Las exigencias del BdE para provisiones inmobiliarias costarán 20.000 millones a bancos y cajas

El Banco de España pondrá en marcha en este ejercicio la medida anunciada el pasado mes de octubre por la que las entidades tendrán que provisionar el 20% de los activos inmobiliarios que lleven más de un año en balance, en lugar del 10% anterior. Este nuevo ajuste contable tendrá un impacto en sus cuentas de unos 20.000 millones de euros. El Hangar 18 de la banca española: ¿está escondiendo pérdidas o es sólo un mito?

Según informa el diario El Mundo citando a fuentes financieras, al finalizar el pasado ejercicio 2009 las entidades españolas contabilizaban un total de 85.000 millones de euros en este tipo de activos inmobiliarios.

En 2010, la cifra ascenderá a 100.000 millones de euros, por lo que el 20% supondrá que estas dotaciones alcanzarán los 20.000 millones de euros para los bancos y cajas, que acumulan propiedades procedentes de ejecuciones hipotecarias, garantías de préstamos que promotores o constructores no han podido hacer frente.

‘Toque’ a las cajas
La medida fue comunicada por el Banco de España (BdE) el pasado mes de octubre, cuando decidió endurecer las reglas referentes a los activos inmobiliarios y estableció que las provisiones de los bancos deben ser el 20% de la tasación de las propiedades que lleven más de un año en balance, frente al 10% previo.

Entonces, coincidía con los avisos de analistas y agencias de rating en cuanto al deterioro deterioro de la calidad de los activos inmobiliarios y al consecuente incremento de provisiones que tendría que acometer la banca, especialmente en el caso de las cajas de ahorro y los bancos con mayor exposición al negocio doméstico.

Ahora, con los procesos de integración de cajas en marcha, la exigencia cobra más sentido si cabe. En este sentido, el rotativo apunta a que los bancos no tendrán problamas para cumplir con los niveles marcados por el BdE, aunque no pasará lo mismo con algunas cajas, que podrían no tener los recursos suficientes para cubrir esta depreciación de sus activos inmobiliarios.

De esta forma, el banco central habría instado a aplicarla ya para forzar a las entidades con problemas a que se fusionen con otras que sí sean solventes y con las que puedan hacer frente a la situación.