OCULTOS EN LOS PRESUPUESTOS DE 2012
La Junta vuelve a ocultar el coste de su administración paralela
La transparencia vuelve a brillar por su ausencia en los Presupuestos de 2012 de la Junta de Andalucía.
En los Presupuestos para 2012, la Junta de Andalucía incluye un anexo al mismo titulado Informe de evaluación de impacto de género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde informa del personal al servicio de la administración general, educación y sanidad, incluyendo a los altos cargos de la misma. Pero el informe oculta el análisis del número y componentes de la llamada administración paralela. Tan sólo se remite a un estudio sobre los directivos de los entes públicos empresariales al que titula Análisis del personal directivo de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público y entidades asimiladas.
Este ocultismo de Griñán hace que los andaluces, que son, en último término, quienes pagan esta administración paralela no sepan cuántos miles la componen, ni por categorías, ni por grupos, ni a cuánto asciende su costo como capítulo I ahora que se integran en las agencias empresariales creadas ex profeso para ellos, y en las que se integran como laboral de agencia, a los que Griñán, además, pretende aplicar el estatuto básico del empleado público equiparándolos así en derechos al resto del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía que ha pasado por una oferta pública de empleo.
Esta ocultación de datos no es nueva. El gobierno de Griñán nunca ha dado los datos de su administración paralela, ni cuando publicó los Decretos-Ley 5/2010 y 6/2010, ni cuando tramitó por el parlamento de Andalucía la conversión en Ley de los anteriores Decretos-Ley como Ley 1/2011. Tan solo a través de los informes de la Cámara de cuentas nos hemos ido enterando de cuánto personal compone esta administración paralela, en el que entre empresas públicas, agencias y fundaciones había en torno a 25.980 contratados en 2008 y cuyas nóminas ascendían a 909 millones de euros.
Esta administración paralela está resultando un lastre letal para la economía de Andalucía, según el PP. La duplicidad administrativa es una señal de identidad del gobierno del PSOE en Andalucía, y es, además, una administración que escapa, en demasiadas ocasiones, a los controles de la intervención de la Junta de Andalucía (como se ha demostrado en el caso de los ERE) y al del Parlamento. A esto se añade el hecho dramático que cada uno de ellos cuesta a los andaluces 4.015 euros más al año que un funcionario o un laboral, casi 86 millones de euros en total.
Seguramente, el Gobierno de Griñán, más acostumbrado al derroche que al recorte, no acierta nunca con las tijeras.
A continuación publicamos, en exclusiva, los datos relativos al personal al servicio de la Junta de Andalucía. Primero los de la estructura de la Junta y abajo, los relativos al personal educativo y sanitario.
En los Presupuestos para 2012, la Junta de Andalucía incluye un anexo al mismo titulado Informe de evaluación de impacto de género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde informa del personal al servicio de la administración general, educación y sanidad, incluyendo a los altos cargos de la misma. Pero el informe oculta el análisis del número y componentes de la llamada administración paralela. Tan sólo se remite a un estudio sobre los directivos de los entes públicos empresariales al que titula Análisis del personal directivo de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público y entidades asimiladas.
Este ocultismo de Griñán hace que los andaluces, que son, en último término, quienes pagan esta administración paralela no sepan cuántos miles la componen, ni por categorías, ni por grupos, ni a cuánto asciende su costo como capítulo I ahora que se integran en las agencias empresariales creadas ex profeso para ellos, y en las que se integran como laboral de agencia, a los que Griñán, además, pretende aplicar el estatuto básico del empleado público equiparándolos así en derechos al resto del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía que ha pasado por una oferta pública de empleo.
Esta ocultación de datos no es nueva. El gobierno de Griñán nunca ha dado los datos de su administración paralela, ni cuando publicó los Decretos-Ley 5/2010 y 6/2010, ni cuando tramitó por el parlamento de Andalucía la conversión en Ley de los anteriores Decretos-Ley como Ley 1/2011. Tan solo a través de los informes de la Cámara de cuentas nos hemos ido enterando de cuánto personal compone esta administración paralela, en el que entre empresas públicas, agencias y fundaciones había en torno a 25.980 contratados en 2008 y cuyas nóminas ascendían a 909 millones de euros.
Esta administración paralela está resultando un lastre letal para la economía de Andalucía, según el PP. La duplicidad administrativa es una señal de identidad del gobierno del PSOE en Andalucía, y es, además, una administración que escapa, en demasiadas ocasiones, a los controles de la intervención de la Junta de Andalucía (como se ha demostrado en el caso de los ERE) y al del Parlamento. A esto se añade el hecho dramático que cada uno de ellos cuesta a los andaluces 4.015 euros más al año que un funcionario o un laboral, casi 86 millones de euros en total.
Seguramente, el Gobierno de Griñán, más acostumbrado al derroche que al recorte, no acierta nunca con las tijeras.
A continuación publicamos, en exclusiva, los datos relativos al personal al servicio de la Junta de Andalucía. Primero los de la estructura de la Junta y abajo, los relativos al personal educativo y sanitario.
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