LA FISCALÍA DE MADRID AVISO DE QUE SITEL ATACA LA CONSTITUCIÓN

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Sólo debe utilizarse para delitos graves

A esto añade que el uso de SITEL debe ser para investigar graves delitos porque si se emplea para delitos menores se desembocaría en "el generalizado quebranto de derechos fundamentales de la persona sin justificación posible".

El fiscal hace todo un repaso de la normativa vigente en el momento de elevar la consulta a la Fiscalía y concluye que esta "resulta insuficiente para una eficaz protección de los derechos civiles de los ciudadanos y la intimidad de los clientes y usuarios de telefonía móvil".

En su opinión, el uso de estas herramientas sin la autorización expresa del Parlamento mediante Ley Orgánica y sin un eficaz control judicial es un ataque frontal al artículo 18 y 24 de la Constitución y un abandono del Estado de Derecho".

Admite que SITEL puede ser "un eficaz medio" para combatir la criminalidad pero recalca que el Estado de Derecho "exige la legalidad y la proporcionalidad de los medios utilizados en la investigación". En este sentido, subraya que este sistema "rompe con el diseño de todo el sistema de garantías" desarrollado por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional.

Considera que este tipo de interceptaciones puede suponer una "invasión en la intimidad" que supere las "exigencias del proceso". Por lo que cree necesaria la "valoración judicial" y para ello estima "ineludible formar a nuestros jueces y fiscales en las posibilidades que ofrece SITEL".

El teniente fiscal de Madrid no ha recibido ninguna respuesta de la Fiscalía General del Estado en relación con esta consulta que elevó en 2006, tal y él mismo como ha confirmado a Europa Press. Pedro Martínez explicó a Europa Press que en aquel momento, incluso algunas compañías, que manifestaron su temor por una normativa que no veían clara, se ofrecieron a impartir unos cursos a jueces y fiscales para que conocieran de primera mano las posibilidades de SITEL.

Pedro Martínez insistió en la necesidad de regular la interceptación de las comunicaciones mediante Ley orgánica porque, dijo, "afecta a derechos fundamentales".