PARA EXCULPAR A CHAVES Y GRIÑÁN
El ex interventor de la Junta se perfila como chivo expiatorio perfecto en el caso ERE
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El ex interventor general de la Junta, persona afín al PSOE con quien ha sido, además de su cargo de control, director general de la Junta, se perfila como el perfecto chivo expiatorio que necesitan tanto PSOE como IU para llegar a conclusiones "políticamente correctas" en la Comisión de Investigación del caso de los ERE. Izquierda Unida necesita salvar su pacto de gobierno con el PSOE y por ello apunta criticar los procedimientos antes que a las personas como los presidentes de la Junta, José Antonio Griñán o Manuel Chaves, insistiendo en que el ex interventor no hizo lo que debía. El PSOE y sus miembros imputados en el procedimiento que conduce la Juez Alaya alude al ex interventor argumentando que como no intervino, creyeron que todo era legal. Por su parte, el ex interventor,Manuel Gómez, que ya se ha percatado de la jugada, ha intentado sin éxito contraatacar para salvarse. Lo ha hecho intentando comparecer por segunda vez en la Comisión, lo que no fue admitido por PSOE e IU, y luego, remitiendo un informe a la Comisión precisando las responsabilidades de cada cual, entre ellos Griñán, pero PSOE e IU no parecen dispuestos a admitir las conclusiones de su segundo informe a la Comisión.
De "contraataque de última hora" califica el diario El País el comportamiento del exinterventor. Tras comprobar que las comparecencias de los exconsejeros lo señalaban con el dedo, quiso comparecer de nuevo tras haber declarado en agosto y así lo solicitó, pero la comisión le cerró las puertas. A cambio, le permitió presentar su texto escrito, donde hace una defensa cerrada de la Intervención y sus informes del fondo, pero sobre todo achacaba a los exconsejeros que no frenaran los pagos pese a los indicios recabados.
El quid de la cuestión es la legalidad del procedimiento interventor. Cuando el interventor detecta anomalías en cualquier procedimiento sobre el que tenga competencia, tiene que emitir lo que se conoce como Informe de Actuación, señalando los nuevos procedimientos regulares que tienen que sustituir a loa irregulares.
Pero el ex interventor general considera que tal informe nunca pudo emitirse porque la agencia Idea solo pagaba y los expedientes se conservaban en la Consejería de Empleo, por lo que el opaco sistema ocultaba los mayores indicios de fraude. "La Intervención no habría emitido, en ningún caso, un informe de actuación, si hubiera detectado los presuntos casos de fraude (...) porque cualquiera que sea su origen o su causante, no ha sido ni IFA /IDEA, ni ninguna otra entidad sujeta a control financiero", afirma en su escrito Manuel Gómez.
Las apreciaciones sobre el informe de actuación alegado por los exconsejeros -sobre todo, la que aduce que todo debía ser legal porque tal informe de actuación no existía-, deja "en el ambiente una insinuación inaceptable de una presunta omisión culpable, imputable a quien no emitió dicho informe". Pero para Gómez es un mero artificio puesto en circulación para justificar la inactividad de los órganos responsables de subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en los informes de auditoría". Entre ellos, la Consejería de Economía y Hacienda regentada entonces por José Antonio Griñán.
El exinterventor llega a advertir de que una hipotética condena de su comportamiento sería "un episodio digno de entrar con toda justicia en la historia universal de la infamia". Manuel Gómez menciona incluso cómo los críticos le achacan que sus informes, 15 nada menos, no gritaran más alto las denuncias de irregularidades, que implicaron modificaciones presupuestarias y de las que podía haberse inferido irregularidades en el pago de las ayudas. "¿Hasta dónde debió elevarse; quizá debió elevarse hasta el Altísimo? Si es así y no se hizo, purgue el interventor sus pecados".
El quid de la cuestión es la legalidad del procedimiento interventor. Cuando el interventor detecta anomalías en cualquier procedimiento sobre el que tenga competencia, tiene que emitir lo que se conoce como Informe de Actuación, señalando los nuevos procedimientos regulares que tienen que sustituir a loa irregulares.
Pero el ex interventor general considera que tal informe nunca pudo emitirse porque la agencia Idea solo pagaba y los expedientes se conservaban en la Consejería de Empleo, por lo que el opaco sistema ocultaba los mayores indicios de fraude. "La Intervención no habría emitido, en ningún caso, un informe de actuación, si hubiera detectado los presuntos casos de fraude (...) porque cualquiera que sea su origen o su causante, no ha sido ni IFA /IDEA, ni ninguna otra entidad sujeta a control financiero", afirma en su escrito Manuel Gómez.
Las apreciaciones sobre el informe de actuación alegado por los exconsejeros -sobre todo, la que aduce que todo debía ser legal porque tal informe de actuación no existía-, deja "en el ambiente una insinuación inaceptable de una presunta omisión culpable, imputable a quien no emitió dicho informe". Pero para Gómez es un mero artificio puesto en circulación para justificar la inactividad de los órganos responsables de subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en los informes de auditoría". Entre ellos, la Consejería de Economía y Hacienda regentada entonces por José Antonio Griñán.
El exinterventor llega a advertir de que una hipotética condena de su comportamiento sería "un episodio digno de entrar con toda justicia en la historia universal de la infamia". Manuel Gómez menciona incluso cómo los críticos le achacan que sus informes, 15 nada menos, no gritaran más alto las denuncias de irregularidades, que implicaron modificaciones presupuestarias y de las que podía haberse inferido irregularidades en el pago de las ayudas. "¿Hasta dónde debió elevarse; quizá debió elevarse hasta el Altísimo? Si es así y no se hizo, purgue el interventor sus pecados".
El PP lo aplaude, pero PSOE e IU no lo atienden
El intento del exinterventor por exculparse de la responsabilidad del sostenimiento de prácticas irregulares durante 10 años no es aplaudido por el PSOE ni por Izquierda Unida. Pero el Partido Popular lo está esgrimiendo como ejemplo del comportamiento del gobierno socialista y su último presidente, José Antonio Griñán. No se olvide que, además de la Comisión de Investigación, está en marcha el proceso judicial donde el exinterventor tendrá que volver a declarar.
"Tiene que torear el toro de la comisión, sabiendo que no se lo llevan a los corrales, sino que va a la plaza de toros de la juez. Llegó con un papel tibio intentando contentar a unos y otros. Pero se ha dado cuenta de que no puede ser tibio, tenía que ser rotundo", se escribe en el diario de Prisa. Su nuevo informe es un ataque frontal contra las tesis del Gobierno andaluz, porque ataca sobre todo a sus exjefes en la Consejería de Hacienda, incluido el presidente y exconsejero José Antonio Griñán, por no haber atajado a tiempo el fraude.
El PSOE se ha extrañado ante las nuevas declaraciones de Gómez, y ha restado importancia al texto. IU considera que el exinterventor tiene, como poco, responsabilidad política y no habla de otras responsabilidades.
El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, calificó de "gravísimo" el documento y urgió a Griñán a que explicara la razón de que se le "vuelva a apuntar" en este caso. "No se adoptaron las decisiones que debieron de haberse tomado", concluyó.
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