La Televisió de Catalunya debe dirigirse a todos los catalanes
La esperada Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no será una realidad en julio, como estaba previsto tras el pacto alcanzado la semana pasada por el tripartito y CiU. El grupo parlamentario del PP ha decidido llevar el proyecto de ley al Consell Consultiu al considerar que la propuesta puede ser inconstitucional.De esta forma, la norma no será aprobada al menos hasta el próximo otoño. Un retraso, sin embargo, asumible si de lo que se trata es que los medios de comunicación de la Generalitat no excluyan a una parte de los catalanes. El aspecto conflictivo del texto pactado por el tripartito y CiU es el que se refiere a la lengua.Según el artículo 23 de la propuesta, la lengua institucional de todos los canales y de toda la actividad de TV3, Catalunya Ràdio y el resto de medios dependientes de la Generalitat es el catalán. Para el PP, este aspecto de la norma puede ser inconstitucional, puesto que la televisión de todos sólo utilizará una de las dos lenguas oficiales en Cataluña. Aunque se pueda aceptar que los informativos, por ejemplo, se emitan en catalán, ya que uno de los objetivos de TV3 y Catalunya Ràdio es la normalización de esta lengua, el castellano también debería formar parte habitual de su programación. O, al menos, no deberían existir los documentos internos que invitan a los directores y presentadores de los diferentes programas a no hacer entrevistas en castellano. Recordemos, por ejemplo, las críticas que se realizaban a Andreu Buenafuente por la excesiva castellanización de su programa. Los medios de comunicación de la Generalitat deben reflejar la pluralidad de Cataluña. Las lenguas sirven para comunicar no para enfrentarse, aunque algunos no sigan esta premisa de tanto sentido común.
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Puntos básicos de la norma
El documento, pendiente de aprobación tras una larga travesía de enmiendas y parones electorales, dibuja el mapa audiovisual público
Éste es el último retraso que ha sufrido la aprobación de la ley de la Corporació Catalana de Ràdio y Televisió (CCRTV). La norma, en negociación desde hace un par de años, ha vivido constantes parones marcados por las continuas elecciones celebradas en Cataluña y las desavenencias entre partidos.
Esta nueva ley sustituirá a la de 1983. Es, además, uno de los objetivos del mandato de Joan Majó como director general de la CCRTV, quien abandonará el cargo cuando entre en vigor. Junto a la Ley Audiovisual aprobada en diciembre de 2005, que otorgaba potestades sancionadoras al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) como el poder de multar a una radio o televisión con el cese total de las emisiones, este texto dibuja el nuevo escenario de los medios públicos catalanes. Éstos son algunos de los puntos más importantes de la proposición de ley, pendiente de aprobación: Nuevo nombre. La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) pasa a denominarse Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Así, el Ente Público ya no se limita a la radio y la televisión, sino que abarca Internet o las producciones para teléfono móvil, por ejemplo, campos que Majó ha potenciado durante su mandato. La ley se adapta, así, a los «profundos cambios» que ha sufrido el sector audiovisual catalán y generaliza su nombre «en previsión» de los que se puedan producir en el futuro.
Organos de gobierno. La CCMA contará con un Consell de Govern y su presidente, un director general y un Consell Assessor de Continguts i Programació. La ley no delimita de una manera clara dónde acaban y dónde empiezan las funciones de todos estos cargos.Esta ambigüedad preocupa a Joan Majó, que afirmó hace semanas que se deberían delimitar mejor las responsabilidades de cada uno de los consejos directivos. El texto también incluye el polémico punto por el que el CAC participa en el nombramiento de los miembros del Consell de Govern. Este órgano estará compuesto finalmente por 12 miembros, tras el acuerdo suscrito entre CiU y los miembros del tripartito.
Funciones del CAC. El documento refuerza el aumento de funciones del CAC que ya preveía la Ley Audiovisual aprobada en diciembre de 2005. Además de participar en la elección de los miembros del Consejo, mantendrá su potestad de evaluación del cumplimiento de las funciones de servicio público y deberá ser informado del contrato-programa que suscriba el Govern con la Corporació.
Programación. La programación de los medios públicos debe equilibrar espacios informativos, culturales, educativos y de entretenimiento, aunque la ley no marca un porcentaje obligatorio para cada caso.Sí lo hacía el documento de trabajo inicial. En cambio, exige que el 51% del tiempo de emisión anual debe dedicarse a la difusión de obras europeas. La mitad de este porcentaje, como mínimo, será para programar piezas catalanas.
El idioma. La lengua «institucional» de todos los canales y contenidos de la CCMA es el catalán.
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PARLAMENT / Los 'populares' llevarán al Consell Consultiu el proyecto legislativo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / Consideran «preocupante» que «la tele de todos sólo use el idioma de unos»
El PP ve inconstitucional la ley que impone el catalán como «lengua institucional» de TV3
BARCELONA.- El tripartito y CiU consiguieron el viernes pasado, después de muchos meses de deliberación y desacuerdos, desbloquear el proyecto de ley que debe regular el funcionamiento de la televisión y la radio públicas de Cataluña. Pero la intervención del PP retrasará el acuerdo, ya que los populares decidieron ayer llevar ese pacto al Consell Consultiu al considerar que la propuesta puede ser inconstitucional.
Los populares no ven nada claros dos de los aspectos contenidos en la propuesta de regulación de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que vendrá a sustituir a la actual Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), el ente público que engloba a TV3 y Catalunya Ràdio entre otros medios de comunicación dependientes de la Generalitat.
El primer punto de conflicto es de carácter lingüístico: «La lengua institucional de todos los canales y de toda la actividad relacionada con la producción, la emisión y la difusión de contenidos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es el catalán», indica el artículo 23 de la propuesta.
«La lengua sólo de unos»
Para el portavoz del PP en el Parlament, Francesc Vendrell, es «preocupante» que «la televisión de todos sólo use la lengua de unos». El diputado aseguró que este precepto puede ir en contra de la Constitución, pero también que «va más allá de lo que dice el nuevo Estatut» por excluir el castellano de los medios de comunicación públicos en Cataluña.
Ante estas dudas sobre la adecuación del proyecto de ley a la Constitución, el PP ha decidido llevarlo al Consell Consultiu, que es el órgano encargado de determinar si las normas que elabora el Parlament se ajustan o no al ordenamiento jurídico. La intervención del Consultiu retrasará la aprobación de la ley, como mínimo, hasta el próximo septiembre, ya que el Consell dispone de un mes para elaborar el dictamen.
Además, el PP cree que el sistema de elección de los miembros del Consejo de Gobierno de la Corporació previsto en el proyecto, también puede ir en contra de la Constitución. El acuerdo alcanzado entre el tripartito y CiU prevé que este órgano directivo esté compuesto por 12 consejeros, que serán elegidos por el Parlament a propuesta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).
El CAC es el órgano que se encarga de fiscalizar los contenidos emitidos por los medios de comunicación audiovisuales para que cumplan los requisitos establecidos en las leyes y los principios de la ética periodística. Para el PP, «no es lógico que quien proponga sea quien controla», según explicó Vendrell ayer en el Parlament, pues con este sistema el CAC se convertiría en algo así como un juez, al elegir primero a los directivos de la Corporació y al controlar después su actuación.
El tripartito no disimuló ayer su disgusto por el hecho de que la decisión del PP retrase de nuevo la aprobación de la ley de la Corporació. Fuentes del PSC mostraron su sorpresa por la decisión de los populares y aseguraron que durante la tramitación en la ponencia parlamentaria «no mostraron su desacuerdo con el proyecto».El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, afirmó que su partido se ha quedado «perplejo» ante la actitud del PP, porque parecía que respetaba «el acuerdo para que fuese el Parlament quien eligiese a los miembros del Consejo de la Corporació», que recoge el proyecto impugnado.
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Izquierda liberal, Antonio Robles
Ley contra justicia en Cataluña
Era evidente que ese artículo 23 convertía al castellano en una lengua extranjera y al catalán en el único idioma oficial a todos los efectos.
Durante los últimos seis meses he asistido a la ponencia del proyecto de la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals como portavoz de mi grupo parlamentario. Desde el principio me opuse firmemente al apartado 3 del artículo 23 que consagraba al catalán como único idioma institucional de TV3 y Catalunya Radio: "La lengua institucional de todos los catalanes y de toda la actividad relacionada con la producción, la emisión y la difusión de contenidos de la Corporación Catalana de Medios audiovisuales es el catalán."
Ley contra justicia. No hay nada que interpretar; mis cinco compañeros de ponencia de ERC, ICV, PSC, CiU no vieron en ello problema alguno, como si fuera lo más natural del mundo y el PPC no dijo nada hasta que me opuse firmemente a que tal redactado prevaleciera. Era evidente que ese artículo 23 convertía al castellano en una lengua extranjera y al catalán en el único idioma oficial a todos los efectos.
Comprobada la oposición firme de Ciudadanos, el Partido Popular optó por pedir que se retirara el redactado. Nuevamente me opuse. Si se retiraba el artículo y no se hacía mención a la lengua, se aplicarían tanto la Ley de política lingüística como el Estatuto, en especial el artículo 6.1 donde consagra al catalán como la lengua propia de Cataluña e institucionaliza su uso como única lengua. Por defecto, se seguiría obviando al castellano en TV3 y Catalunya Radio como hasta ahora. El Partido Popular de Cataluña, sin embargo, se hizo a un lado para no mancharse en un tema que tanto irrita a sus futuros aliados de Unió Democrática y Convergencia.
Puestas las cosas así, introduje una enmienda al apartado 3, del artículo 23. Su redactado recuperaba la realidad lingüística de Cataluña: "Las lenguas institucionales de todos los catalanes y de toda la actividad relacionada con la producción, la emisión y la difusión de contenidos de la Corporación Catalana de Medios audiovisuales es el catalán, el castellano y el occitano en el Valle de Arán".
Los demás grupos no la aceptaron, pero no la retiré. Iría al pleno del Parlamento cuando se quisiera aprobar la ley y allí la defendería hasta que el rodillo de los nacionalistas nos pasase por encima, pero al menos haríamos público el abuso. Por lo demás, los demás grupos pactaron y coincidimos todos en llevarla definitivamente a pleno después de años de tramitación, incluido el PPC.
Y de pronto, ¿qué hace el Partido Popular? Llevarla al Consell Consultiu de la Generalitat. ¿Por qué? Han dado muchas razones varios de sus parlamentarios, pero ninguna había sido esgrimida durante las sesiones de las ponencias a excepción de las que había denunciado Ciudadanos. Que si sobrepasa la Constitución (Francesc Vendrell) que si convierte a la lengua catalana en la única lengua oficial de TV3 (Daniel Sirera), que si, que si, que si... pero lo único cierto es que el Partido Popular no podía permitir que Ciudadanos fuera en este terreno más radical.
Los demás grupos han montado en cólera. Joan Ferrán, con toda razón, ha dicho indignado que "es una forma mezquina de hacer política" y la representante de ICV, Dolors Camats, les acusaba de "deslealtad". No estoy de acuerdo con ellos políticamente, pero tienen razón; la política habría de hacerse de otra manera y sus formas habrían de ser más leales y éticas. Pero más allá de esto, habremos de sacar una lección que he visto repetida desde que empezó la legislatura. Un día después de que Ciudadanos hablara por primera vez en el Parlamento en castellano y anunciara que denunciaría la política lingüística de la Generalitat, el PPC de Piqué, el PP que en estos menesteres era tan complaciente con el catalanismo, se vuelve de pronto radical y presenta dos proposiciones de ley de modificación de la ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística sobre el derecho a estudiar en la lengua materna y contra la política de sanciones lingüísticas de la Generalitat.
Era el primer efecto de la presencia de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Como grupo parlamentario no podía presentar esas proposiciones de ley al no llegar a los cinco diputados necesarios, pero su presencia obligaba a los populares a no dejar ese espacio electoral a la intemperie. Hoy por hoy, sin Ciudadanos en el Parlamento, el Partido Popular de Piqué volvería a traicionar a sus electores castellanohablantes.
Desde entonces se ha acusado a Ciudadanos de no hacer labor parlamentaria, pero la realidad es muy otra. Los medios nos han enterrado en el Parlamento y nos vapulean fuera, pero yo sé que nuestra presencia allí está cambiando actitudes y dejando huella. Al tiempo.
La esperada Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no será una realidad en julio, como estaba previsto tras el pacto alcanzado la semana pasada por el tripartito y CiU. El grupo parlamentario del PP ha decidido llevar el proyecto de ley al Consell Consultiu al considerar que la propuesta puede ser inconstitucional.De esta forma, la norma no será aprobada al menos hasta el próximo otoño. Un retraso, sin embargo, asumible si de lo que se trata es que los medios de comunicación de la Generalitat no excluyan a una parte de los catalanes. El aspecto conflictivo del texto pactado por el tripartito y CiU es el que se refiere a la lengua.Según el artículo 23 de la propuesta, la lengua institucional de todos los canales y de toda la actividad de TV3, Catalunya Ràdio y el resto de medios dependientes de la Generalitat es el catalán. Para el PP, este aspecto de la norma puede ser inconstitucional, puesto que la televisión de todos sólo utilizará una de las dos lenguas oficiales en Cataluña. Aunque se pueda aceptar que los informativos, por ejemplo, se emitan en catalán, ya que uno de los objetivos de TV3 y Catalunya Ràdio es la normalización de esta lengua, el castellano también debería formar parte habitual de su programación. O, al menos, no deberían existir los documentos internos que invitan a los directores y presentadores de los diferentes programas a no hacer entrevistas en castellano. Recordemos, por ejemplo, las críticas que se realizaban a Andreu Buenafuente por la excesiva castellanización de su programa. Los medios de comunicación de la Generalitat deben reflejar la pluralidad de Cataluña. Las lenguas sirven para comunicar no para enfrentarse, aunque algunos no sigan esta premisa de tanto sentido común.
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Puntos básicos de la norma
El documento, pendiente de aprobación tras una larga travesía de enmiendas y parones electorales, dibuja el mapa audiovisual público
Éste es el último retraso que ha sufrido la aprobación de la ley de la Corporació Catalana de Ràdio y Televisió (CCRTV). La norma, en negociación desde hace un par de años, ha vivido constantes parones marcados por las continuas elecciones celebradas en Cataluña y las desavenencias entre partidos.
Esta nueva ley sustituirá a la de 1983. Es, además, uno de los objetivos del mandato de Joan Majó como director general de la CCRTV, quien abandonará el cargo cuando entre en vigor. Junto a la Ley Audiovisual aprobada en diciembre de 2005, que otorgaba potestades sancionadoras al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) como el poder de multar a una radio o televisión con el cese total de las emisiones, este texto dibuja el nuevo escenario de los medios públicos catalanes. Éstos son algunos de los puntos más importantes de la proposición de ley, pendiente de aprobación: Nuevo nombre. La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) pasa a denominarse Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Así, el Ente Público ya no se limita a la radio y la televisión, sino que abarca Internet o las producciones para teléfono móvil, por ejemplo, campos que Majó ha potenciado durante su mandato. La ley se adapta, así, a los «profundos cambios» que ha sufrido el sector audiovisual catalán y generaliza su nombre «en previsión» de los que se puedan producir en el futuro.
Organos de gobierno. La CCMA contará con un Consell de Govern y su presidente, un director general y un Consell Assessor de Continguts i Programació. La ley no delimita de una manera clara dónde acaban y dónde empiezan las funciones de todos estos cargos.Esta ambigüedad preocupa a Joan Majó, que afirmó hace semanas que se deberían delimitar mejor las responsabilidades de cada uno de los consejos directivos. El texto también incluye el polémico punto por el que el CAC participa en el nombramiento de los miembros del Consell de Govern. Este órgano estará compuesto finalmente por 12 miembros, tras el acuerdo suscrito entre CiU y los miembros del tripartito.
Funciones del CAC. El documento refuerza el aumento de funciones del CAC que ya preveía la Ley Audiovisual aprobada en diciembre de 2005. Además de participar en la elección de los miembros del Consejo, mantendrá su potestad de evaluación del cumplimiento de las funciones de servicio público y deberá ser informado del contrato-programa que suscriba el Govern con la Corporació.
Programación. La programación de los medios públicos debe equilibrar espacios informativos, culturales, educativos y de entretenimiento, aunque la ley no marca un porcentaje obligatorio para cada caso.Sí lo hacía el documento de trabajo inicial. En cambio, exige que el 51% del tiempo de emisión anual debe dedicarse a la difusión de obras europeas. La mitad de este porcentaje, como mínimo, será para programar piezas catalanas.
El idioma. La lengua «institucional» de todos los canales y contenidos de la CCMA es el catalán.
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PARLAMENT / Los 'populares' llevarán al Consell Consultiu el proyecto legislativo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / Consideran «preocupante» que «la tele de todos sólo use el idioma de unos»
El PP ve inconstitucional la ley que impone el catalán como «lengua institucional» de TV3
BARCELONA.- El tripartito y CiU consiguieron el viernes pasado, después de muchos meses de deliberación y desacuerdos, desbloquear el proyecto de ley que debe regular el funcionamiento de la televisión y la radio públicas de Cataluña. Pero la intervención del PP retrasará el acuerdo, ya que los populares decidieron ayer llevar ese pacto al Consell Consultiu al considerar que la propuesta puede ser inconstitucional.
Los populares no ven nada claros dos de los aspectos contenidos en la propuesta de regulación de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que vendrá a sustituir a la actual Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), el ente público que engloba a TV3 y Catalunya Ràdio entre otros medios de comunicación dependientes de la Generalitat.
El primer punto de conflicto es de carácter lingüístico: «La lengua institucional de todos los canales y de toda la actividad relacionada con la producción, la emisión y la difusión de contenidos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es el catalán», indica el artículo 23 de la propuesta.
«La lengua sólo de unos»
Para el portavoz del PP en el Parlament, Francesc Vendrell, es «preocupante» que «la televisión de todos sólo use la lengua de unos». El diputado aseguró que este precepto puede ir en contra de la Constitución, pero también que «va más allá de lo que dice el nuevo Estatut» por excluir el castellano de los medios de comunicación públicos en Cataluña.
Ante estas dudas sobre la adecuación del proyecto de ley a la Constitución, el PP ha decidido llevarlo al Consell Consultiu, que es el órgano encargado de determinar si las normas que elabora el Parlament se ajustan o no al ordenamiento jurídico. La intervención del Consultiu retrasará la aprobación de la ley, como mínimo, hasta el próximo septiembre, ya que el Consell dispone de un mes para elaborar el dictamen.
Además, el PP cree que el sistema de elección de los miembros del Consejo de Gobierno de la Corporació previsto en el proyecto, también puede ir en contra de la Constitución. El acuerdo alcanzado entre el tripartito y CiU prevé que este órgano directivo esté compuesto por 12 consejeros, que serán elegidos por el Parlament a propuesta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).
El CAC es el órgano que se encarga de fiscalizar los contenidos emitidos por los medios de comunicación audiovisuales para que cumplan los requisitos establecidos en las leyes y los principios de la ética periodística. Para el PP, «no es lógico que quien proponga sea quien controla», según explicó Vendrell ayer en el Parlament, pues con este sistema el CAC se convertiría en algo así como un juez, al elegir primero a los directivos de la Corporació y al controlar después su actuación.
El tripartito no disimuló ayer su disgusto por el hecho de que la decisión del PP retrase de nuevo la aprobación de la ley de la Corporació. Fuentes del PSC mostraron su sorpresa por la decisión de los populares y aseguraron que durante la tramitación en la ponencia parlamentaria «no mostraron su desacuerdo con el proyecto».El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, afirmó que su partido se ha quedado «perplejo» ante la actitud del PP, porque parecía que respetaba «el acuerdo para que fuese el Parlament quien eligiese a los miembros del Consejo de la Corporació», que recoge el proyecto impugnado.
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Izquierda liberal, Antonio Robles
Ley contra justicia en Cataluña
Era evidente que ese artículo 23 convertía al castellano en una lengua extranjera y al catalán en el único idioma oficial a todos los efectos.
Durante los últimos seis meses he asistido a la ponencia del proyecto de la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals como portavoz de mi grupo parlamentario. Desde el principio me opuse firmemente al apartado 3 del artículo 23 que consagraba al catalán como único idioma institucional de TV3 y Catalunya Radio: "La lengua institucional de todos los catalanes y de toda la actividad relacionada con la producción, la emisión y la difusión de contenidos de la Corporación Catalana de Medios audiovisuales es el catalán."
Ley contra justicia. No hay nada que interpretar; mis cinco compañeros de ponencia de ERC, ICV, PSC, CiU no vieron en ello problema alguno, como si fuera lo más natural del mundo y el PPC no dijo nada hasta que me opuse firmemente a que tal redactado prevaleciera. Era evidente que ese artículo 23 convertía al castellano en una lengua extranjera y al catalán en el único idioma oficial a todos los efectos.
Comprobada la oposición firme de Ciudadanos, el Partido Popular optó por pedir que se retirara el redactado. Nuevamente me opuse. Si se retiraba el artículo y no se hacía mención a la lengua, se aplicarían tanto la Ley de política lingüística como el Estatuto, en especial el artículo 6.1 donde consagra al catalán como la lengua propia de Cataluña e institucionaliza su uso como única lengua. Por defecto, se seguiría obviando al castellano en TV3 y Catalunya Radio como hasta ahora. El Partido Popular de Cataluña, sin embargo, se hizo a un lado para no mancharse en un tema que tanto irrita a sus futuros aliados de Unió Democrática y Convergencia.
Puestas las cosas así, introduje una enmienda al apartado 3, del artículo 23. Su redactado recuperaba la realidad lingüística de Cataluña: "Las lenguas institucionales de todos los catalanes y de toda la actividad relacionada con la producción, la emisión y la difusión de contenidos de la Corporación Catalana de Medios audiovisuales es el catalán, el castellano y el occitano en el Valle de Arán".
Los demás grupos no la aceptaron, pero no la retiré. Iría al pleno del Parlamento cuando se quisiera aprobar la ley y allí la defendería hasta que el rodillo de los nacionalistas nos pasase por encima, pero al menos haríamos público el abuso. Por lo demás, los demás grupos pactaron y coincidimos todos en llevarla definitivamente a pleno después de años de tramitación, incluido el PPC.
Y de pronto, ¿qué hace el Partido Popular? Llevarla al Consell Consultiu de la Generalitat. ¿Por qué? Han dado muchas razones varios de sus parlamentarios, pero ninguna había sido esgrimida durante las sesiones de las ponencias a excepción de las que había denunciado Ciudadanos. Que si sobrepasa la Constitución (Francesc Vendrell) que si convierte a la lengua catalana en la única lengua oficial de TV3 (Daniel Sirera), que si, que si, que si... pero lo único cierto es que el Partido Popular no podía permitir que Ciudadanos fuera en este terreno más radical.
Los demás grupos han montado en cólera. Joan Ferrán, con toda razón, ha dicho indignado que "es una forma mezquina de hacer política" y la representante de ICV, Dolors Camats, les acusaba de "deslealtad". No estoy de acuerdo con ellos políticamente, pero tienen razón; la política habría de hacerse de otra manera y sus formas habrían de ser más leales y éticas. Pero más allá de esto, habremos de sacar una lección que he visto repetida desde que empezó la legislatura. Un día después de que Ciudadanos hablara por primera vez en el Parlamento en castellano y anunciara que denunciaría la política lingüística de la Generalitat, el PPC de Piqué, el PP que en estos menesteres era tan complaciente con el catalanismo, se vuelve de pronto radical y presenta dos proposiciones de ley de modificación de la ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística sobre el derecho a estudiar en la lengua materna y contra la política de sanciones lingüísticas de la Generalitat.
Era el primer efecto de la presencia de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Como grupo parlamentario no podía presentar esas proposiciones de ley al no llegar a los cinco diputados necesarios, pero su presencia obligaba a los populares a no dejar ese espacio electoral a la intemperie. Hoy por hoy, sin Ciudadanos en el Parlamento, el Partido Popular de Piqué volvería a traicionar a sus electores castellanohablantes.
Desde entonces se ha acusado a Ciudadanos de no hacer labor parlamentaria, pero la realidad es muy otra. Los medios nos han enterrado en el Parlamento y nos vapulean fuera, pero yo sé que nuestra presencia allí está cambiando actitudes y dejando huella. Al tiempo.
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