1 - JOSE AUGUSTO DE VEGA RUIZ TIO DEL MINISTRO CAAMAÑO
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Y padre de Concepción de Vega Caamaño, jefa de policia de Canarias y Policía borde "borde" (No ni buena, ni mala) del caso Faycam, a la que Soria meterá una querella , si se atreve
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En su escrito al Poder Judicial, De Vega considera que la información de EL MUNDO sobre la alteración de una sentencia del Tribunal Constitucional podría entenderse como una crítica legítima a una resolución judicial. De Vega centra la supuesta perturbación de su independencia en un texto que acompañaba dicha información y que, bajo el título Una trayectoria polémica, hacía un repaso sobre las más destacadas actuaciones de este juez. El Poder Judicial no consideró ayer pertinente pronunciarse sobre las informaciones publicadas en EL MUNDO, rechazando así la petición del magistrado.
La información estaba elaborada con noticias de los últimos años, nunca desmentidas por el magistrado. En su mayoría son simples datos objetivos y que, en gran parte, están extraídos de declaraciones sumariales.
Aquel texto resumía someramente los hitos de una carrera etiquetada desde diversos medios de comunicación como próxima al PSOE y que ahora se desarrolla de forma más extensa.
LARGA CARRERA JUDICIAL
José Augusto de Vega Ruiz nació en Cáceres en 1927. Su ingreso en la carrera judicial se produce en 1953. Desde 1966 es magistrado, y como tal ha ejercido en Barcelona, Huelva, Sevilla y Las Palmas.
Su incorporación al CGPJ tuvo lugar el 23 de octubre de 1985, tras ser elegido como vocal por el Parlamento, con 258 votos a favor, y haber sido propuesto como candidato por el Partido Socialista. En 1991 su nombre fue barajado en distintos medios como candidato apoyado por el PSOE para presidir la Audiencia Nacional.
POLEMICO NOMBRAMIENTO
Su nombramiento como presidente de la Sala Segunda del Supremo provocó una gran polémica política en 1996, al ser apoyado por los vocales del Poder Judicial propuestos por el PSOE y por CiU. Así, dos partidos, IU y PNV, aseguraron entonces que este nombramiento formaba parte de una operación para «echar tierra» sobre los GAL.
Rosa Aguilar consideró la elección como «una pieza más del engranaje del punto y final pactado por PP, PSOE y CiU para darle carpetazo definitivo al tema GAL».
Iñaki Anasagasti, por su parte, explicó que a su juicio «hay un interés manifiesto en echar tierra sobre el caso GAL». Begoña Lasagabaster, de EA, dijo que temía que se pretendiera poner «un punto final de facto para olvidarse de ese asunto».
Sin embargo, aquel día, José Barrionuevo y Juan Alberto Belloch, alabaron la elección de De Vega.
INTENSA ACTIVIDAD
El próximo 1 de diciembre cumplirá 70 años y, por tanto, se jubilará. Antes, en el mes de diciembre, este magistrado presidirá la vista del caso Filesa, que se reanuda hoy; el juicio contra la Mesa Nacional de Herri Batasuna, que comienza el 4 de octubre; y, si le da tiempo, presidirá el juicio del caso Marey y hará de ponente en la resolución del recurso del caso Argentia Trust, por el que fue condenado Mario Conde.
ACUSACION DE ROLDAN
En mayo de 1996, Luis Roldán declaró que De Vega asesoraba a Vera sobre cómo tapar los GAL.
El ex director de la Guardia Civil aseguró que vio en dos ocasiones al magistrado en el despacho de Vera y que éste le explicó qué hacía allí. En la primera vez, en marzo de 1992, le explicó que De Vega fue a la Secretaría de Estado para adelantarle el contenido de la sentencia del Supremo sobre el caso Amedo y Domínguez, condenados por la Audiencia Nacional a 108 años de cárcel. Según le había dicho el magistrado del Supremo a Vera, su tesis, la más favorable a las pretensiones del Ministerio del Interior, había quedado en minoría, pero sí iban a conseguir que el concepto de «banda armada» quedara fuera de la sentencia, como luego sucedió.
La sentencia del Supremo argumentó que para que existiera «banda armada» se precisaba una estructura y un número de miembros que Amedo y Domínguez no tenían.
La segunda vez, José Augusto de Vega visitó a Vera, siempre según la versión que éste ofreció a Roldán, para asesorarle sobre el indulto que el Gobierno estaba estudiando conceder a los ex policías de los GAL, con el fin de lograr su silencio.
Días después, Vera aseguró ante Móner que mantuvo reuniones con De Vega para despachar temas relacionados con la Policía Judicial cuando éste era vocal del Poder Judicial y por asuntos personales. Aquí incluyó una reunión en la que el magistrado quiso tratar con el entonces secretario de Estado para la Seguridad sobre el futuro profesional de su hija, miembro del Cuerpo Nacional de Policía.
VERA LE QUIERE COMO JUEZ
Además, De Vega aparece mencionado en una cinta, cuyo contenido fue publicado por EL MUNDO, en la que se hablaba de presuntas gestiones del magistrado.
Los protagonistas de la conversación, que tuvo lugar el 22 de enero de 1995, eran Rafael Vera y el magistrado del Tribunal Constitucional Rafael Mendizábal. Vera dijo que le gustaría que De Vega se hiciera cargo de su caso.
CONTACTO CON AMEDO
El ex policía José Amedo aseguró a EL MUNDO en 1994 que en abril del 93 el entonces fiscal general, Eligio Hernández, le recibió en su despacho y le mencionó el nombre de De Vega: «De pronto Eligio se levanta y coge un teléfono que suena. Dice: sí, sí, de acuerdo, vale, ¡ah!, ¿ya está?, vale, vale, bien, vale. Y tras colgar nos dice a Julián y a mí que era Augusto de Vega, ése del Poder Judicial o del Supremo, que le ha dicho que está todo arreglado, que el indulto iba a estar firmado para el día 7, que estaba todo arreglado. Yo no sé si se estaba montando un trúqueme cojonudo o qué», relató Amedo. De Vega firmó el informe no vinculante del Supremo contrario al indulto.
LA EXCULPACION DE SERRA
Junto a José Antonio Martín Pallín y Ramón Montero suscribió un auto en el que se aseguraba que no es delictivo financiar con fondos reservados un informe sobre las actividades de un banquero.
El exculpado era el ex ministro de Defensa y ex vicepresidente Narcís Serra y el afectado era Mario Conde sobre quien, según Roldán, se elaboró el informe Crillón.
LLAMADA DE BELLOCH
La casualidad ha llevado también otros casos relacionados con el Ministerio del Interior a manos de José Augusto de Vega, con resolución favorable a los entonces responsables socialistas.
La más reciente tuvo lugar en septiembre de 1996, cuando el Supremo ordenó a la juez Ana María Pérez Marugán que continuara su investigación sobre el uso de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, como pidió el fiscal, para ver si hay indicios que impliquen al ex ministro y diputado socialista José Barrionuevo.
La resolución fue elaborada por los magistrados José Antonio Martín Pallín, José Augusto de Vega, y Ramón Montero Fernández-Cid.
El número de noviembre de la revista de Jueces para la Democracia publicó el siguiente texto: «Sala Segunda del Tribunal Supremo en pleno. Se delibera acerca del tratamiento que haya de darse a la denuncia del Partido Popular sobre las posibles irregularidades producidas en el Ministerio del Interior, en el manejo de los fondos reservados».
«Hay acuerdo casi total sobre el carácter delictivo de los hechos, para el supuesto de que hubieran acontecido en la forma que se dice por los denunciantes. Sólo una opinión divergente: José Augusto de Vega. Para él lo denunciado carecería por completo de relevancia penal, por lo que sólo cabe el archivo».
«La mañana, y con ella la sesión, está próxima a concluir, es más bien tarde. En esto, se abre la puerta y asoma discretamente un ujier. Busca con la mirada, y, en voz alta, dirigiéndose al magistrado discrepante, dice (más o menos): "Perdone, don José Augusto, pero le llama el ministro de Justicia (Juan Alberto Belloch). Quiere saber si continúa esperándole". Sigue un silencio de plomo, similar al que, según el autor del Apocalipsis, se produjo "cuando el Cordero abrió el séptimo sello..."»
ARCHIVO DEL ESPIONAJE
El 12 de julio de 1985 el magistrado De Vega tuvo su primer encuentro con un caso que afectaba al Ministerio del Interior del PSOE. El caso acabó con exculpación, tras un auto del que él fue ponente.
El diario El País había denunciado que miembros del Gobierno tenían acceso a documentos de los partidos gracias a la Brigada de Interior de la policía. Incluso, se relacionaba con el hecho de que el vicepresidente Guerra hubiera exhibido documentos de AP.
Tras la denuncia de AP y PCE, se iniciaron las investigaciones y se elevaron al Supremo por si podía procederse contra aforados. El auto de De Vega rechazó la competencia y devolvió el caso a un juzgado de Madrid.
El caso fue archivado finalmente por la Audiencia Provincial de Madrid el 26 de julio de 1989. Este auto de archivo se amparaba en la resolución del Supremo, redactada por De Vega, y afirmaba en su fundamento jurídico primero: «No cabe la menor duda de que el Ministerio del Interior ha extremado su cometido (en su función de captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para la seguridad pública) a límites que sintonizan poco con la realidad jurídica de un Estado de derecho, sin embargo esta cuestión ya fue sometida a la competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo... y el alto tribunal no halló responsabilidad criminal por los hechos».
EXCULPACION DE BALLESTEROS
En diciembre de 1994 otra sentencia de la que era ponente José Augusto de Vega absolvía al comisario Manuel Ballesteros.
Trece años después de que tres confidentes de la policía española quedaran en libertad tras cruzar ilegalmente la frontera desde Francia, por orden del comisario Manuel Ballesteros, el Supremo anuló la condena que le habían impuesto por ser los mismos hechos que ya fueron juzgados en otro caso.
El 23 de noviembre de 1980, tres personas cruzaron violentamente la frontera franco-española por Hendaya, sin documentación, en un coche robado y con matrícula falsa. Dijeron que eran confidentes de la policía, dieron un número de teléfono de Madrid y poco después fueron puestos en libertad, tras una orden telefónica de Manuel Ballesteros, sin que se les identificara, tomara declaración ni confeccionara un atestado sobre lo ocurrido.
Poco antes de esos hechos se había cometido un atentado contra el bar Hendayais, en la localidad francesa de Hendaya, en el que dos personas resultaron muertas y 10 heridas. El Batallón Vasco-Español se responsabilizó del atentado.
Ballesteros se negó siempre a facilitar el nombre de dichas personas y se limitó a decir que eran ciudadanos franceses.
EXCULPACION DE GUERRA
El magistrado De Vega también participó en la exculpación de Alfonso Guerra en el caso Filesa. En marzo de 1995, De Vega, Enrique Ruiz Vadillo y Luis Román Puerta firmaron un auto en el que rechazaban la petición de Barbero de pedir el suplicatorio de Guerra.
OTROS CASOS
Como magistrado de la Sala Segunda, De Vega ha intervenido en multitud de casos, siendo los más llamativos los que afectan a políticos. En 1995 formó parte de la sala que condenó a seis años a Juan Hormaechea. Ese año presidió el juicio que concluyó con la condena a ocho años de inhabilitación al ex consejero de Aznar en Castilla y León Miguel Pérez Villar, del PP.
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