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El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Llamar caudillo a un presidente del Gobierno, señor presidente…
El señor PRESIDENTE: No es un debate que llegue hasta ese punto, según el criterio del presidente, que es el que dirige los debates y no ustedes. Yo soy buen presidente no solo cuando les doy la razón, también cuando se la quito. ¿Queda claro? (El señor Atencia Robledo: Tiene muy mal talante.—Rumores.) Están ustedes muy mal acostumbrados. (Un señor diputado: ¡Muy bien! —Aplausos.) El presidente es presidente de todos cuando les da la razón a unos y a otros. (El señor Fernández Díaz: Esto no es un colegio para que nos grite.) Por esa vía no obtendrán nada, se lo garantizo.
Adelante, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera empezar esta intervención agradeciendo la presencia de personas, entidades y asociaciones que son expresión y muestra precisamente de lo que ha sido, de lo que es y de lo que representa la memoria y la lucha contra el franquismo.
Esta iniciativa que presenta nuestro grupo es una proposición de ley que intenta ordenar las políticas públicas por la recuperación de la memoria democrática, de la memoria histórica. Se presenta y se discute hoy porque nos interesa que el compromiso del Gobierno y del Congreso sea realidad. Por tanto, lo menos relevante hoy seguramente sea el voto; en cambio, lo más importante son las explicaciones en torno a los compromisos en el tiempo, en las formas y en los contenidos. El compromiso temporal, porque es cierto que esta ley de la memoria lleva mucho tiempo de retraso, más de un año a partir de cuando se tenía que haber presentado; y un compromiso en la orientación, haciendo que esa ley de la memoria sea a favor de las políticas públicas por la recuperación de la memoria republicana y demócrata, por la memoria de los que lucharon contra la dictadura, y no una ley equidistante entre fascistas, franquistas y los que hicieron que la democracia fuese una realidad. La propuesta se hace, por tanto, desde la convicción —escuchen bien— de que fue imprescindible el perdón y la reconciliación, porque sin perdón y sin reconciliación difícilmente hoy serían realidad los valores de la II República, pero entendiendo que perdón y reconciliación deben significar al mismo tiempo memoria democrática y memoria civil. Lo decía el señor Llamazares hace apenas dos semanas con la proposición de ley: Este año tiene que ser el año de la memoria.
Así, lo cierto es que en este país las cosas no funcionan del todo bien. Llevamos más de un cuarto de siglo de democracia y algunas encuestas arrojan datos más que preocupantes. Imagínense que un 56 por ciento de la ciudadanía muestra indiferencia —escuchen bien— por la figura del dictador, y la indiferencia ante un dictador tan solo puede ser fruto del desconocimiento. El problema, por tanto, no fue el perdón, sino el olvido posterior, y esto tiene aún consecuencias, como la que en este país no hay aún políticas públicas para la recuperación de la buena memoria histórica. El motivo no es tan solo la ofensiva de algunos historiadores que miran de echar agua al vino en la etapa más oscura de nuestra historia reciente, en la que la dictadura aparece como un intervalo autoritario. Quizás la razón esté en esa extraordinaria anomalía de vivir en el país de Europa que ha padecido más años de dictadura, pero en el que menos políticas ha hecho por la recuperación de esa memoria. Ha habido una historia silenciada, ha habido zonas opacas y oscuras. No lo digo yo, sino don Ramón Jáuregui en el debate de junio de 2004. Hemos acabado confundiendo perdón con el olvido, y no lo digo yo, sino el señor Semprún. Lo cierto es que el olvido se ha transformado en una cierta indiferencia por lo que fueron esos oscuros años, y lo más grave, indiferencia por lo que fue la lucha de centenares, de miles de personas para que en este país hubiese democracia.
Hubo víctimas de los dos lados. ¡Claro que hubo víctimas de los dos lados! Pero unos murieron por la democracia y otros en nombre del totalitarismo y del fascismo. Un Estado democrático puede honrar a todas las víctimas, pero debe reivindicar tan solo a los demócratas; es la función de un Estado democrático. Eso es lo que nos hace presentar esta proposición de ley, una ley de reconciliación, de perdón (El señor Fernández Díaz: Sobre todo de perdón.), pero clarísimamente una ley de la memoria.
Empezamos la legislatura con el convencimiento de que alguna cosa había cambiado y así continuamos pensándolo. De hecho han sido muchas las organizaciones, muchos los historiadores, muchos los ayuntamientos, las comunidades autónomas, que han puesto en la agenda la necesidad de afrontar uno de los principales déficits democráticos de este país. A estos esfuerzos se han unido varios grupos parlamentarios, también el nuestro, y lo cierto es que hemos trabajado con ahínco. Sin ir más lejos, en marzo de 2005, el Partido Socialista y el Gobierno se comprometían a incluir medidas que nuestro grupo estaba planteando en esa comisión para la reparación de las víctimas del franquismo. Las conclusiones deberían formar parte de ese compromiso que el Gobierno debía presentar. Lo cierto es que la comisión interministerial se ha creado, pero las conclusiones no han llegado; todos los plazos han saltado por los aires. Por ello en el 20-N, en el 30º aniversario del dictador —que lo era—, nuestro grupo parlamentario dijo que presentaba una proposición de ley porque entendíamos que no podíamos vivir con normalidad el 30º aniversario de la muerte del dictador sin tener unas políticas públicas para la recuperación de la memoria, sin tener todo lo que tienen todos los Estados democráticos. Lo presentamos porque nos preocupaba y nos preocupa que el Gobierno tuviese dudas en torno a la oportunidad de esta ley, de esta o de la que el Gobierno decida presentar.
Si así fuera, podría llegar a cuajar esa perversa ecuación que impulsan algunos ideólogos —todos ellos ideólogos de la derecha— cuando pretenden igualar memoria republicana con revanchismo; o se podría dar rienda suelta a ese curioso revisionismo histórico que exculpa el levantamiento y que lo explica como hijo de una época convulsa y conflictiva y no como lo que fue: el levantamiento fue un golpe de estado contra el Gobierno legítimo y democrático.
Este Gobierno tiene un compromiso, que es esa propuesta que tenía que llegar. La proposición de ley es, ante todo, una llamada de atención. El problema, señores diputados, señoras diputadas, no está en la dificultad de la ley sino en la voluntad política de que la ley sea una realidad. Es hora de que el Partido Socialista y el Gobierno se comprometan. Por eso hemos presentado esta proposición de ley. Una proposición de ley que para nosotros es importante, significa la recuperación y el fomento de la memoria y la cultura democrática. Es nuestra tarjeta de presentación, es como entendemos nosotros que tiene que ser esa política por la recuperación de la memoria y quiero dar las gracias a las gentes que la han hecho posible. Nuestra proposición de ley es posible gracias a Carlos Jimenez Villarejo, a Merche García Arán, a historiadores, a documentalistas, a mi amigo Joan Serra, que ha trabajado de forma infatigable, así como al trabajo de Jaume Bosch y al Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Es una proposición de ley que, sobre todo, demuestra una cosa: que es posible presentar una buena ley y que el problema de que no se presente es solo de falta de voluntad política.
¿Qué creemos? Que son prioritarios cuatro objetivos: impulsar una política pública que promueva la recuperación y el fomento de la memoria y la cultura democrática; constituir el instituto de la memoria y la cultura democrática; desarrollar los programas de fomento y recuperación de la misma memoria y, por último, promover la declaración de nulidad de las resoluciones y las sentencias que se dictaron durante el franquismo. Fíjense que el impulso de la política pública para la promoción de la recuperación y el fomento de la memoria y la cultura democrática significa que las finalidades básicas serían algo tan sencillo como preservar y reconocer la memoria de los miles de hombres y mujeres que sufrieron daño por la defensa del legítimo régimen republicano; divulgar que la democracia actual no hubiese sido posible sin la aportación del antifranquismo; crear una red informatizada que permita al ciudadano disponer de información completa sobre la ubicación de la información referente a las personas represaliadas por el franquismo o, por ejemplo, el acceso, la conservación y la actualización de los registros y archivos. Hemos de decir que este primer elemento de la ley no solo tiene que ir dirigido precisamente a aquellos que sufrieron cárcel y persecución, que se les tiene que damnificar, como no se ha hecho, por supuesto que sí. Sobre todo estas políticas públicas tienen que ir dirigidas a las personas más jóvenes que no conocieron el franquismo, porque precisamente para sacar lecciones históricas y democráticas deben saber lo que sucedió.
Segundo objetivo: constituir una arquitectura gubernamental que permita el desarrollo de estas políticas públicas; constituir, por tanto, el instituto de la memoria y la cultura democrática. Para ejercer y promover los mencionados programas se requieren precisamente esos objetivos, y nosotros planteamos algo que ya funciona en diferentes comunidades autónomas. Les voy a poner un ejemplo, el Instituto de la Memoria Democrática que se da en el programa del Memorial Democràtic del Govern de la Generalitat. Este es un buen ejemplo de aquello que no se ha hecho en más de un cuarto de siglo de democracia.
Tercer elemento: desarrollar los programas de fomento y recuperación. Por ejemplo, realizar un censo completo de los vestigios de la dictadura que se dé a conocer públicamente. Definir los criterios de señalización de los espacios emblemáticos de la represión franquista y de la oposición antifranquista. Plantear una actuación inmediata a medio plazo en el Valle de los Caídos, dado su alto contenido simbólico incompatible con nuestra cultura democrática. Esta claro que deberíamos remover la simbología que lo que hace hoy, en el año 2006, en un espacio que es patrimonio nacional…(El señor Aragonés Mendiguchía hace signos con la mano.) Un diputado del PP hace algo así como un signo de locura; seguramente lo que les propongo les parece una locura, pero ¿saben cuál es el problema? Señor Aragonés, ¿sabe cuál es el problema? Que lo que es una locura es que hoy, en un espacio que es patrimonio nacional, haya gente que vaya a hacer apología del franquismo. En ningún país democrático de Europa se permitiría, no se permitiría que en Mauthausen hubiese gente que fuese a hacer apología del fascismo. En este país pasa. Usted hacía así, como un signo de locura, a nuestra propuesta. ¿Saben lo que es una locura? Que hoy se permita eso. Por eso, hoy precisamente creemos que el Gobierno tiene que revisar las políticas públicas y hacer del Valle de los Caídos el centro del memorial de la libertad, hacer que allí esté la sede del instituto de la memoria democrática, que exista un museo de la represión, que hagamos como hacen en Buenos Aires en los cuarteles de la ESMA, que hagamos como hacen en Mauthausen, en Auswitch, como hacen en todos los espacios de recuperación de la memoria, y lo que es una locura es que 25 años después aún no se haya hecho. Es más, entendemos que se deberían promover medidas para que, de forma conveniada con los familiares, con los herederos de Franco y de Primo de Rivera, se trasladasen los restos mortales a los panteones familiares y no estuviesen precisamente esos restos mortales en el patrimonio nacional.
Cuarto elemento —y acabo, señor presidente, porque hay muchos más que me gustaría destacar—: es fundamental promover la declaración de nulidad de las resoluciones y de las sentencias que se dictaron durante el franquismo. En los artículos 17 y 18 planteamos precisamente la nulidad de los consejos de guerra, de los consejos de guerra con procedimientos sumarísimos que se dictaron entre 1936 y 1975 y la nulidad de pleno derecho de las resoluciones, cualquiera que fuese su denominación, dictadas por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y por los organismos comisionados por el mismo. El fundamento jurídico es sólido, muy sólido. Lo ha propuesto en este caso el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que plantea que en los procesos militares hay argumentos lo suficientemente sólidos para sostener su radical nulidad formal y que en los procesos de los tribunales especiales no militares estos argumentos también se dan. Les recomiendo en este caso que se lean la exposición de motivos de la proposición de ley; exposición de motivos excelente y que además da argumentos jurídicos sólidos para explicar que, por ejemplo, la generalización y la imposición de la jurisdicción militar infringió todas y cada de las reglas orgánicas y procesales entonces vigentes, o que los tribunales para la represión de la masonería y el comunismo no se ajustaban precisamente a derecho. Argumentos sólidos existen y ruego que SS.SS. la lean.
Por último, establecemos diferentes disposiciones adicionales: una relativa a la restitución y la compensación a los partidos políticos de los bienes y derechos incautados; una disposición adicional cuarta sobre el régimen de subvenciones que garantice que estas se dan a entidades privadas o sin ánimo de lucro, excluyendo que dichas subvenciones promuevan actividades relacionadas con el fascismo, el nazismo o el franquismo; una disposición adicional sobre el delito de apología del franquismo pidiendo al Consejo de Estado que elabore un dictamen sobre la memoria, o una disposición adicional quinta sobre el retorno de la documentación incautada.
Para terminar, señor presidente, para nosotros esta proposición de ley es importante —es nuestra tarjeta de presentación— y no podemos esperar más a que haya una buena ley. Como les decía, para nosotros es fundamental el compromiso del Grupo Socialista de que esta ley se presente ya, en este periodo de sesiones, y a poder ser, en el mes de abril por el alto contenido simbólico que este mes tiene. (Rumores.) Sí, señorías, en el mes de abril porque llevamos muchos meses de retraso. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos son propuestas equidistantes; no queremos propuestas que se identifiquen con aquel desfile militar en el que un miembro de la División Azul iba de la mano de un republicano. Esa no es nuestra ley. La ley que queremos es una ley que dé instrumentos precisamente para la recuperación de la memoria. En definitiva, una ley que permita que este país tenga políticas públicas para la recuperación…
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, debe ir concluyendo, por favor.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señor presidente. Ante tanta demora, lo único que pedimos en definitiva es que este Congreso no se quede de brazos cruzados, que este Gobierno no se quede de brazos cruzados y que, de una vez por todas, tengamos lo que no hemos tenido: memoria, buena memoria, memoria demócrata, memoria republicana. El perdón es compatible con la recuperación de lo que fue la lucha contra el franquismo, y lo que tiene que hacer el país que ha vivido la dictadura más larga de toda Europa es desarrollar las políticas activas para la recuperación de la memoria como están haciendo en el resto de la Unión Europea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
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