viernes, 2 de octubre de 2009

SEGÚN LOS CRITERIOS DEL FISCAL, LOS ALCALDES SOCIALISTAS DE CHICLANA HABÍAN PREVARICADO DESDE 1983 - 16 AÑOS

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Cortoletraje

Introito

http://montoro.cuadernosciudadanos.net/faroles/2008/11/11/segun-el-criterio-del-fiscal-los-alcalde/

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Y sigue el texto de la denuncia: "Al no concluirse los trámites de los expedientes sancionadores en materia urbanística, y quedar aquellos sin resolver, devenían muertas las ilegalidades urbanísticas contenidas en los mismos, sin que se actuara por parte de los poderes públicos, ni por la propia Administración Local, ni por instancias superiores con competencia en la materia, La sensación de impunidad, y el efecto llamada que esta "NO actuación" de la Administración ha provocado en nuestra localidad es clara: 30.000 viviendas ilegales según datos referidos en prensa por Ángel Núñez, Fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo. Ello ha lastrado de forma irreparable el desarrollo urbanístico de la ciudad y ha provocado un profundo problema social al haberse impuesto "de facto" una situación de impunidad respecto de las infracciones urbanísticas que han disparado dichas ilegalidades por todo el término municipal. Con lo que se podría haber incurrido en su caso, en la comisión de delitos medioambientales". Como ya hemos dicho, según el mencionado fiscal, puede colegirse asimismo un delito de prevaricación por omisión.

Como consecuencia de esta negligencia y de la dejadez de funciones de los concejales y alcaldes del PSOE, el PP ha estimado en 100 millones de euros el perjuicio ocasionado a Chiclana por los gerifaltes socialistas. 10 millones en calidad de las sanciones no recaudadas y el resto en calidad de impuesto municipal de construcciones y obras así como la recaudación de las licencias municipales de obras y de primera ocupación.

El PP solicitó de la Fiscalía la incoación de diligencias de investigación para el esclarecimiento e los hechos advirtiendo de su posibilidad de interponer una querella incluso ante el Tribunal de Cuentas, contra las personas y por los hechos constitutivos de delito que resultaran de tal investigación.

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