1. Engaño con las cifras. Grecia presentó estadísticas falseadas para entrar en la eurozona y ha seguido haciéndolo hasta octubre de hace un par de años, una forma de encubrir el desorbitado déficit público. Después de reconocer el juego sucio, el Gobierno de Yorgos Papandreu creó la Agencia de Estadística Helena.
2 Fraude fiscal generalizado. Se trata de una epidemia que se extiende por todos los estratos de la sociedad. Más de 50 médicos trabajando en sus consultas privadas en el barrio más caro de Atenas declararon menos de 12.000 euros anuales en 2010. El caso del sector turístico es, quizá, el más llamativo. En una inspección de Hacienda durante este verano se descubrió que ningún hotel de la isla de Rodas cobraba el IVA correctamente. Y en la isla de Mikonos tampoco lo hacían 103 establecimientos de los 140 existentes.
3. Pensiones más que vitalicias. El director de la Seguridad Social declaró que desde el año 2000 el Estado ha perdido entre siete y ocho mil millones de euros en pensiones a jubilados fallecidos, de cuya muerte, no notificada, se beneficiaron parientes y conocidos. La investigación sobre los nacidos antes de 1920 reveló que 1.473 difuntos seguían cobrando las prestaciones.
4. Sector público sobredimensionado. En un país de 12 millones de habitantes el Estado se hace cargo de 900.000 empleados. Tesalónica, la segunda ciudad del país, fue capital europea de la cultura en 1997, con un organismo que controlaba actividades y gastos. En 2010 dicho organismo seguía funcionando.
5. Corrupción cotidiana. El «sobrecito» es un recurso omnipresente en la sociedad griega. Sirve para usos tan variopintos como acelerar la concesión de una licencia de obras, cambiar las sábanas del enfermo en un hospital público o evitar una multa de Hacienda. El inspector general de la Administración Pública sancionó el año pasado a 50 cirujanos del hospital ateniense Yenimatas por cobrar hasta 5.000 euros extra por cada paciente que se operaba saltándose la lista de espera.
6. Cohecho institucional. El ministro de Finanzas tuvo que despedir en mayo de 2010 a 20 inspectores de Hacienda por ineficacia y a 70 empleados a quienes se encontró una media de 1,2 millones de euros de patrimonio inmobiliario, mientras que su salario no superaba los 50.000 euros anuales.
7. Reformas incumplidas. La reducción del sector público prometida en octubre de 2009 aún no ha comenzado. Se espera que el 1 de noviembre y, por presión asfixiante de la troika, se den a conocer los nombres de los 30.000 funcionarios que pasarán a la «reserva laboral» anterior al despido hasta finales de este año.
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