Maremagnum de Quisicosillas: Hemeroteca - RUBALCABA: LOS 13 PECADOS, MAS GORDOS, DE LA POLICÍA DE RUBALCABA

LAS INVESTIGACIONES DE XAVIER HORCAJO

Los 13 pecados de sectarismo

de la Policía de Rubalcaba

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13 escenarios, con nombres y apellidos, muestran cómo el ministro administra partidariamente la seguridad de todos y cómo premia a los que caen en su red al servicio de Rodríguez Zapatero.

Desde que Alfredo Pérez Rubalcaba se convertía el 11 de abril de 2006 en ministro del Interior, hay trece hechos que demuestran que ha utilizado a la Policía como un instrumento al servicio del Gobierno del PSOE.

La primera señal de sectarismo se produjo en la Comisaría General de la Policía Judicial, al mando de Juan Antonio González, el comisario general cuyas iniciales aparecían en la agenda de Juan Antonio Roca, principal imputado en la operación Malaya, y cuya identificación judicial fue fallida, a pesar de que se tenía certeza de que las siglas correspondían a un alto mando policial. El comisario González manejó la Judicial como si fuera su cortijo: hacía investigar con criterios políticos; premiaba a quien le daba la gana, a menudo sin méritos policiales. La identificación “JAG” no comprometió a Juan Antonio González, según concluyó Asuntos Internos. Por el contrario, la identificación “LB”, en el caso Gürtel, era prueba indubitada para implicar a Luis Bárcenas, Policía dixit.

El comisario González participó en la cacería –desvelada por Intereconomía en febrero de 2009– junto a Bermejo; Garzón y su fiscal en pleno caso Gürtel. Él aportó experiencia anterior en materia de politización policial ya que participó en aquella gran charlotada que fue la detención de Luis Roldán y la falsificación de documentos oficiales del Gobierno de Laos. Todo made in JAG. Y el comisario González fue premiado con destino en Brasil, donde disfruta de 12.000 euros de paga mensual y gastos como asesor de la embajada. Un forfait por un mínimo de cinco años.

Neutralizar Asuntos Internos era clave para extender el poder socialista en la Policía. A eso se entregó abnegadamente la comisaria Ana Arias, después de cesar al impecable comisario Antonio Cámara. Ésta llegó incluso a formular denuncias falsas que llevaron a la cárcel a dos inspectores: Jesús Parrilla y Celestino Rivera, cuya fianza carcelaria fue aportada por cuestación a la que contribuimos muchos españoles y que fueron posteriormente absueltos. El premio fue promover a Ana Arias al cargo de subdirectora de la Policía.

Que la Policía ha estado al servicio del PSOE se demuestra con la concesión favorecida y fallida a Telvent de unos verificadores de pasaportes que no servían en los controles fronterizos pero que dieron una jugosa contrata a la empresa de Paula Chaves, la hija de Manuel Chaves, presidente del PSOE. Los aparatos se pagaron (3 millones de euros), se instalaron y estuvieron un año inactivos. No funcionaban. Luego los españoles hemos tenido que pagar a otra empresa para que los remplace por otros. Lo reveló LA GACETA el pasado 16 de enero.

La Brigada de Blanqueo de Capitales y la jefa superior de Canarias, Concepción de Vega, llevaron el sectarismo a la hipérbole. El alcalde del PP en Mogán fue detenido y los cámaras de prensa y TV esperaban en la puerta del domicilio desde horas antes. Los reporteros fueron claros: les habían avisado desde la Delegación del Gobierno.

Aún peor, Intereconomía TV emitió una grabación en la que el principal testigo del caso Europa explicaba que De la Vega le prometió que si implicaba al PP quedaría sin cargos y que había prestado declaración en tal sentido en su domicilio y en presencia de un periodista.

En Mallorca, la inquina política llevó a alterar las rutinas habituales de detenciones judiciales para facilitar a la prensa las imágenes de los presuntos implicados en casos de corrupción que militaban en el PP. “Hay que tratarlos como a presos comunes”, ésa fue la orden del subdelegado del Gobierno en la Isla.

Quizá el caso más grave de los que demuestran la condición de correa de transmisión de la Policía respecto del Gobierno socialista, sea el caso Faisán. De esto, la Justicia puede acabar deduciendo un delito de colaboración con banda armada imputable a altos cargos policiales, cuando Rubalcaba llevaba poco con la cartera del Ministerio del Interior. Garzón tiene un cajón repleto de pruebas que incriminan a esos mandos policiales. No cabe duda ya de que el director de la Policía, Víctor García Hidalgo, llamó al jefe superior en el País Vasco para que avisaran al proetarra Joseba Elosua de que iban a detenerle. Eso es tan seguro como que Víctor García Hidalgo trabaja ahora para el PSOE en Álava.

Los dedazos del ex jefe de la Comisaría de Información y hombre del PSOE, Telesforo Rubio, fueron violentamente expulsados de la investigación del caso Faisán por el juez Grande-Marlaska. Remaba a favor de los que ordenaron el chivatazo. Telesforo Rubio también goza de un retiro de lujo en la Embajada de Moscú.

Dos policías enviados por el comisario general Miguel Ángel Santano registraron las dependencias de la Policía científica y acusan de falsedad documental a tres de sus expertos: Manuel Escribano,Isabel López y Pedro Manrique. Les llevan ante Baltasar Garzón y éste les amedrenta, grita y amenaza porque en sus informes aprecian que la sustancia encontrada en el domicilio de El Haski, uno de los imputados por el 11-M, era ácido bórico, lo que desmontaba la imputación. Fueron absueltos y presentaron una queja contra Garzón, que hoy se hubiera estudiado, pero que fue archivada en 2006. El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, llegó a manifestar expresamente su desconfianza hacia la Policía, cosa que no había pasado nunca. En abril de 2009 dijo: “La Policía no atiende las indicaciones de la Fiscalía” y se quedó tan ancho.

El pasado 23 de marzo, el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, exhibió unas pruebas policiales sometidas a secreto sumarial. Unos documentos filtrados por “alguien” de la Policía al diputado del PSPV. Ésa fue la “mascletá” del caso Gürtel en Valencia, preludiado por una “traca” de conversaciones grabadas a particulares por la Policía que “alguien” filtraba a El País.

El caso Sitel –revelado por LA GACETA– demostró a los españoles que la policía de Rubalcaba dispone de un sistema de escucha indiscriminada de las conversaciones telefónicas de todos nosotros. Eso está en manos de una Policía con mandos sectarios. Así hemos conocido en grabaciones a El Bigotes (Álvaro Pérez) de la Gürtel pavoneándose de ser capaz de organizar eventos como la visita del Papa que curiosamente no estaban en el Sumario y que después de grabados y desestimados judicialmente, no fueron destruidos como dice la Ley, sino filtrados por “algún” policía. ¿Imaginan lo divertidos que pueden ser los miércoles por la tarde en el Ministerio del Interior, sabiéndolo todo de todos?

El Sindicato Profesional de Policía ganó en los tribunales una acusación al Ministerio del Interior conforme se han producido ascensos por criterios de adscripción política sin que tengan que ver criterios profesionales. Así lo afirma la sentencia 1060/2009 de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid.

Los policías se cachondean de las estadísticas que ofrece Rubalcaba. Son increíbles porque mantienen que hay menos delitos en España en 2009 que en 1987, a pesar del aumento de la población, del aumento de la inmigración, de la crisis económica y sus terribles efectos e, incluso, de que desde 2005, los delitos cometidos en Cataluña están desagregados de las estadísticas de Interior.

Otrosí, Rubalcaba ha retorcido y humillado la tradición de la Policía otorgándole la Medalla de Plata al Mérito Policial a Joan Mesquida, anterior director del y de la Guardia Civil. Esa medalla tiene una historia reservada a policías que mueren en actos de servicio o que quedan gravemente heridos o mutilados o a los que han destacado por su valor. Mesquida no salió nunca de su despacho. Vive –después de dejar el cargo– en las dependencias de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno (Madrid); a pesar de ser secretario de Estado de Turismo. La “mezquindad” es que se lleve una medalla pensionada y hereditaria un político bajo cuya responsabilidad se produjo el episodio Faisán y protagonizó un periodo negro de la historia del CNP.

Maremagnum de Quisicosillas

domingo, 23 de septiembre de 2012

Hemeroteca - RUBALCABA: LOS 13 PECADOS, MAS GORDOS, DE LA POLICÍA DE RUBALCABA

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