Rafá Zouhier coincidió en el centro penitenciario de Villabona con Suárez Trashorras y, a través suyo, con Antonio Toro Castro, cuando en el verano de 2001 el primero fue detenido por la Guardia Civil —gracias a una información procedente de Madrid— después de atracar junto a otras tres personas una joyería en un centro comercial de Siero. Fue allí, en la cárcel, donde, primero Suárez Trashorras y luego Zouhier ofrecieron a sus captores ejercer de “chivatos” a cambio de obtener su libertad. Así fue como, en octubre de 2001, ya fuera de prisión, Suárez Trashorras estrenó su nueva condición de “confidente” de la policía de Avilés, proporcionando datos que permitieron un operativo policial exitoso llamado “Pípol”, contra una banda que traficaba con droga, consiguiendo, como contrapartida, que suelten a su amigo, Toro Castro. A las reuniones con sus controladores, Suárez Trashorras acudía en ocasiones acompañado de su entonces novia, Carmen Toro. En noviembre de 2001, Antonio Toro salió de la cárcel de Villabona tres meses antes que Zouhier, quien, como hemos visto, ―todavía en prisión― también pidió ser ―y fue confirmado― “confite” (confidente) de
la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a instancias de un amigo español de alias “Mario”, dedicado a la falsificación de documentos y que tiene muy buenas relaciones en el mundillo de los guardaespaldas y los porteros de discoteca.[1]
En diciembre, agentes de la UCO visitaron a Zouhier en la prisión de Villabona, y éste les proporcionó información sobre tráfico de armas que, en febrero de 2002, permitió poner en marcha la “operación Hierro”, en Valdemoro, donde serían detenidas 11 personas dedicadas a la venta de armas introducidas desde Portugal. Entre los detenidos estaba el propio Zouhier, quien había participado en el delito, protagonizando el mismo papel desempeñado en la “operación Merlín”.
En enero 2003, Rafá Zouhier avisó a la UCO sobre la existencia de una trama de explosivos en la que estarían involucrados Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras. Un mes más tarde y como parte de la investigación resultante de esta confidencia, el agente “Víctor” le dio a Zouhier dinero para que viaje a Avilés a entrevistarse con Antonio Toro Castro, quien en noviembre había salido ya de la cárcel de Villabona. Con ese dinero, Zouhier alquiló un “todoterreno” Nissan e inició el viaje. Tras salir de la capital, camino de Avilés, fue detenido en la carretera por una pareja de la Guardia Civil. Al carecer de permiso de conducir, Zouhier tuvo que reconocer que era confidente de la “Benemérita”. En un principio, los agentes no le creyeron, pero, tras hablar telefónicamente con el oficial “Víctor” a pedido de Zouhier, se limitaron a multar al marroquí y dejaron que continuara su camino hacia Asturias. Allí estaba esperándole su “controlador”, “Víctor”. Tal como estaba previsto, Zouhier señaló desde la distancia a Antonio Toro Castro y a todo su entorno, incluido su cuñado, José Emilio Suárez Trashorras, que le estaban esperando para entregarle la muestra del explosivo. Zouhier puso el explosivo en un recipiente y lo trasladó desde Asturias a Madrid.
A su regreso, Rafá Zouhier paró en un centro comercial, cerca de Madrid, situado junto a la carretera de La Coruña, para entregar a los agentes “Rafa” y “Víctor” la muestra del explosivo que había conseguido en Asturias. Ahí, “Víctor” le encargó que busque compradores para la dinamita. Este encargo era conocido por el superior de “Víctor”, cuyo nombre en clave era “Paco” (con rango de capitán). Zouhier le ofreció la mercancía a unos búlgaros, que no picaron el anzuelo [2] , pero les compró armas que vendió a los islamistas causantes de los atentados del 11M (dos subfusiles “Sterling”, de procedencia británica, y otro de la marca “CZ”, de origen checo, además de dos pistolas).[3]
El 27 de febrero de 2003, la UCO pasó el caso del tráfico de explosivos en Asturias a la Comandancia general de la Guardia Civil de Asturias, a cuyo mando estaba el por entonces Coronel Laguna.
En julio de 2003, Rafá Zouhier avisó a la UCO de que los asturianos Toro Castro y Suárez Trashorras, estaban intentando colocar “sus” explosivos en Madrid. Ese mismo mes, Rafá Zouhier recibió auxilio de sus contactos en la Guardia Civil, que le libraron de un “asuntillo” en Asturias. Según contó, fue acusado de un pequeño robo con intimidación, y los agentes “Rafa” y “Víctor” hablaron con las autoridades judiciales de la zona para que saliera en libertad, como así fue.[4]
El 12 de marzo de 2004 el agente de la UCO “Víctor” llamó a Rafá Zouhier tres veces.
El 13 de marzo de 2004, el agente de la UCO “Víctor” llamó a Rafá Zouhier dos veces.
El 17 de marzo de 2004 el agente de la UCO “Víctor” llamó a Rafá Zouhier dos veces. Este mismo día, Rafá Zouhier llamó al agente de la UCO “Víctor” para delatar al “Chino” Jamal Ahmidan, diciendo que lo tenía localizado.
El 19 de marzo de 2004, el agente de la UCO “Víctor” llamó a Rafá Zouhier dos veces, fecha ésta en la que Zouhier fue detenido por efectivos de la Unidad Central Especial (UCE) II en el Centro Comercial de la Ermita del Santo, Madrid.
De acuerdo con estos antecedentes, es de suponer que el día 12 de marzo, el agente Víctor llamó a Zouhier para hablar sobre lo que había pasado el día anterior. Sin embargo, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación parlamentaria sobre el 11M, el Jefe de la UCO en Asturias, coronel Félix Hernando Martín, sorprendentemente declaró que el motivo de la llamada fue para pedirle información sobre un asunto de relativa ínfima importancia, como es el de un skin head con pedido de captura emitido por la policía de Barcelona:
<la Comandancia de Barcelona, una comandancia de Cataluña, nos pide apoyo para tratar de identificar a un individuo incurso en una investigación relacionada con gente de extrema derecha, skin heads, etcétera, y tienen datos de que hay un individuo, que están buscando para ser detenido en el marco de esa investigación, que les dicen que está por Madrid y que frecuenta algunos locales nocturnos de la zona sur de Madrid. Entonces, puesto que Rafa Zouhier es un hombre que conoce estos ambientes porque su profesión es la de seguridad de discotecas, salas de fiesta, etcétera, y conoce el ambiente nocturno de Madrid, se le llama para ver si nos puede ayudar a localizar a esta persona. Se le da una serie de características de esta persona, que yo ahora mismo no conozco, y los días 12, 13 y 14, me parece recordar que por la noche, o alguna de las noches, está con agentes de la Unidad tratando de localizar a esta persona.>>
(Sesión de
la Comisión sobre el 11M del 20/07/04)
Este coronel, Félix Hernando Martín, es el mismo que durante el anterior gobierno del PSOE, trabajó a las órdenes del ex secretario del Ministerio del Interior, Rafael Vera —actualmente cumpliendo condena por malversación de fondos reservados— en relación con los crímenes del “Grupo antiterrorista de Liberación (GAL).[5] Concretamente, el coronel Hernando estuvo imputado por la Audiencia Nacional por malversación de fondos y delitos monetarios, habría viajado hasta Ginebra para entregar a las mujeres de los agentes de la policía y miembros del GAL: José Amedo y Michel Domínguez, maletines con 50 millones de pesetas. Según el sumario del juez Garzón, Hernando, junto a Machín y De Justo, intentaron “comprar el silencio de Amedo y Domínguez, pagándoles por los servicios prestados” mientras permanecían en prisión.
El coronel Hernando ascendió a máximo responsable de la UCO en el año 2000, con el “popular” Jaime Mayor Oreja todavía al frente de Interior. Hernando fue jefe de esta Unidad durante los casi tres años en que Zouhier fue confidente a su servicio. En 2003, Hernando recibió la medalla de Plata de la Orden de Mérito del Plan Nacional Sobre Drogas. En 1999, siendo todavía teniente coronel, fue propuesto por la Dirección General de la Guardia Civil para recibir la Cruz del Mérito del Cuerpo, pero Mayor Oreja revocó la orden al enterarse de que estaba implicado en un sumario del caso GAL.
Bien. Ante la evidencia de que el coronel Félix Hernando cometió falso testimonio en la Comisión del 11M, el Partido Popular presentó un escrito en el que pidió una decena de nuevas comparecencias para “aclarar algunos puntos de discrepancia en los testimonios y poder abordar con informaciones más claras la elaboración de las conclusiones”. Esta nueva lista incluyó a los confidentes José Ignacio Fernández Díaz, alias “Nayo” y a Francisco Javier Villazón Lavandera, al guardia Jesús Campillo de la Guardia Civil de Asturias, al capitán Marful, jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, y al comandante Jambrina, de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo.
Y para seguir analizando la trama asturiana de explosivos, el Partido Popular (P.P.) pidió que, además, acudiera a declarar el teniente coronel Aldea, jefe de la Comandancia de Oviedo, y Adolfo Barajas, comisario de Policía de Avilés, así como el responsable Operativo de la Operación Pipol de la Policía de Asturias, y Juan Carretero, jefe Superior de Policía de Asturias. Según los “populares”, después de conocer la opinión del juez Juan Del Olmo sobre "descoordinación en la atención a las víctimas", debería también comparecer en la Comisión la subsecretaria de Interior, Soledad López Fernández, que es responsable de la Oficina de Atención a las Víctimas. Por voto de la mayoría, la petición del P.P. fue rechazada, y la Comisión procedió a dar carpetazo a la fase propiamente investigativa, para empezar a recopilar la información que se había generado en los últimos meses, a fin de redactar las recomendaciones y conclusiones finales.
El 3 de agosto de 2005 trascendió a la prensa la “guerra abierta” entre la Policía Nacional, la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón y la de Oviedo, respecto de la trama de los explosivos montada en Avilés por Toro y Trashorras. Esta nueva situación se produjo a raíz de lo que aparece en el folio Nº 33.368 del sumario en poder del Juez de la Audiencia Nacional que atiende la causa del 11M, Juan del Olmo, donde se hace mención a un informe sin fecha ni firma, pero que —según“El Mundo”— el cesado Teniente Coronel Rodríguez Bolinaga atribuye sin ninguna duda a la Comandancia de Oviedo. El informe dice que Félix Hernando no sólo despreció la información proporcionada por el confidente Rafá Zouhier, sino que tras “no dedicar recursos a una investigación que entraba de lleno en sus competencias”, intentó luego eludir su responsabilidad durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación Parlamentaria del 11M e incluso después. En efecto, así parece según el reporte de la cadena radiofónica COPE que dice:
<<…un subordinado del Coronel Hernando, el alférez que controlaba al confidente Zouhier, llamó a la Comandancia de Oviedo seis días después de que compareciera ante la Comisión parlamentaria su jefe, para pedir que fuera destruida una nota interna del cuerpo, que dejaba en mal lugar la versión dada por Hernando. Ese alférez comparecía al día siguiente ante la misma Comisión. Se aclara en el informe aportado al sumario, que esa nota interna dejaba claro que la red investigada en Asturias era nacional, no local, en contra de lo dicho por el Jefe de la UCO y que, Hernando, al desentenderse de la investigación de Asturias, incumplió el protocolo de actuación de la Unidad Central Operativa.
Volviendo ahora al otro escrito conocido por esta emisora, al elaborado por el destituido Bolinaga, resultan especialmente duros los términos empleados por el Teniente Coronel al final de su informe: la acusaciones que le lanzan desde Oviedo podrían deberse a que la Comandancia de Oviedo o su Jefe se sienten responsables del atentado del 11M y utiliza la técnica de marcar objetivos falsos, en concreto la Comandancia de Gijón y su ex jefe, como medio de evitar la atención.>> : http://www.cope.es/paginas/noticias.asp?noticia=7156
Ese mismo día, el director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, en actitud descalificatoria de ese informe oficialmente anónimo y, por elevación, de la misma Comisión parlamentaria, puso esta patata caliente en manos de la justicia declarando que al Juez Juan del Olmo y a nadie más corresponde juzgar si el Coronel Félix Hernando, jefe de la UCO, ha mentido o no ante la Comisión parlamentaria del 11M.
Demostrando que en las presentes condiciones de la lucha de clases, la política Exterior de España no es una cuestión de Estado, es decir, del conjunto de la burguesía, sino que forma parte de la “pequeña política” o disputa entre sectores definidos de ella, el periodista liberal P.J. Ramírez, apoyado sin duda por el pragmatismo político del Partido Popular, le ha respondido inmediatamente al militar Arruche, diciéndole que se equivoca, porque, además de la responsabilidad penal —que, indudablemente corresponde dirimir a la justicia, esta vez interpretada en la persona del Juez Juan Del Olmo— éste también es un caso que implica responsabilidades políticas que deben ser dirimidas por el Congreso, y para eso se ha formado la Comisión parlamentaria sobre el 11M.
Finalmente, hay un nivel de responsabilidad que es el disciplinario, propio de cada dependencia del respectivo poder “independiente” en ejercicio dentro del Estado de derecho. Por tanto, la conclusión de este razonamiento formalmente veraz de J.P. Ramírez es la siguiente:
<<…si Hernando Mintió en el Congreso, el propio Arruche y el ministro del Interior son responsables por no disipar el equívoco creado por estas “falsedades” (…y) si el jefe de la UCO no hizo bien su trabajo e infravaloró los datos de que disponía sobre la trama de la dinamita, debería haber sido relevado por Arruche. El coronel Hernando sigue siendo el jefe de la UCO y nadie le ha exigido responsabilidades, ni sobre sus contradicciones en la Comisión, ni sobre su actuación profesional. Arruche no puede descargar sus obligaciones sobre el Juez.>> (Op. Cit.)
Desde este último punto de vista, formalmente veraz, mal que les pese a unos cuantos las víctimas del 11M han dejado de ser un patrimonio político de la coalición actualmente a cargo de las instituciones políticas del Estado español —como lo fueron desde el día de los atentados—, para pasar a manos de la oposición. Esto es lo único que realmente parece importar en el macabro juego genocida de disputa entre los representantes políticos de las distintas fracciones de la burguesía, por la apropiación del poder institucional burgués para sus propios fines alternativos particulares en la sociedad civil.
[1] Éste es el famoso Mario, a quien después del 11M
la UCO le sugirió que abandone España.
[2] Según la versión de Félix Hernando, lo del viaje a Asturias de Zouhier y Víctor es verdad, pero ese viaje sólo sirvió para "marcar" a los traficantes; la muestra de dinamita fue llevada por Antonio Toro y Suárez Trashorras a Madrid, los cuales se la entregaron a Zouhier y éste a la UCO; según Félix Hernando, la UCO no encargó a Zouhier que buscara compradores. Por su parte,
“El Mundo” dijo que este viaje a Asturias se había producido en mayo de 2003, pero según la comparecencia de Félix Hernando ante la Comisión del 11M, la fecha real es febrero.
[3] Estas armas son las mismas que posteriormente portaron los principales líderes ejecutores de la matanza en las imágenes del vídeo que grabaron y difundieron para atribuirse la comisión del atentado; las mismas que presuntamente utilizaron el 3 de abril contra los efectivos del Grupo Especial operativo (GEO) de la policía que les fue a detener en un piso de Leganés, tiroteo en el que, según la Policía Nacional, falleció un capitán de esa fuerza de seguridad del Estado. En tales circunstancias, una vez evacuado el edificio, la vivienda objeto del allanamiento policial explosionó espectacularmente, de tal forma que la onda expansiva dirigió en medida sus efectos destructivos hacia la parte trasera exterior del edificio, hecho que el Ministerio del Interior atribuyó a una acción deliberadamente suicida de los terroristas.
[4] No está claro si se refiere a un nuevo robo o al robo de septiembre de 2001.
[5] Rafael Vera y José Barrionuevo —ex Ministro del Interior bajo el mismo gobierno “socialista”— fueron condenados junto a otros siete implicados en el "caso Marey", como integrantes de la "banda terrorista GAL" en calidad de "ideólogos", dirigentes y patrocinadores; los otros como ejecutores "logísticos" y contratadores de asesinos a sueldo. Los miles de millones sustraídos de los Fondos Reservados —jamás justificados— sirvieron para asesinar y secuestrar, pero también para enriquecer a unos y a otros; la riqueza que Rafael Vera tiene a nombre de su suegro, sus hijos y otros "testaferros", procede sobre todo, de los "impuestos" y las permanentes comisiones obtenidas del hampa, cuando presidía la Comisión Nacional del Juego. El dos de abril de 2001, José María Luzón, teniente-fiscal del Tribunal Supremo, exigió que José Barrionuevo y Rafael Vera reingresaran en la prisión, así como los otros siete condenados en el "caso Marey", pocos días después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de amparo que sus respectivos abogados interpusieron hace cuatro años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario