sábado, 20 de diciembre de 2014

TORRES DULCE, FISCAL GENERAL: "DE DULCE"

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El ya exfiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, llevaba meses muy molesto con el Ministerio de Justicia, con las presiones recibidas por parte del Ejecutivo y por la actuación general del Gobierno deMariano Rajoy. Al menos, eso se desprende de los testimonios reproducidos en exclusiva este jueves por el programa de esRadio En Casa de Herrero.
Se trata de una conferencia pronunciada por Torres-Dulce el pasado mes de octubre en la Universidad Jaime I de Castellón sobre "el Ministerio Fiscal del Siglo XXI". En las declaraciones que recoge este programa, el ya ex fiscal general expresa su profundo desacuerdo con la actuación del Ejecutivo, su escasa rigurosidad en la acción política y un profundo desconocimiento, en algunos casos, de "los términos europeos de la justicia".

Presiones

Quizá una de las denuncias más destacadas de las que hizo Torres-Dulce en aquella conferencia es el del "cotidiano" intento del Ejecutivo en entrometerse en sus asuntos. "Intentar, como se intenta cotidianamente, que el Ministerio Fiscal vuelva a la órbita de influencia del Ejecutivo creo que es un error en el mapa constitucional y un error para el equilibrio delas cosas de la Justicia en España".
En este sentido, el ya ex fiscal general del Estado se quejaba de que su cargo está exento de "sistemas de control". Según destacaba, "no puedo responder ante el Gobierno porque no dependo del Gobierno y no puedo responder ante el Parlamento porque no tengo una comisión del Parlamento. Estoy aislado en cuanto a la responsabilidad de la exigencia y eso no es bueno en un entorno democrático".
Por este motivo, Torres Dulce pedía que se modificara "cuanto antes" el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, "reduciendo los poderes" que se le atribuyen y "estableciendo más sistemas de cortafuegos" en cuanto a la toma de decisiones. "Eso lo tengo realmente clarísimo", sentenciaba Torres Dulce.

Contra el Ministerio de Justicia

Otra de las quejas más significativas que hacía Eduardo Torres Dulce, apenas dos meses antes de presentar su dimisión, es el del funcionamiento del Ministerio de Justicia y de quienes ocupan sus más altas responsabilidades. Del departamento que dirigió Ruiz Gallardóny que ahora está en manos de Rafael Catalá dice que es el mejor ejemplo de las "vaguedades que se repiten cíclicamente cada cuatro años" en los programas electorales.
"Es el mejor ejemplo", decía, porque era "enormemente ambicioso" al principio, pero "se ha quedado prácticamente a estas alturas en casi absolutamente nada. No vamos a tener reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no vamos a tener reformas del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, no se va a emprender la reforma de la ley de demarcación y planta, necesaria para modernizar la administración de Justicia en España y probablemente no se va a reformar tampoco la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Y no se quedó ahí. Torres-Dulce también denunció que "no existe un trabajo riguroso a cerca de por qué, cómo y cuándo no está funcionando la administración de Justicia".
Por ese motivo, se quejaba de venir "clamando desde el comienzo de legislatura. No me hacen ni caso". Y añadía: "Es más, cuando el ministro me ha dicho que me ha hecho caso, ha hecho una reforma en el código penal que es como el chiste de Lourdes, que nos quedemos como estamos, o sea, que mejor no toque usted nada en absoluto porque empeora usted la situación".

Injerencias del Ejecutivo

Además de quejarse de las presiones sufridas por el Gobierno, Torres-Dulce también ha denunciado que "los procesos penales nos vienen precocinados por la Policía y por los agentes tributarios". Por eso, "desde lo que se plantea policialmente, con finalidades policiales, a lo que tenemos en los procesos, hay un abismo a veces absolutamenteinsondable".
En este sentido, también hablaba del "estatuto del imputado", algo "insoportable" a su juicio: "Que alguien simplemente que ha sido querellado, denunciado y admitido a trámite, tenga el estigma social que en este momento significa ser imputado es injusto", porque hay que distinguirlo de lo que significa "el estatuto del procesado".

¿Escuchas ilegales?


Finalmente, el ya ex fiscal general del Estado hacía una grave denuncia, aunque de forma velada: en "la interceptación de comunicacionesestamos ya en falso con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y a uno le da vergüenza seguir en un país que es condenado sistemáticamente por el Tribunal de Estrasburgo, mientras que los distintos gobiernos miran al tendido diciendo 'conmigo no va' y no hacen ni siquiera esas reformas parciales de ese criterio".
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