opiniones de un tribunal, sin eficacia directa ni de obligada aplicación– empezaríamos a considerar que en lo fundamental el presidente del Gobierno de España puede ser inamovible y no cede como ha hecho hasta ahora.

En opinión de la asociación Dignidad y Justicia, la sentencia que anula la doctrina Parot y exige la excarcelación de la etarra Inés del Río Prada no es vinculante para España y, en el peor de los casos, sólo sería de aplicación para una única persona, la citada terrorista que recurrió al Tribunal.

Además, consideran que no es vinculante para anular la doctrina Parot, ya que cuando España firmó el convenio europeo de derechos humanos lo hizo conforme al artículo 94 de la Constitución Española y no respecto al 93, de tal forma que el Tribunal Constitucional es la última instancia nacional, lo cual significa que no hay nadie, ni siquiera los tribunales internacionales, por encima de nuestro Tribunal Constitucional, que ya aprobó la doctrina Parot en su día. Lo que parece es que Mariano ignora estos detalles y se lo va a pensar o va a dejar hacer.

También, muy oportunamente recuerdan que en países como Inglaterra no se cumplen sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si son incompatibles con sus ordenamientos jurídicos. Si a Inglaterra se le permite, ¿por qué íbamos nosotros a ser menos?

Según esto, el Ministerio de Justicia español tiene en su mano poner en libertad o no a Inés del Río. Hay que esperar a ver cual es la postura final del Gobierno, pero ya llueve sobre mojado. Terroristas que en cualquier parte del mundo tendrían cadena perpetua, aquí disfrutan de leyes que son un cachondeo –por mucho que los tribunales imputasen a quien lo dijo, en una muestra más de cachondeo justiciero– y de cárceles hechas expresamente para ellos.

La reacción de las partes interesadas son para ponerlas en un marco. Por parte catalana, esos menesterosos que no hacen caso de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la devolución de los papeles de Salamanca, o las del Tribunal Supremo que les obliga a poner la bandera española y enseñar en castellano, que incumplen por norma, van y nos dicen poniendo cara de primera comunión que hay que acatar las sentencias de los tribunales, aunque no nos gusten o no las comprendamos.

Por parte de los vascos, esos políticos colaboradores de los pro-etarras y de los terroristas que vienen matando desde hace más de 50 años sin respetar ninguna clase de derechos humanos, piden que se respeten los derechos humanos de los asesinos, reiterando que hay que ser respetuosos con esos derechos que a ellos tan poco importan cuando son los derechos de los demás. Tanto por parte catalana como vasca, un cinismo y una desfachatez pocas veces vista.

El funesto y nunca bien maldecido Zapatero, sentó las bases de lo que la nación viene sufriendo a manos de los terroristas a partir de sus negociaciones con los etarras. Que el PSOE nunca ha dejado de negociar, aun cuando estaba en la oposición, es algo que nadie niega, porque actas y otro tipo de documentos así lo acreditan.

Después, vino la supuesta «ruptura» y, cuando convino a las partes, la apertura de un nuevo «proceso», en el que, entre otras cosas, se les prometió a los terroristas la legalización de su brazo político (lo que se cumplió fielmente: Bildu, Amaiur y Sortu); medidas a favor de la excarcelación o acercamiento de los presos.

Pero lo más importante, la mayor traición, es que prometieron que se haría lo posible, según fuentes conocedoras del asunto, para lograr la derogación de la llamada «doctrina Parot».

En uno de los documentos que manejaban los negociadores del «proceso» para establecer las distintas fases del mismo, se contemplaba, entre otras cosas que junto a «una declaración de ETA por un compromiso por la paz y desmilitarización» (que realizó ahora hace dos años), se producirían, entre otras cosas, «cambios en Política penitenciaria-Parot».

En 2006 se incorporó a las negociaciones con ETA en representación del Gobierno socialista, José Manuel Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal, que dos años después sería nombrado, a propuesta del PSOE, miembro del Consejo General del Poder Judicial como premio.

Según el acta, este servil individuo manifestó lo siguiente sobre la «doctrina Parot»: «Esperamos que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional. En este sentido, ya estamos hablando con los componentes del mismo». Quedaba claro que el Tribunal Constitucional no era independiente y estaba manejado desde el Gobierno, más concretamente por Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior por aquel entonces, que era el cerebro gris de todo ello como especialista en artimañas, manipulaciones e insidias. Zapatero no llegaba a tanto y simplemente asentía.

Pero no pudieron cumplirlo y ETA se enfureció. Esa fue la causa del atentado de la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas, con 2 personas muertas, y de los asesinatos que siguieron después de la ruptura temporal y «formal» de las negociaciones.

Pero la promesa estaba hecha en espera de poder cumplirla. Mientras tanto, Rubalcaba tenía un plan “B”. Para ello, se echó mano de otro catedrático, en este caso de Derecho Constitucional, Luis López Guerra, que había sido secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007, año en el que cesó para cubrir la vacante que dejaba un magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

En concreto, López Guerra fue elegido juez del Tribunal en octubre de ese año, de entre los tres nombres propuestos por el Ejecutivo, y empezó a ejercer como tal en febrero de 2008. Que la «doctrina Parot» se presentase ante esta instancia judicial era cuestión de tiempo y mientras tanto se iban teniendo entrevistas y conversaciones privadas con los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para hacerles llegar la idea de que España es favorable a la derogación de la doctrina Parot. Así que la etarra presentó su protesta en el Tribunal con el resultado previsto que hoy conocemos.

Este desgraciado, el “patriótico” representante español en la Gran Cámara, ese aborto jurídico que daba clases en la universidad sembrando su diarrea mental, ha votado por segunda vez a favor de condenar a España por aplicar la doctrina Parot a Inés del Río y de imponer el pago de una indemnización de 30.000 euros a la etarra, por los daños morales sufridos. Una mejor forma de humillar a España.

Entre los planes que se habían negociado estaba el tema de la agrupación de presos y su acercamiento al país vasco, además de un relajado criterio en las excarcelaciones. Ante un pactado fin de ETA a nadie escapaba que sería imposible excarcelar inmediatamente a muchos de ellos y que otros habrían de cumplir todavía algunos años de cárcel.

Para mejorar la estancia de estas “personas acogidas” –como los llamaba Mercedes Gallizo, la hilarante ex-Directora General de Instituciones Penitenciarias socialista, de origen maoista– bajo la dirección del ministro del Interior Rubalcaba, se estableció un plan de construcción de cárceles de última generación que se puso en marcha en 2007, con todas las comodidades, desde piscina cubierta y climatizada en alguna a televisión de plasma en cada celda y comidas extraordinarias en diversas ocasiones, incluyendo champán y mariscos (1) .

Sin olvidar que mientras dura la prisión el Estado cotiza por ellos y una vez que los encarcelados cumplen su condena, pasan inmediatamente a formar parte de la lista del paro y a percibir mensualmente la prestación por desempleo que les corresponda.

Dentro de ese plan se han construido 3 cárceles en el país vasco, las cárceles de Pamplona, San Sebastián y Zaballa (Álava), además de alguna otra necesaria para disimular y que nadie protestase por la evidencia.

No es de extrañar que muchos extranjeros prefieran estar en cárceles españolas antes que en su país. Aunque parezca extraño, las cárceles españolas se han convertido en un lujo para algunos extranjeros y ya empiezan a formar parte del efecto llamada.

Deben agradecérselo a los etarras y a Rubalcaba.

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