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Euskadi. Manifiesto en aras de un Proceso de Paz. Condiciones básicas. Ismael Moreno. El juez que colabora con la tortura. »
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13 sólidos argumentos para rechazar
Educación para la Ciudadanía
1. Es innecesaria y además roba horas de estudio a otras materias que nuestros hijos deben estudiar y conocer mejor, puesto que España con leyes como la LOGSE y la LOE destaca en Europa por su alto fracaso escolar y el bajo rendimiento de los alumnos, que no están en condiciones de compararse con los de los países de nuestro entorno.
2. Ningún gobierno verdaderamente democrático puede imponer valores que no estén recogidos en la Constitución o en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es decir, que no son comunes a toda la sociedad. Esta actitud es propia de las dictaduras.
3. La formación en valores debería haberse implantado en todo el sistema educativo, en todos los cursos y asignaturas, pero de forma transversal. Porque nuestros hijos han de aprender a apreciar los valores democráticos en todos los cursos y en todas las asignaturas. ¿Acaso en matemáticas vale la injusticia o la intolerancia?
4. No se comprende, salvo por el sectarismo del Gobierno, la diferencia de trato entre la EpC–obligatoria para todas las familias- y la enseñanza de la Religión –solicitada mayoritariamente por la sociedad española y donde cada familia puede elegirla o rechazarla conforme a sus propias convicciones-
5. Tras la irreversibilidad de la decisión de las autoridades educativas de implantar como obligatoria y evaluable esta asignatura, debemos exigir que sus contenidos se ajusten a las necesidades de los escolares y que se correspondan con la voluntad de las familias, pues de lo contrario podría dar lugar a serios conflictos (inestabilidad y esquizofrenia en el menor) entre aquellos valores que se enseñan en casa y los que imparte el colegio, que podrían entrar en colisión. En este caso, debemos recordar que siempre tienen que prevalecer los de la familia, conforme al artículo 27.3 de la Constitución.
6. Hemos solicitado al Gobierno que la EpC fuera fruto del consenso, haciéndole una propuesta concreta por escrito, que también se envió al resto de las fuerzas políticas parlamentarias y a todas las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el Ministerio ni siquiera ha tenido la dignidad de contestar. Y así quieren que se eduquen nuestros hijos.
7. Las familias con las convicciones y creencias que demuestra la gran mayoría de la sociedad no pueden admitir que lo legal o lo políticamente correcto coincide con lo verdadero y con lo justo.
8. La Educación para la Ciudadanía supone un grave perjuicio en la educación de nuestros hijos cuando pretende imponer “valores oficiales”, en lugar de aquellos que creemos son comunes a toda la sociedad: la verdad, la solidaridad, la justicia, el respeto, el asociacionismo, el valor del trabajo y del esfuerzo, la honestidad política social o individual, etc.
9. CONCAPA apuesta porque los alumnos conozcan y ejerciten los derechos y obligaciones que les corresponden como ciudadanos y los que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero considera necesario que se respete la libertad de conciencia y losderechos de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
10. La misión del Estado no es transmitir valores sino apoyar a las familias y facilitar su derecho a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.
11. Si se trata de hacer buenos ciudadanos no se entiende la ausencia de referencias a la honradez, la honestidad, la verdad y la sinceridad en el ejercicio de las funciones públicas. En cambio, sí se hace hincapié en los contenidos relativos a las relaciones humanas, la educación afectivo-emocional, el relativismo, etc.
12. Resulta incomprensible que no exista una sola referencia al valor del trabajo o a la importancia del movimiento obrero en la construcción de las sociedades democráticas. Una prueba más de que no hay interés alguno en difundir valores sociales, sino en impartir lo que se ha conocido como la “teoría del género”.
13. Igualmente sorprende que la presencia ciudadana en la actividad social, y en particular el asociacionismo, que nuestra Constitución reconoce como elemento fundamental de participación de la sociedad, no tenga ninguna consideración.
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