La Fiscalía de Medio Ambiente investigará las obras ilegales del "caso Chiclana"

23:56h. del lundi, 12 février 2007.

laRepublica.es

La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha decidido abrir varias vías de investigación que ayuden a descubrir la posible existencia de un delito urbanístico que afectaría no sólo a la localidad, sino también a toda la Costa de la Luz. La intervención de la Fiscalía viene propiciada por las publicaciones que viene realizando El Economista desde el 29 de enero y en las que ha denunciado el caos urbanístico existente en la zona.

Las revelaciones hechas por este periódico en aquella ocasión hablaban de los casos de las "casitas" en pinares, tal y como las denominó el alcalde de Chiclana de la Frontera para tratar de menoscabar la importancia del asunto, aunque la realidad es que las "casitas" se correspondían con lujosos palacetes.

El fiscal que lleva el caso, Ángel Núñez, y que actúa bajo coordinación de la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha decidido abrir diligencias tras la oleada de denuncias presentadas por particulares y pequeños propietarios que denunciaban la existencia de 40.000 viviendas sin licencia en la comarca.

Fuentes próximas a la Fiscalía aseguran que "se está investigando tanto a promotoras como a constructores", y puntualizan que la línea en la que avanza la investigación no incluye un posible delito de cohecho por parte de las autoridades municipales, aunque contemplan la posibilidad de investigar esta situación en el futuro, aunque de momento no se han recibido denuncias al respecto.

Núñez presentó al TSJA un informe el año pasado en el que hacía hincapié en problemas como delitos urbanísticos, daños a la naturaleza por acción humana o atentados al patrimonio histórico. Javier Romera y Cristina Caballero, en su información de éste lunes de El Economista, publicaban que el TSJA advirtió ya en el mes de octubre que las viviendas levantadas ilegalmente estaban emplazadas en zonas expuestas a un elevado riesgo de sufrir desastres naturales como inundaciones.

Según la Fiscalía la abundancia de casas ilegales, un fenómeno que sigue en plena expansión, se debe a la impunidad que reina en la costa gaditana, propiciada por débiles resoluciones contra los propietarios de las mismas, la falta de recursos en los juzgados y la "absoluta renuncia" que hace la Audiencia Provincial "a decretar la demolición de lo construido ilícitamente". Así, en 2005, Cádiz se convirtió en la provincia andaluza donde más diligencia se abrieron por asuntos de esta naturaleza, 102, más del doble que en Málaga, por ejemplo, pese a la repercusión mediática que la corrupción urbanística tuvo en esta provincia.

Todo esto, amén de otros atenuantes, ha podido contribuir al hecho de que Cádiz se haya convertido en la provincia de Ancalucía con mayor número de accidentes laborales en el sector de la construcción.

Desde la Fiscalía sostienen que "se trata de edificaciones que se realizan sin proyecto ni dirección técnica, careciendo de medidas de seguridad y sin la reglamentación necesaria sobre salud laboral o higiene".

Por su parte, el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, pidió la intervención de la Agencia Tributaria por las sospechas de que se confirme la trama de delitos urbanísticos en Chiclana de la Frontera, y demandó al Ayuntamiento de la localidad que cortase los servicios a las viviendas ilegales y evitase que se firmasen nuevos contratos.

"Reconozco que es una medida difícil de llevar a cabo en la práctica con las viviendas de uso habitual, pero si se puede hacen las segundas residencias. Lo que no se puede permitir es que las construcciones ilegales puedan disponer de los mismos servicios que las legales".

Ante el alboroto que han provocado las informaciones de El Economista, la Junta de Andalucía ha decidio llevar a cabo un plan de recalificaciones masivas en la localidad para paliar el escándalo.

El alcalde, el socialista José María Román, íntimamente unido al presidente Manuel Chaves, propuso la recalificación de los terenos, pero el TSJA paralizó el proyecto.

Ahora la Junta de Chaves ha mediado para que se pueda seguir adelante con estos planes, al contrario que cuando las propuestas provienen de otro partido, utilizando en estos casos su poder para retirar competencias y hacer gestoras. Si el plan sale adelante se recalificarán en total unos 14,5 millones de metros cuadrados para reconvertir las fincas, de momento rústicas, en urbanizables.

Izquierda Unida por su parte también se ha visto involucrada en el caso, aunque de forma distinta a como le ha ocurrido al PSOE. El portavoz municipal de Izquierda Unida en Chiclana, José Pedro Butrón, denunció este domingo ser objeto de una campaña de ignominia desde el entorno del PSOE, asegurando haber recibido amenazas de muerte y agresiones tras denunciar las irregularidades urbanísticas que acaecen en el término municipal.

"Si me pasa algo a mí o a alguien de mi entorno, los haré responsables a ellos", dijo refiriéndose al PSOE, de quien aseguró que estaba "colocando una diana sobre mí y esa es la misma actitud que tienen los batasunos del País Vasco". Entretanto el PSOE ha anunciado que presentará una querella criminal por calumnias contra José Pedro Butrón.

Desde Izquierda Unida se rechaza "el camino tomado por parte del PSOE en todo este asunto ya que, en lugar de asumir y rectificar las graves mentiras llenas de demagogia del concejal d urbanismo en último pleno y en una rueda de prensa días más tarde, ha optado por seguir atacando al candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía".

Según la coalición IU-CA, al alcalde Román "la ciudad se le ha ido de las manos por su ineficacia y por las irregularidades denunciads, y ahora se intenta echar la culpa de todos los problemas, presentes y futuros, a los que nada tienen que ver con los mismos. Se intenta crispar la ciudad y el ambiente con acusaciones falsas y con mucha mala leche".

Pero todas las irregularidades que se están cometiendo en Chiclana y que ha sacado a la luz El Economista no son únicamente responsabilidad del actual consistorio. Lo que, en ámbitos políticos, a pasado ya a conocerse como el clan de Chiclana es lo que ha permitido que se edifiquen sin licencia esas 40.000 viviendas.

Además de José María Román habría que incluir en dicho clan a los ex alcaldes Sebastián Saucedo (hoy subdelegado del Gobierno), Manuel Jiménez Barrios (secretario general para la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte), José de Mier (delegado de la Zona Franca de Cádiz) y a José Antonio Gómez Periñán, ex concejal y actual delegado del Gobierno andaluz en Cádiz.

Aunque hay dos casos que destacan. Uno es el del ex alcalde José Mier, durante cuyo mandato se dio el brote de irregularidades, y que luego pasó a ser delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas y responsable provincial de urbanismo.

El otro es el de Manuel Jiménez Barrios, relacionado también con el escándalo de Climo Cubiertas SA, empresa de Antonio José Chaves, hermano del presidente de la Junta.

Diversas asociaciones ecologistas llevan tiempo denunciando el caos urbanístico de la zona.

Greenpeace, en su último informe sobre la costa andaluza, indicaba que esta región acogía más de 30.000 viviendas construidas ilegalmente y que se pretendía revisar los planes urbanísticos para poder legalizar la mayoría de estas viviendas.

Asimismo indicaba la pretensión de edificar 100.000 nuevas viviendas en un plazo de 15 años pese a que la mitad de los municipios gaditados estaban revisando sus planes de ordenación urbana.

Por su parte, Agaden, que junto con IU-CA son las principales voces críticas ante las irregularidades de Chiclana, informaba en 2004 de que se estaba parcelando y construyendo en suelos no urbanizables de la provincia y destacando el reducido tamaño de las parcelas, lo que contribuye al hacinamiento y la degradación del territorio.

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