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OPINIÓN
Los razonamientos deductivos se fundan en una o varias premisas que, a través de un proceso argumentativo, conducen a una determinada conclusión. Si la premisa es falsa contamina todo el argumento e invalida la conclusión.
Hasta hace pocos años, el independentismo catalán se basaba en la idea de que Catalunya es una nación, en el sentido identitario del término y, por tanto, tiene derecho a un Estado propio. Últimamente, a esta premisa se le ha añadido otra que es considerada como la causa de su éxito actual. Me refiero, naturalmente, al llamado “expolio fiscal”, o en términos todavía más burdos, pero habituales en las tertulias diarias de los medios de comunicación, a la denuncia de que “España nos roba”, que los catalanes estamos pagando excesivos impuestos que benefician al resto de España y no a Catalunya.
Estas tremendas acusaciones, repetidas machaconamente día tras día, han logrado que una gran parte de ciudadanos catalanes hayan interiorizado que, efectivamente, España nos roba, debemos poner fin a este expolio y la mejor manera de lograrlo es separarnos de España y constituirnos como Estado independiente. Al tradicional nacionalismo de Prat de la Riba se le ha sumado, pues, el de Umberto Bossi, el líder de la Liga Norte italiana: las zonas más pobres viven a costa de las más ricas, no hay derecho a esta desigualdad, hay que poner topes a la solidaridad.
Pues bien, creo que esta premisa, la del “expolio fiscal” y del “España nos roba”, es falsa: no hay expolio, no hay robo, no hay discriminación ni maltrato fiscal a Catalunya. Y si la premisa es falsa, las conclusiones forzosamente son equivocadas.
Debe partirse primero de una base indiscutible, no por repetida esencial para entender esta cuestión: quienes pagan impuestos no son los territorios, las comunidades autónomas, sino las personas, tanto físicas como jurídicas, es decir, los individuos y empresas. Además, si dejamos de lado al País Vasco y a Navarra -que son capítulo aparte-, las quince comunidades autónomas restantes, entre las que se encuentra Catalunya, están sometidas a la misma ley, a la Lofca, que se revisa periódicamente y cuya última reforma fue impulsada precisamente por el Govern de la Generalitat y aprobada a fines del 2009, aún no hace tres años. Pues bien, esta ley es igual para todas las comunidades, el porcentaje de cada uno de los impuestos que estas perciben es el mismo -respetando las modificaciones que pueden llevar a cabo dichas comunidades en virtud de su autonomía fiscal- y las reglas para calcular las cantidades que les corresponden son idénticas. Por tanto, con independencia de si es o no un sistema adecuado de financiación, no es discriminatorio ya que trata a todas las comunidades por igual.
Cuestión distinta es que el volumen total de rendimientos tributarios en las comunidades donde hay un grado mayor de riqueza sea más elevado que en aquellas otras en que esa riqueza es menor. Es la consecuencia del justo principio según el cual tributa más quién más tiene. Si en Madrid, Baleares y Catalunya, la renta media, el gasto por habitante y el beneficio empresarial es mayor, el volumen recaudado también lo será. A partir de este hecho, dado que uno de los fundamentos de todo Estado moderno es garantizar la igualdad entre los ciudadanos, es justo e inevitable que los poderes públicos gasten más entre los sectores más desfavorecidos que, normalmente, están concentrados en determinadas zonas y territorios.
Pongamos un ejemplo. En toda ciudad, los habitantes de ciertos barrios tienen, por lo general, rentas más altas que en otros: hay barrios ricos y barrios pobres. Aún tratando la ley a todos bajo el mismo criterio, las cantidades tributarias recaudadas en los barrios ricos forzosamente deben ser más elevadas que en aquellos que lo son menos. Si comparamos, en Barcelona, la zona de Sarrià-Sant Gervasi con la de Ciutat Vella, lo podemos comprobar. A su vez, el gasto público en los barrios pobres es justo que sea mayor -en enseñanza, sanidad y servicios sociales, por ejemplo- que en los barrios ricos y la única manera de financiarlo es mediante los impuestos generados en estos. Sin embargo, nadie de Sarrià-Sant Gervasi, a menos que sea un perfecto egoísta, puede considerar razonablemente que los de Ciutat Vella le roban y expolian. Simplemente se redistribuyen rentas por razones de estricta justicia: no se trata de solidaridad sino de igualdad.
Esto es lo que sucede entre comunidades autónomas. Hay que decir que las diferencias entre ingresos y gastos de unas y otras no es muy grande y que las que más contribuyen son, por este orden, Madrid y, a bastante distancia, Baleares y Catalunya. No he escuchado en los medios de comunicación de Madrid y de Baleares la terrible acusación de “España me roba” aunque, utilizando los mismos criterios de los nacionalistas catalanes, aún tendrían más razones para hacerlo.
Por tanto, esta premisa en que ahora se basa la independencia no parece muy convincente y, en consecuencia, las razones para pedirla, desde este punto de vista, tampoco parecen justificadas. Lo siento, pero niego la mayor.
Francesc de Carreras. Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.
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