| "Un rey, golpe a golpe". Cap. 18. Maniobras reales en la guerra de los GAL |  |  |  |
| Monarquía - Un rey golpe a golpe (Capítulos) | |
| Escrito por Patricia Sverlo | |
Primera intervención real
Si nunca se ha podido llegar a establecer, al menos en el terreno judicial, la participación de Felipe González en los GAL, mucho menos se ha podido decir de la responsabilidad del rey Juan Carlos. Sin embargo, se ha especulado sobre la posibilidad de que el monarca hubiera estado enterado desde el comienzo de las acciones del grupo terrorista organizado desde el Gobierno, y existen datos sobre su intervención, fundamentalmente dirigida a parar el proceso de investigación sobre algunas de las acciones llevadas a cabo por los GAL.
El presente capítulo, en este sentido, es poco ambicioso. Si realmente existieran pruebas contundentes que involucraran el monarca, estarían en los juzgados correspondientes. Y no existen. Decimos esto de antemano para advertir que lo único que se pretende aquí es revisar algunos datos, conocidos y probados, para que el lector saque sus propias conclusiones. Hay "rumores" que helarían la sangre del más monárquico, pero son sólo eso: rumores.
La primera cuestión que ha preocupado a quienes han investigado la trama del GAL, con respecto al rey, ha sido descubrir si Juan Carlos sabía lo que estaba pasando, y desde cuándo lo sabía. En este sentido, es importante señalar que el inicio de la guerra sucia de los GAL se sitúa en octubre de 1983, en una reunión del entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, con la Junta de Jefes del Estado Mayor (JUJEM), integrada por los jefes del Estado Mayor de cada una de los ejércitos y por un presidente, que era Álvaro Lacalle, en la que con toda probabilidad se habló de los GAL. Según las declaraciones de Serra en el juicio por el secuestro de Segundo Marey, la JUJEM, a raíz del atentado contra el capitán Martín Barrios, pidió intervenir directamente contra ETA. Algunas fuentes sostienen que aquella reunión estuvo presidida por el rey, extremo que ha sido desmentido por La Zarzuela. Formalmente no tenía por qué presidirla, aunque el monarca había de estar enterado a la fuerza, según la cadena de mando, porque el rey es el jefe supremo de la Junta de Jefes del Estado Mayor, la máxima autoridad, el último escalón. Además, hay un acta de aquella reunión y está confirmado por lo demás, que fue "cubierta" por el CESID, que sacó una copia sonora de lo que se dijo. En todo caso, el monarca tenía que conocer, a través de los despachos semanales que mantenía con el presidente del Gobierno, Felipe González, cualquier operación antiterrorista que hubiera en marcha incluyendo las planificadas para "responder al terrorismo etarra con sus mismas armas", como han descrito la actividad de los GAL algunos implicados, si es que lo eran.
Por otro lado, Jesús Gutiérrez declaró en el juicio por el secuestro de Segundo Marey que, cuando volvió a España tras ser excarcelado en Francia el 8 de diciembre de 1983, recibió miles de telegramas y cartas de felicitación, "de altos cargos, de alguien del Tribunal Supremo, de la familia real..." Una declaración que, si bien parece que no tiene demasiado sentido ni verosimilitud, cuando menos se puede interpretar como un intento por parte de Gutiérrez de señalar los niveles de responsabilidad en la trama de la guerra sucia. Jesús Gutiérrez Argüelles había participado el 18 de octubre de 1983 en la segunda operación de los GAL, junto con otros policías de la Jefatura Superior de Bilbao (con el comisario Francisco Álvarez al frente de la operación). Habían intentado secuestrar a José María Larretxea Goñi en Francia pero todo había salido mal. Empezaron por atropellar a Larretxea con el coche en que iban y, después, cuando intentaban recoger el cuerpo e introducirlo al vehículo, fueron sorprendidos por un gendarme francés, que los detuvo a todos. A Larretxea lo llevaron a un hospital, y los cuatro funcionarios españoles fueron encarcelados. El entonces ministro de Interior, José Barrionuevo, dijo literalmente respecto a aquella operación: "Se trataba simplemente de una acción humanitaria destinada a salvar la vida del capitán Barrios", en aquel momento secuestrado por ETA. La responsabilidad de los hechos la asumió públicamente el comisario Francisco Álvarez, jefe superior de la Policía de Bilbao, y sus cuatro policías fueron puestos en libertad el 8 de diciembre tras comprometerse por escrito y "por su honor" a volver a Francia para comparecer en el juicio en contra suyo. Pero el 12 de junio se tuvo que celebrar sin su presencia, y los funcionarios españoles fueron condenados por rebeldía a 18 meses de prisión. El Gobierno español no los cesó ni los entregó nunca a la justicia francesa.
Es necesario advertir además, para los más incrédulos, que el rey suele estar enterado en realidad de muchas más cosas de las que, en principio, parece que le corresponden. Se sabe, por ejemplo, que en los años noventa la Casa Real negoció una mediación con ETA. Javier Abasolo, un empresario vasco relacionado con los socialistas de Vizcaya, tuvo contactos con miembros de la organización armada mientras cumplía condena en prisiones francesas por intentar cobrar un pagaré sin fondo. Y Perote, amigo y ex-socio de Abasolo, más tarde le hizo llegar una propuesta de mediación en nombre de la Casa Real española en el tema de ETA. Parece que de aquellas negociaciones, que continuaron durante años, surgió finalmente la tregua de 1999, según reivindica el mismo Perote. Como mínimo, en 1987 el rey se tendría que haber enterado por la prensa, como Felipe González, de que los GAL estaban formados por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Fue entonces cuando varios diarios empezaron a revelar datos sobre la participación de José Amedo y Míchel Domínguez. Además, ya se había publicado también que los GAL habían desaparecido tras los acuerdos entre los ministerios del Interior de España y Francia (dato que fue información de primera página de Diario 16 en junio de 1986), cuando ya habían perpetrado 29 asesinatos. Estaba claro que su objetivo había sido colaborar en la política gubernamental frente al Estado francés, y que lo habían conseguido. Primero fueron las deportaciones; después, los confinamientos, las entregas inmediatas y las extradiciones; más tarde, el aumento del control de la gendarmería sobre los refugiados. Y, al final, Francia había exigido la desaparición de los GAL. Es lógico pensar que el presidente y el rey debían haber tratado de todos estos temas en sus audiencias semanales.
En 1989, cuando el juez Baltasar Garzón empezó a instruir la investigación inicial de los GAL (en el proceso contra Amedo y Domínguez), explicó delante de doce personas, en un ágape en el restaurante Y'Hardy de Madrid, que el rey le había llamado a La Zarzuela y le había dicho: "Yo de ti no avanzaba eso del GAL. Hombre, los dos sabemos que es un tema de Estado..." Cuando Garzón se dio cuenta de cómo reaccionaban todos ante lo que les estaba explicando, se despidió apresuradamente y sin postre. Un mes después, hablando nuevamente del tema GAL, delante de algunas de las mismas personas que habían estado en aquella mesa, Garzón comentó: "Yo no creo que en el GAL estuvieran ni Felipe González ni el rey". Sus contertulios le recordaron entonces lo que había explicado la otra vez, y el juez lo negó rotundamente: "¡Yo nunca he dicho tal cosa!" hecho que sorprendió a todo el mundo. Fuera como fuese, Felipe González en aquella fase del proceso consiguió neutralizar a Garzón, convirtiéndole en su inseparable número dos de cartel electoral y prometiéndole una brillante carrera política en el Ministerio del Interior. Aunque después no resultó. En 1991, durante el juicio contra Amedo y Domínguez, los altos cargos de Interior (Vera y Barrionuevo) mantuvieron siempre que los GAL habían sido grupos inconexos, no terroristas, que eran contratados de atentado en atentado. Y Amedo y Domínguez no desmintieron entonces su versión. De este modo, consiguieron que ellos fueran los únicos condenados, a 108 años de prisión. Pero después se supo que, durante el tiempo que estuvieron en chirona, habían estado cobrando cantidades millonarias mensuales de los fondos reservados de Interior. El Gobierno les había prometido, además (a través de José Luis Corcuera, Juan de Justo y los abogados Jorge Argote y Gonzalo Casado), que pasarían poco tiempo en prisión, que la condena sería leve, porque el Supremo rebajaría la sentencia, y que serían indultados en un plazo breve (una cosa similar a lo que había pasado con el general Alfonso Armada tras el juicio por el golpe de Estado del 23-F, que en total sólo pasó siete años en prisión pese a haber estado condenado a la pena máxima).
"Sólo la Zarzuela puede pararlo"
Pero el Supremo ratificó la sentencia y, después de unos cuantos años en prisión, el indulto se retrasó. A Amedo y Domínguez les seguían diciendo que era cuestión de semanas, que no se preocuparan. Pero los policías se empezaron a poner nerviosos. Felipe González había nombrado ministro de Interior y Justicia a Juan Alberto Belloch, cosa que sorprendió a todo el mundo, convencido de que podría solucionar el caso GAL y el caso Roldán. No se supo nunca por qué medios Belloch pretendía conseguirlo, porque sus gestiones fueron un fracaso. Lo que sí quedó claro es que no tuvo complejos a la hora de hacer lo que hiciera falta a expensas de los antiguos subordinados de González. Belloch ya había demostrado su estilo cuando era juez en Bilbao y quiso encarcelar a Julián Sancristóbal (entonces gobernador civil de Vizcaya). En sus primeras decisiones como ministro, en 1994, cerró el grifo de los fondos reservados, dejó de pagar el sueldo que recibían las esposas de Amedo y Domínguez y, a la vez, siguió demorando el indulto. En noviembre de 1994, tres ex de la lucha antiterrorista, Juan Alberto Perote, Francisco Álvarez y Julián Sancristóbal, se reunieron en el Hotel Tryp de Madrid. Los tres ya estaban trabajando para la empresa privada, sin cargos oficiales, pero estaban preocupados por las consecuencias que pudieran tener las decisiones del ministro Belloch. Sancristóbal, en concreto, recibía presiones de José Amedo y Míchel Domínguez, que amenazaban con hablar. Se jugaban el cuello y necesitaban convencerles --tanto a ellos como a otros policías relacionados con los GAL-- de que era necesario que siguieran callados. Pero esto no sería posible si alguien no frenaba a Belloch. Julián Sancristóbal, asustado, pidió perdón a Perote: "Juan, dile a Manglano", que era el director del CESID, "que esto va a estallar y que sólo la Zarzuela puede pararlo. Ya sabes que Felipe no quiere oír hablar de este tema y lo que nos pase a nosotros le importa un bledo".
Pero el rey, al parecer, no pudo o no quiso hacer nada en aquel momento. El ex-secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, también estaba preocupado, y, por su parte, intentó conseguir el apoyo del rey cuando vio que la cárcel sería inevitable. Empezó a mover todos los hilos para que Juan Carlos le recibiera. Incluso recurrió al general Sabino Fernández Campo para que le gestionara la audiencia, aunque éste ya había sido cesado de su cargo en la Casa Real y ni podía ni tenía ningún interés en ayudarlo. De todos modos, por otras vías (no se sabe cuáles), Vera acabó siendo recibido en La Zarzuela. Pero tampoco consiguió la ayuda del monarca. Como resultado, en diciembre de 1994, Amedo y Domínguez relataron a El Mundo el principio y el fin de los GAL y empezaron a colaborar con el juez Garzón, que volvía a encargarse del caso, tras romper relaciones con Felipe González (aunque el sumario del secuestro de Segundo Marey ya lo había reabierto antes el juez García Castellón, a instancias del fiscal Ignacio Gordillo, cuando Garzón todavía estaba en Interior). Gracias a las declaraciones de los dos policías, Garzón empezó a llevar a cabo una serie de arrestos en cadena de toda la cúpula del Ministerio del Interior: Rafael Vera, Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, Justo, Damborenea... En otra de sus brillantes actuaciones, el ministro Juan Alberto Belloch consiguió traer a Luis Roldán a España, en una rocambolesca operación en la que lo engañaron con unos papeles falsos donde se negociaba su extradición. Curiosamente, la primera comparecencia en los tribunales de Roldán, que había jurado "tirar de la manta", coincidió con el descubrimiento de los restos de José Lasa e Ignacio Zabala, los dos jóvenes secuestrados el 16 de octubre de 1983, y después torturados y asesinados por miembros de la Guardia Civil, en la que fue la primera acción de la guerra sucia. El caso GAL seguía adelante.
Por otro lado, el coronel Perote y otros no estaban dispuestos a aceptar que sólo pagaran unos pocos. Juan Alberto Perote, en concreto, había abandonado el CESID tres años antes, coincidiendo con su ascenso a coronel, y había pasado a ser asesor de seguridad de Repsol. Pero, antes de irse, había limpiado su despacho de papeles y disponía de 1.245 folios, que se correspondían con 23 microfilms del CESID, entre los cuales se hallaba el "acta fundacional" de los GAL. En 1995, en prisión por segunda vez a causa de sus propios problemas, que no tenían nada que ver con los GAL, Mario Conde contactó en Alcalá- Meco con Julián Sancristóbal, quien lo puso al corriente de algunos detalles de la trama GAL. En marzo, justo tras salir de prisión, el banquero se entrevistó con Perote. Al ex-agente del CESID le interesaba la influencia de Conde en los medios de comunicación (en particular El Mundo) para dar caña al tema GAL en favor de sus amigos; y Conde no estaba dispuesto a desaprovechar la oportunidad de conseguir una valiosa información. Tras varias reuniones, pensaron que los "papeles del CESID" que poseía Perote quizás no tenían valor judicial, pero, en cambio, sí podían servir para presionar. Perote y Conde acordaron hacer "frente común", aunque por motivos diferentes, a la hora de utilizar los papeles ante el Gobierno del PSOE. La intención de Perote era que "no dejaran tirada a la gente". Amenazando con hacer pública aquella información, pretendía obligar al Gobierno de Felipe González a hacer algo efectivo para que no condenaran a sus amigos (Paco Álvarez, Julián Sancristóbal, etc.). Una de dos, o solucionaban la cuestión como fuese, o todos tendrían que rendir cuentas ante la justicia (o, al menos, ante la opinión pública). Y con respecto a Conde, pretendía solucionar sus asuntos pendientes. Consideraba que lo más justo era volver a la situación en la que se encontraba antes de la intervención de Banesto (había sido propietario de un total de siete millones de acciones, que con la cotización de aquel momento, a 2.000 pesetas cada una, suponían una cifra de 14.000 millones de pesetas). A punto de entregarle los papeles del CESID, Perote, que conocía la amistad de Conde con el monarca, le preguntó: "Hay una cosa que no entiendo bien. ¿Cómo es posible que el rey no hayapodido evitar que las cosas hayan llegado hasta donde están?" Conde contestó: "Ése es un tema difícil de explicar... Lo único que se me ocurre decirte es que Su Majestad no tiene la libertad que algunas veces quisiéramos y así lo tenemos que aceptar".
Sin embargo, fue el rey quien facilitó la negociación de estos dos con La Moncloa. A estas alturas Conde ya no tenía unas vías de acceso fáciles a La Zarzuela, y recurrió a Adolfo Suárez para que pusiera al monarca al corriente del asunto. Después, una vez que informó de que aquello iba en serio y de la necesidad de negociar, Juan Carlos recomendó a Felipe González que recibiera a Conde. En primer lugar, en mayo de 1995, Perote hizo llegar a Barrionuevo un informe-resumen sobre los GAL, redactado por él mismo basándose en la documentación del CESID que tenía en su poder. Quería provocar una guerra de nervios. En aquel momento Julián Sancristóbal y el comisario Miguel Planchuelo estaban en la cárcel de Guadalajara, y Barrionuevo fue a visitarlos muy agitado, porque creyó que las informaciones provenían de ellos. Sobre todo, estaba inquieto por la idea de que el informe, igual que le había llegado a él, pudiera llegar a Garzón. Sancristóbal y Planchuelo negaron que tuvieran nada a ver. Barrionuevo seguramente salió ya de aquella reunión con la idea de que el informe provenía de Perote y Conde. El informe de Perote circuló por los canales previstos hasta que llegó a La Moncloa y provocó la ira de Felipe González. Era lo que quería Perote para preparar el terreno. Felipe tenía que conocer la dimensión de lo que ellos tenían para avenirse a pactar algo. En un principio, González quiso solucionarlo por la vía expeditiva. El general Santiago Bastos, jefe de la División de Interior del CESID, se dirigió a Perote con amenazas más o menos explícitas. Pero entonces el rey intervino para que Felipe González recibiera a Santaella, el abogado que habían designado Conde y Perote para llevar el asunto, y para que negociara con él. El mismo González lo reconoció implícitamente un poco más tarde, cuando, para justificar su reunión con Jesús Santaella, dijo: "Yo creía que era interesante desde el punto de vista de la seguridad del Estado haber hecho esta reunión. No sólo lo creí yo, sino también personas a las que tengo mucho respeto" ("personas", en plural). La reunión con Santaella, en La Moncloa, tuvo lugar el 23 de junio de 1995. Pero la negociación no fue bien. Felipe González no podía o no quería hacer nada por sus subordinados. Alguien tenía que cargarse el muerto y, desde luego, no sería él. En septiembre las negociaciones con La Moncloa se dieron por rotas y enseguida se volvieron a utilizar otros métodos más resolutivos y decididos. El País publicó aquel mes que Mario Conde y Juan Alberto Perote habían pretendido chantajear al Gobierno y al rey con información reservada que el ex-agente había robado del CESID. Se trataba de intentar neutralizar el potencial de la documentación que podría meterlos a todos en prisión, convirtiéndola en ilegal. El coronel Perote ingresó en prisión aquel mismo mes, el día 29 (dos años después, en julio de 1997, el Tribunal Militar Central le acabó condenando a siete años de prisión por haber revelado secretos militares). Pero otro de los objetivos de González, no menos importante, era presentar las investigaciones en torno a la trama GAL como una conjura para acabar con el Gobierno... y la monarquía. De paso, se hacía una velada advertencia al monarca --y a todo aquél que pudiera estar interesado en seguir con el asunto--, puesto que nada menos que el rey era también susceptible de ser objeto de un chantaje con los papeles del CESID, cosa que daba a entender que estaba involucrado en la trama. Si caía Felipe, también caería la monarquía. Poco después, el 10 de noviembre, esta vez a través de Diario 16, se lanzaría una nueva historia de "Chantaje al rey", por parte de Javier de la Rosa y, nuevamente, de Mario Conde, en una segunda entrega de lo que se interpretó como una conspiración para derrocar al Gobierno y la monarquía, ahora relacionada con escándalos económicos.
El tema de los papeles del CESID trajo cola unos cuantos años. Pero adelantemos ya que, aunque acabaron en los medios de comunicación (al menos, una parte importante), no fueron desclasificados porque podían ser utilizados como prueba en un juicio. Los últimos de la fila del tema GAL no recibieron más ayuda por parte del rey que unos cuantos gestos de buena voluntad. Pero cuando la justicia intentara elevar el listón de las responsabilidades, entonces sería distinto. El rey ya estaba advertido.
El "apagafuegos" real logra poner punto y final
Tras la primera ronda de detenciones (Sancristóbal, Álvarez, Planchuelo, Vera, etc.), la cosa se empezó a complicar de verdad. El siguiente que podía caer era el ex-ministro de Interior, José Barrionuevo, que ya constituía una pieza de caza mayor. El 12 de octubre de 1995, en la recepción en el Palacio Real del día de la Hispanidad, el rey le cogió del brazo e interrumpió el curso del besamanos. "Pepe, ¿cómo té encuentras?" Contestó la mujer del ex-ministro: "Bien, Majestad, muchas gracias". Barrionuevo ya estaba convencido de que sería procesado y condenado y, en cierto modo, lo tenía asumido. Pero su círculo familiar, en especial su mujer, Esperanza Huélamo, le presionaba para que no se dejara hundir en el fango ni involucrara a González; y el presidente ya sabía lo que estaba dispuesto a hacer. Aquella fue una etapa de grandes gestos y muy buenas palabras para conseguir evitar que la moral del ex-ministro se derrumbase. Pero era necesario hacer más cosas. Las complicaciones aumentaron cuando, el 3 de marzo de 1996, el Partido Popular ganó las elecciones generales. Aznar ya había pactado antes con Felipe González un final "pacífico" a los escándalos del PSOE, incluyendo el tema GAL, en las conversaciones que mantuvieron en otoño de 1993, impulsadas por el rey, en las que entre los dos se pusieron de acuerdo para quitarse de encima a Mario Conde. Pero habían pasado muchas cosas desde entonces. Entre otras, la aparición de los papeles del CESID, que el nuevo partido en el Gobierno se había manifestado partidario de entregar a la justicia durante la campaña electoral. Precisamente, uno de los que habían defendido públicamente esta idea, Rafael Arias-Salgado, era el candidato del PP para ocupar la cartera de Defensa y a primeros de abril ya había empezado a visitar el Ministerio, cuando todavía era titular Gustavo Suárez Pertierra, para ir poniéndose al día, por ejemplo, del envío de tropas a Bosnia. Cuando se supo, González le pasó el encargo a Juan Carlos por medio de Adolfo Suárez, que se reunió con el rey en La Zarzuela el 9 de abril para tratar el tema. Y allí mismo, delante de Suárez, Juan Carlos telefoneó a Aznar para citarlo al día siguiente por la mañana.
Aclaremos, por si con tanta martingala se llega a crear confusión, que el rey no tiene ninguna clase de autoridad para imponer a un ministro ni vetar a otro. Y recordemos que Aznar llegó al poder con promesas de "regenerar España tras más de una década de corrupción". Por lo tanto, si el líder del PP aceptó las presiones del monarca, lo hizo por su cuenta y riesgo, aunque a un cierto sector de la población le pueda resultar comprensible e incluso aceptable que lo hiciera para salvar a la monarquía de una quema segura y no, sin duda, para echarle una mano a Felipe González. El pueblo español ha tenido durante muchos años la dudosa fortuna de tener esta clase de salvadores de la patria, para que decidan por él lo que conviene o no conviene defender. Y Juan Carlos ha salido beneficiado de esto muchas veces a lo largo de su reinado.Dicho lo anterior, volvamos a la narración de los hechos.
Tras su audiencia con el rey en La Zarzuela, el mismo día 10 de abril al mediodía, José María Aznar se reunió en La Moncloa con Felipe González y Adolfo Suárez. La noticia se filtró a la prensa con bastante ajetreo, sobre todo porque Leopoldo Calvo Sotelo, como ex-presidente, se sintió marginado, puesto que era el único que faltaba en la reunión y el único que no sabía por qué. La prensa no dijo de qué hablaron. Como después fue quedando claro, Aznar había negociado nombramientos importantes que afectaban a Defensa, Interior y el CESID. La cartera de Defensa fue para Eduardo Sierra, que ya había sido subsecretario a las órdenes de Narcís Sierra en el mismo Ministerio y era, además, un hombre de confianza en La Zarzuela. Jaime Mayor Oreja ocupó, como estaba previsto, el cargo de ministro del Interior. Pero su segundo, el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, procedía de la Casa Real (había sido el jefe de Protocolo). El nuevo director general del CESID, el general Javier Calderón, había compartido con Eduardo Sierra la dirección de la Fundación de la reina Sofia contra la Droga, en la que también militaba Martí Fluxà. Y el 2 de agosto, al amparo del verano para no llamar la atención, el nuevo Gobierno decidió no desclasificar los papeles del CESID. Arias-Salgado fue compensado con la cartera de Transportes y Comunicaciones donde, en lugar de protagonizar una brillante cruzada contra la guerra sucia, tuvo la oportunidad de lucirse dando explicaciones, durante la etapa más desastrosa de los aeropuertos españoles, ante hordas de pasajeros que se amotinaban contra las tripulaciones de los vuelos. Pero en el tema de los GAL todavía no se podían lanzar las campanas al vuelo. El punto álgido fue el juicio del caso Marey, el ciudadano francés secuestrado por los GAL en Hendaya el 4 de diciembre de 1983... por error.
El juez Garzón estaba fuera de control. En 1996, con su habitual falta de discreción, el monarca, con Julio Anguita y delante de una botella de vino de Moriles, expresó como si nada su opinión de que el instructor del principal sumario de los GAL era "un fantasma", con demasiadas ansias de protagonismo y notoriedad. Más adelante su comentario trascendió y Garzón, muy ofendido, comenzó a decir a diestro y siniestro: "¡Parece mentira! ¡Con los favores que yo le he hecho...!" Inmediatamente, Juan Carlos telefoneó a Garzón para "aclarar" las cosas, pedirle disculpas, y certificarle lo mucho que se le quería en La Zarzuela... para que, al menos, las cosas no empeoraran. Como preparación del juicio, en el que estaban encausados el ex-ministro de Interior José Barrionuevo y el ex-secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, hubo de todo. Entre otras cosas, la denuncia de una tercera conspiración para derrocar al Gobierno y la monarquía, esta vez centrada en transmitir la idea de que el tema GAL había sido una maquinación periodística. Para ello contaron con la ayuda inestimable de Luis María Ansón, por lo que el episodio fue bautizado popularmente como "la ansonada". En enero de 1998, Ansón concedió una entrevista a un presunto periodista, hermano del ex-ministro Juan Alberto Belloch, que se publicó en el semanario Tiempo. Relataba que Felipe González había sido víctima de una conspiración para poner fin al Gobierno que presidía, en la cual él mismo había participado junto con un grupo de periodistas de varios medios de comunicación (entre los cuales figuraban Pedro J. Ramírez, Antonio Herrero, Pablo Sebastián, Manuel Martín Ferrand y otros). Siguiendo la tradición de los dos intentos de chantaje denunciados anteriormente a la prensa, incluyó también a un personaje de carácter. Si antes los protagonistas habían sido Mario Conde y Javier de la Rosa, esta vez le tocó el turno a Antonio García Trevijano. Y, desde luego, también en la línea de las anteriores conjuras contra el Gobierno, aseguró que el anhelo último era derrocar a la monarquía. Se tenía que destacar tantas veces como hiciera falta que los destinos de Felipe González y el rey Juan Carlos estaban indefectiblemente unidos. Esto en concreto daba un toque un poco surrealista a la historia, viniendo de un monárquico redomado como Luis María Ansón; pero el director de ABC no ahorró detalles, hasta fijar el escenario de las reuniones en su propio despacho, para dar verosimilitud al relato.
Más tarde se supo que "la ansonada", una epopeya que casi nadie se llegó a creer nunca, había sido en realidad urdida durante un ágape en el restaurante El Cenador de Salvador, al cual asistieron Ansón, Vera, Barrionuevo y Corcuera, poco antes de la publicación de la entrevista. Por lo menos hacía un año que los antiguos dirigentes de los GAL presionaban por todos lados para conseguir un trato favorable en el juicio que tenían pendiente, chantajeando a varios personajes públicos con vídeos sexuales y otras pruebas documentales que tenían contra ellos. Según varias fuentes (que constan en un sumario instruido por el juez Garzón en 1998), entre estas personas estaba incluso el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja. Aunque, sin duda, el caso más conocido fue el de Pedro J. Ramírez, porque parece que no se dejó chantajear y el famoso vídeo del corsé rojo acabó saliendo a la luz. El vídeo del director del Mundo, filmado unos meses antes, se había distribuido por correspondencia en octubre de 1997 y después circularon copias de mano en mano por toda España. Pero también aparecieron fotos en el diario Ya, entonces dirigido por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni, entrevistador del falso Anglés, víctima de un intento de asesinato por encargo de su propia esposa y gran amigo de Rafael Vera, a quien se ha visto en fiestas en su chalé junto al adivino Rappel y a Jorge Argote (abogado del Ministerio del Interior), entre otros especímenes del zoológico privado de don Emilio.
Nunca se ha sabido con qué argumentos fue presionado Luis María Ansón para colaborar con Vera y Barrionuevo. Ni se sabrá, como es lógico suponer, tras el alto precio en prestigio personal que el periodista tuvo que pagar. Para los artífices del invento, la peripecia tuvo su pequeña compensación cuando la teoría de la conspiración salió a la luz durante el juicio en el Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey. En su declaración como testigo, Narcís Serra, ex-ministro de Defensa, dijo: "Luis María Ansón me advirtió que iba a comenzar una campaña para obligar a González a dejar el Gobierno y con la monarquía como objetivo final". Pero tampoco sirvió de mucho. Consciente de que aún estaba todo en el aire, Felipe González redobló sus esfuerzos los meses previos a la vista de la causa, enviando múltiples mensajes al monarca por diversos conductos. Y todavía continuó infatigablemente durante el juicio, que se celebró a lo largo de los meses de junio y julio de 1998.
En la vista, Vera y Barrionuevo no perdieron los papeles y dejaron a sus superiores fuera de todo el asunto. Al margen de esto, fue un verdadero circo en el que no faltó de nada. Fuera de la sala del Tribunal Supremo también se sucedían las comparecencias de unos y otros, en más de una docena de entrevistas de dos en dos, en diversos escenarios: entre González y Sabino Fernández Campo (uno de los canales que utilizó el ex-presidente por encargo del rey); entre Aznar y el rey; entre González y el rey; entre Aznar y la ministra de Justicia... Todas orientadas a ver cómo se solucionaba todo aquello. El compromiso definitivo lo sellaron Juan Carlos y José María Aznar, una vez finalizado el juicio, en agosto, en lo que se conoció como el "pacto de Marivent". El gran defensor del respeto a las decisiones judiciales, Aznar, acudió a un despacho oficial en Mallorca con el árbitro y moderador del buen funcionamiento de las instituciones, Juan Carlos, y al parecer, el encuentro fue un poco tenso. Aun así, acabaron llegando a un acuerdo.
La sentencia se conoció el 10 de septiembre. Rafael Vera y José Barrionuevo habían sido condenados a 10 años de prisión cada uno, y Felipe González los despidió a la puerta de la prisión de Guadalajara pocos días despuéso. Pero ni el ex-secretario de Estado para la Seguridad ni el ex-ministro de Interior se quedaron demasiado tiempo haciendo footing en el patio del módulo que tenían para ellos solos. No había acabado el año 1999 cuando les llegó el indulto.
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y el Pisde Ignacio Gabi el Hondo
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RAJOY
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