en La Vanguardia
La simbólica manifestación del pasado 11 de septiembre a favor de la independencia de Catalunya ha cambiado las reglas de juego de la política catalana y ha introducido un grave problema en la política española. El lema de la manifestación era inequívoco: los que allí acudieron –entre ellos el Govern y una gran mayoría de diputados al Parlament– reclamaban un Estado propio, es decir, que Catalunya se separara de España.
Estamos, pues, ante un problema, un gran problema: unos quieren separarse de España y otros no. En política es peligroso dejar que las situaciones se pudran y se enquisten. A pesar de las dificultades, debemos encontrar una salida que pasa, en primer lugar, por despejar una duda, una gran duda: ¿cuál es el porcentaje de ciudadanos catalanes partidarios de separarse de España? Aclaremos eso. Tenemos indicios, no certezas, y hay que saber la verdad. Y la única manera de averiguarla es votando. Sólo ante una urna y en secreto, cada ciudadano, individualmente, tras haberse informado de las causas y de las consecuencias, puede expresar libremente su parecer.
Dos son las posibilidades al acudir a las urnas: unas elecciones al Parlament o un referéndum. Soy poco partidario de la democracia directa, prefiero la representativa, un filtro mucho más adecuado para canalizar la voluntad popular con todos sus matices. Pero en este caso creo que debería hacerse una excepción porque tanto la pregunta como la respuesta deben ser claras y exigir claridad a los programas electorales es una quimera. Pensemos en la gran confusión de los últimos años: somos soberanistas pero no independentistas, no a la autodeterminación pero sí al derecho a decidir, libres pero asociados, federales pero asimétricos. Acabemos con la ambigüedad y planteemos en forma de referéndum la alternativa que está en la calle: ¿desea usted que Catalunya se separe de España y se constituya como Estado propio o considera mejor que siga formando parte de la actual España constitucional?
Se trata de saber, pues, si cabe en la Constitución un referéndum de estas características. Como cuestión previa: no se trata de ejercer el derecho de autodeterminación, ya que en Catalunya no se dan los supuestos que exige el derecho internacional, único que lo contempla. Tampoco puede convocar este referéndum la Generalitat ya que excede a sus competencias. Hay que explorar otros caminos. El más factible que se me ocurre es activar el tipo de referéndum previsto en el artículo 92 de la Constitución según el cual “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Nótese que se trata de un referéndum consultivo, por tanto, jurídicamente no vinculante para los poderes públicos. Además, según el citado artículo, debe ser autorizado por el Congreso, propuesto por el presidente del Gobierno y convocado por el Rey.
¿Qué solucionaríamos con este referéndum consultivo? En primer lugar, algo esencial: averiguar, con todas las garantías, la opinión de los catalanes. Ya no serían mayorías y minorías deducidas de sondeos, manifestaciones o informaciones de prensa: sería la voluntad libremente expresada en las urnas. Para ello debería garantizarse previamente un debate amplio en la opinión pública para que los ciudadanos se informaran de las dimensiones del problema y de sus consecuencias. En segundo lugar, antes de la celebración del referéndum, los gobiernos de España y de Catalunya, así como las principales fuerzas políticas, deberían acordar su alcance y condiciones, especialmente los niveles mínimos de participación para dar validez al resultado y la mayoría necesaria de votos a favor de la independencia para que sea tenida en cuenta.
Celebrada la votación, caso de no alcanzarse algunos de estos mínimos, las partes, además de aceptar lealmente el resultado, deberían comprometerse a no reabrir jurídicamente la cuestión en un determinado número de años. En el supuesto de que se rebase el número de votos afirmativos en favor de la independencia establecido en estos acuerdos previos, debería procederse a unas negociaciones entre el Estado y la Generalitat para reformar la Constitución –ahí debe darse la palabra al resto de ciudadanos españoles– y acordar el reparto de bienes y deudas mutuas, garantizar la protección de los derechos fundamentales en el futuro Estado catalán y muchas otras cuestiones que ahora no cabe enumerar.
Todo lo aquí planteado no es nuevo ya que encaja dentro de la filosofía del dictamen del Tribunal Supremo del Canadá de 1998 en relación con la hipotética secesión de Quebec. Ya lo propuse en tiempos del intento secesionista de Ibarretxe. Me hubiera gustado no tenerlo que plantear en Catalunya porque, en mi opinión, separarse de España es un inmenso error. Pero las cosas han llegado a un punto que exigen claridad y la incertidumbre no debe prolongarse durante mucho tiempo. Si una comunidad plantea seriamente que desea separarse de España, la única salida democrática, agotadas las posibilidades de acuerdo, es utilizar los procedimientos previstos en nuestro Estado de derecho.
Francesc de Carreras. Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.
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