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http://www.libertaddigital.com/sociedad/la-la-fiscalia-satisface-al-psoe-archivando-el-caso-de-los-1700-expedientes-de-chiclana-1276371963/
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Los 1717 expedientes fueron incoados entre 2003 y 2006 según el desglose anual siguiente:
AÑO NÚMERO EXPEDIENTES
2003 399
2004 428
2005 435
2006 455
Del total de expedientes sancionadores incoados, únicamente fueron comunicadas al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Chiclana un total de quince sanciones, correspondiendo una al año 2005, y catorce al año 2.006. En los años 2.003 y 2.004, con 110, no se envió al cobro ninguna sanción en materia urbanística.
De las quince sanciones urbanísticas puestas al cobro tan solo fueron cobradas diez, todas correspondientes al año 2006, y fueron datadas dos de las sanciones urbanísticas impuestas.
En la denuncia de los concejales del PP se recuerda que fue un hecho similar el que determinó la Operación Astapa en Estepona. También allí, bajo el mandado del socialista Antonio Barrientos, tuvo lugar presuntamente "el archivo masivo de infracciones urbanísticas, incluso en menor número que los datos que se aportan de Chiclana de la Frontera”.
José María Román Guerrero, otra vez alcalde socialista de Chiclana, se negó en cinco ocasiones a facilitar al PP la información de los expedientes archivados. Por ello, la concejala popular María Teresa Ruiz Sillero interpuso el 27 de febrero de 2007 un recurso especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona por la negativa del alcalde a suministrar dicha información. Por aquella información obtenida por sentencia judicial, se supo que la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana abrió 1.717 expedientes por infracciones urbanísticas en cuatro años, (2.003 a 2.006) y se procedió al archivo masivo de 1.702 de ellos.
Ahora la Fiscalía de Cádiz niega que existieran directrices por parte de los denunciados para que los expedientes se dejaran caducar ni de trato de favor en ninguno de los casos citados por los denunciantes" y se apoya en la falta de medios del Ayuntamiento para ejercer las facultades de disciplina urbanística propias.
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