11-M - ETA

6. ¿Se implicó ETA en el 11M?

En la madrugada del 29 de febrero de 2004 —11 días antes de la masacre del 11M— al mismo tiempo que “El Chino” Jamal Ahmidan volvía desde Avilés hacia Morata de Tajuña en su VW “Golf” cargado con 200 kilos de dinamita— la Guardia Civil interceptó a dos furgonetas en la localidad conquense de Cañaveras, procediendo a detener a sus ocupantes quienes dijeron pertenecer a ETA, dos jóvenes de 25 años carentes de antecedentes penales y experiencia alguna en acciones terroristas, llamados Gorka Vidal Álvaro e Irkus Badillo Borde.

Según el informe del Ministerio del Interior, en una de las furgonetas —con matrícula falsa—, se había acondicionado una caja metálica de dos metros de largo, uno de alto y uno y medio de ancho, conteniendo 506 kilos de “cloratita” en sacos (un explosivo casero de ignición lenta), junto a otros 30 Kg. de dinamita Titadyn en tubos de plástico (probablemente de la robada en Francia), 90 metros de cordón detonante y un temporizador. Una gran bomba itinerante. Preguntados por sus intenciones, dijeron que tenían órdenes de dejar el vehículo-bomba en un polígono industrial de la periferia de Madrid, donde “una posible explosión no causara muchas víctimas”. A Tenor del reporte firmado por Fernando Múgica que publicó “El Mundo” en su edición del 19/04/04, en el Ministerio del interior “estaban esperando un gran atentado de ETA”, pero tras un primer momento de sorpresa, “los expertos policiales y los servicios de Inteligencia” entendieron que se trataba de “un transporte de “mercancía” que “los dos etarras tenían que entregar a alguien”. Por lo tanto, descartaron que fueran esos dos jóvenes novatos los encargados de realizar la prevista acción terrorista de esa organización.

<> (Op.cit.)

Pero al mismo tiempo, Múgica destaca un hecho que los burócratas del Ministerio del Interior fueron los primeros en comprobar: que ETA carecía de la infraestructura necesaria como para “que pudiera apoyar una acción como la que dejaba entrever la caravana de Cuenca”. Y esa obviedad indujo en Mugica la conclusión de que los etarras:

<<…no tenían ninguna probabilidad de llevar a cabo su macabro propósito.>> (Ibíd)

¿Por qué? Pues, porque como el mismo Múgica dice en su artículo:

<> (Ibíd)

Entonces, cuándo dice que en la cúpula del Ministerio del Interior del gobierno de Aznar estaban esperando que ocurriera “un gran atentado de ETA”, ¿a que “ETA” se refiere Múgica, a la supuesta ETA que reclutó a esos dos “pringados” para que hicieran el trabajo de traer los explosivos —que “otros” harían explotar vaya a saber donde— y después detenerles para cargarles el mochuelo, o a la “ETA” que les tenía controlados y les detuvo antes de que pudieran consumar el hecho?

En cualquier caso, ¿quién ordenó y ejecutó ese seguimiento si es cierto que para los de la cúpula del Ministerio del Interior la noticia del apresamiento de los dos etarras fue “como un regalo inesperado” y “desconcertante” que les llevó a correr hasta Cuenca “para hacerse la foto”? ¿No habrá sido un regalo tan sorpresivo como indigesto? Una indigestión de campeonato, a tenor de lo que ambas fuerzas políticas mayoritarias tenían previsto en cuanto a que el resultado de las inminentes elecciones generales, dependería en gran medida de lo que opinaran los electores con su voto respecto del compromiso de España con EE.UU. en el Medio Oriente, y de lo que hiciera o dejara de hacer ETA en esos días, como así quedó demostrado.

En este punto imaginemos un tercero en discordia que interviene en esta polémica preguntando: ¿por qué no pudo ser ETA quien, contra todos los pronósticos razonables, decidió en esos días echar el resto de su capacidad militar en una operación de envergadura para poner en jaque al Estado? Desde este preciso punto de vista, el militar, la pregunta es pertinente, dado que 500 Kg. de “cloratita” acompañada de sólo 30 Kg. de “Titadyn”,  es una cantidad considerable de explosivo como para sugerir que se estaba poniendo bastante carne en el asador. Pero la mayor proporción de explosivo artesanal —que ETA había venido utilizando en los últimos años ante la merma del “Titadyn” sustraído a los franceses en Grenoble— denotaba la creciente debilidad logística de la organización, además de la propiamente operativa que demostraba utilizando un personal sin la más mínima experiencia. 

Cierto, ETA es una organización armada que hasta hace bien pocos años vino pensando su táctica con la contraparte militar al lóbulo político de su cabeza. Pero, no es menos cierto que, desde el momento en que los GAL del PSOE (durante el gobierno González) forzaron a que el Estado francés se implicara en la lucha antiterrorista en su territorio, esta organización fue perdiendo retaguardia militante y base logística en ese país, con lo que su debilidad en el plano operativo se hizo cada vez más notoria hasta el extremo de conducirle a extender sus objetivos militares a la llamada “clase política” institucionalizada, al mismo tiempo que a utilizar coches bomba en sus atentados, con los consiguientes “daños colaterales” sobre la población, lo cual acabó restándole gran parte de su amplia base social de apoyo anterior.[1]

Esto determinó que el instinto de conservación burocrático de los dirigentes abertzales, incentivara en ellos la inteligencia táctica durante mucho tiempo embotada por su estupidez militarista, ajena a los cambios de coyuntura operados por la transición del franquismo a la “democracia”. Y esto es lo que, en buena lógica de supervivencia burocrática, explica que su dirección decidiera finalmente pasar a jugar sus bazas en una negociación, con vistas a reemplazar la lucha armada por la lucha política.

Semejante estado de cosas cambió las condiciones de la lucha interburguesa o de andar por casa en el Estado español respecto a su política territorial institucionalizada. Y es que esta nueva realidad coyuntural exigió —por parte del Estado y de sus “nacionalismos periféricos” con tendencia histórica centrífuga— un nuevo modus vivendi a medio camino entre la autodeterminación y el autonomismo pacato previsto en la Constitución de 1978, que en el nuevo modelo preparado por el PSOE se reduce, por parte del Estado, a conceder un mayor poder administrativo competencial a las dos burocracias políticas autonómicas más exigentes de su periferia estatal —Catalunya y Euskadi—, a cambio de que abandonen de hecho su estrategia de ruptura con el Estado plurinacional único.

Pero el problema para ese nuevo proyecto de Estado nacional español —y, por tanto, para el conjunto de la burguesía de este país “diverso”— es que una parte de su clase dominante representada por el Partido Popular, no acepta las nuevas condiciones. Mejor dicho, sostiene que tales condiciones no se dan, porque ETA ha sido derrotada militarmente y esta derrota exige continuar la lucha policial del Estado, no sólo hasta la aniquilación de esa organización militar, sino hasta la desaparición política del propio Movimiento de Liberación Nacional Vasco (M.L.N.V.) y demás “nacionalismos periféricos”, no importa cual sea su mayor o menor raigambre social. Y el argumento que el Partido Popular utiliza para justificar esta política territorial centralista enquistada en el Estado nacional español desde los tiempos de Franco, es que en los Estados nacionales modernos no existen derechos históricos nacionales diferenciales, sino sólo derechos individuales, un argumento de tradición  liberal democrático-burguesa de cuño decimonónico, que se da la mano con cualquier dictadura política nacional centralista, como lo fue el franquismo, lo cual demuestra que ambas formas políticas de gobierno burgués que se han venido alternando traumáticamente en el capitalismo tardío —democracia y dictadura— comparten la misma esencia de clase y son compatibles con un mismo tipo de Estado clasista burgués. Ambas son formas de existencia suya, intrínsecas por naturaleza, aun cuando la forma “democrática” es la que mejor sirve a los intereses de la burguesía en su conjunto. Más aun, son alternativas e históricamente complementarias, se alternan periódicamente allí donde exista este problema menor de la diversidad nacional burguesa al interior de un mismo Estado, o donde el proletariado se rebele.[2]

Así las cosas, una vez de momento agotada para los burócratas del MLNV la posibilidad de la vía armada para alcanzar su autodeterminación nacional, la única fuerza política —dentro del bipartidismo predominante al interior de las instituciones del Estado nacional español— con la cual poder negociar  tácticamente su inclusión en ellas de la forma más digna y consecuente posible con su estrategia de independencia, es el PSOE. 

Cuando esta idea cuajó en la conciencia de los militantes del MLNV —porque así lo aconsejó la debilidad militar de su brazo armado y, a través de ese hecho, sus propias bases de apoyo en la sociedad vasca—, comenzó el proceso de contactos con el PSOE con vistas a una salida negociada a su situación. En semejante contexto político no hace falta mucha lucidez para suponer con toda certidumbre que, a fines de febrero de 2004, pocos días antes de las elecciones generales, ese proceso de contactos con el PSOE desde la oposición al gobierno del Partido Popular, estaba bastante avanzado y la cúpula de ETA sabía muy bien lo que debía y no debía hacer para contribuir al triunfo —de su objetivo común— en las elecciones previstas para el 14M.

Esta certidumbre se confirmó tras la detención de Félix Ignacio Esparza Luri alias "Navarro", “Ana”  y "Gaba", en la localidad francesa de Saint-Paul-les-Dax, el 02/04/04, máximo responsable del aparato logístico de la banda ETA. Además de abundante material propio del cometido de su tarea, a “Navarro” se le incautó documentación, entre ella:

<<…actas de al menos una reunión, celebrada en febrero de 2004, entre miembros de la organización terrorista ETA y dirigentes del PSOE, en las que, según aseguraba el diario El Mundo este fin de semana, se acordó la celebración de nuevas reuniones entre los socialistas y los terroristas. En el acta de esa reunión, un mes antes de las elecciones, los terroristas ya daban por vencedores de las elecciones del 14-M al PSOE>> (Op. cit.)

Y si como es cierto que ese objetivo común pasaba en lo inmediato por desalojar al Partido Popular del gobierno, ¿qué sentido tenía para los conspiradores, que ETA comprometiera su participación material en un atentado que, de haber dejado el menor indicio de ello, el único beneficiario sería el adversario a batir?

Esta prevención con seguridad acordada entre ETA y el PSOE en alguno de sus encuentros secretos previos a las elecciones, fue ratificada por el propio Alfredo Pérez Rubalcaba tras una sugerente alusión a los “miserables” y “asesinos” de ETA, durante uno de los debates en

la Comisión parlamentaria de Investigación sobre el 11M, celebrada en agosto de 2004:

<(se refiere al intento de atentado de la nochebuena de 2003 en Chamartín, a la llamada “caravana de la muerte” y al otro supuesto intento en Vaquería Beret contra la familia real del que han dicho oído hablar los detenidos Gorka Vidal e Irkus Badillo).  Es cierto, hay una percepción en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de que eso pudiera ser, y puede ser en cualquier momento, porque son una banda de miserables y de asesinos, que quede clarísimo. Dicho esto, en la literatura de ETA que uno se molesta en leer no existe esa pretensión; es más, al contrario, algunos de los puntales últimos de la organización parece que se apartan de eso, pero no lo hemos querido rebatir...>> (Subrayado nuestro). Ver:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CI/CI_012.PDF

Es decir, que Rubalcaba estaba seguro que de la participación de ETA en el 11M no se disponía del menor indicio ni prueba alguna porque no había participado. Y en referencia a esta misma parte subrayada de las palabras de Rubalcaba que acabamos de citar, el periódico “Gara”, de filiación política abertzale (izquierda vasca), utilizó la expresión “punta del iceberg” en clara alusión a lo que había debajo de esas palabras de Rubalcaba, esto es, que si en este debate el PSOE había roto manifiestamente el pacto informativo de Estado en política antiterrorista mantenido escrupulosamente con el Partido Popular hasta ese momento —lo cual es rigurosamente cierto— fue en mérito al acuerdo previo que el PSOE ya tenía formalizado con ETA, para iniciar las negociaciones en el caso de que ganara las elecciones el 14M. Y este acuerdo pasaba, entre otras cosas, porque ETA se mantuviera escrupulosamente inactiva antes de esos comicios. Y a buen entendedor, en efecto:

<(como la de la “caravana de la muerte). Resulta aleccionador comprobar cómo un hombre que ha estado en la cocina de tantos planes “antiterroristas”, como Alfredo Pérez Rubalcaba, desmonta el andamiaje de manipulaciones que el ex ministro Ángel Acebes había construido en torno a los supuestos antecedentes del 11-M que, por cierto, se encontraban ya absolutamente instalados en la opinión pública. De no haber mediado tal enfrentamiento (en la Comisión Parlamentaria del 29 de Julio/04), el PSOE nunca hubiera corregido la versión oficial, a pesar de tener los datos que la contradecían. Su silencio hubiera formado parte de la lealtad a las políticas de Estado en contra de la disidencia vasca. Conocer esta punta del iceberg sirve para que las próximas noticias salidas de los aparatos del Estado sean tomadas con la necesaria reserva. Cfr. en:http://www.gara.net/orriak/P11082004/art93186.htm

 Dicho de otra forma, el presunto intento de atentado que supuestamente se planificó ejecutar mediante la furgoneta-bomba de la llamada “caravana de la muerte” interceptada en Cuenca, llevaba no sólo una carga explosiva distinta a la utilizada en los atentados del 11M, sino que las cargas políticas de cada una de ellas —de ser cierta su autoría— eran de signo completamente opuesto a los intereses coyunturales de ETA: la furgoneta-bomba favorecía los planes del Partido Popular, en tanto que, como se ha comprobado, el 11M atribuido al terrorismo islamista, favoreció los planes del PSOE y…de ETA, como hoy es público y notorio.

¿Pero aquí vuelve nuestro tercer interlocutor en discordia para preguntar, ¿por qué, entonces, pudo no ser posible que ETA participara en el 11M? Fue posible. Pero en política, como en otros tantos ordenes de la vida en que las cosas no suceden por azar o capricho, lo posible en cuanto a la autoría de un hecho, para poder ser probable, debe ser antes que nada subjetivamente necesario. En tal sentido, ¿qué necesidad tenía ETA de implicarse en un atentado ajeno a su ideología política, donde el más nimio indicio de su participación hubiera sido contrario a sus intereses?

Como bien advierte Múgica en su artículo, este “intento” de atentado tuvo muy parecidas características e intencionalidad política al de la estación de Chamartín en la nochebuena de 2003. Este último también estuvo directamente protagonizado por dos resentidos, ingenuos e ineptos jóvenes vascos de 24 y 25 años, quienes con una maleta llena de explosivos quisieron provocar una masacre en el tren de la línea Irún-Madrid. Pero como sucediera con la llamada “caravana de la muerte”, los dos terroristas estaban siendo controlados por las Fuerzas de Seguridad, que así consiguieron detener el convoy a la altura de Burgos, desalojarlo y neutralizar las mochilas-bomba. Múgica acaba su análisis sobre este episodio diciendo tan ambigua como enigmáticamente:

<(supieran que sus enviados estaban controlados). Sobre todo, considerando que, a dos meses de los atentados del 11-M, y como recordó ayer(18/10/04) el ex secretario de Estado de Seguridad Ignacio Astarloa, toda la potencia de fuego en materia de prevención antiterrorista estaba activada.>> (Op. cit. Lo entre paréntesis nuestro) Y aquí cabe la pregunta acerca de “los que les enviaron”: ¿actuaron en representación de “las Fuerzas de Seguridad” del Estado o de una parte de él?

Fue en estas circunstancias que el Ministerio del Interior —todavía bajo el gobierno del Partido Popular—, el 10M montó en Madrid la llamada “Operación Genil”, en la que participaron 200 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) Antidisturbios, para evitar que ETA pudiera intentar cometer otro atentado en la Capital del Estado español antes de las elecciones del 14M. Con tal fin procedió a..

<>http://paz-digital.org/new/content/view/2552/138/

Todo esto sucedió al mismo tiempo que “otros” —¿quiénes?— ponían a punto el 11M “con toda la potencia de fuego activada” sobre los trenes de la línea del ferrocarril de cercanías Alcalá-Atocha. Desde la aparición de esta noticia difundida por varias agencias de prensa independientes, ni el gobierno del Partido Popular, ni el entrante del PSOE como consecuencia de los atentados del 11M, ni los grandes medios de difusión masiva, han abierto la boca acerca de por qué ese operativo llamado “Genil” fracasó, ni nadie ha pedido responsabilidades políticas por algo que, para la gran mayoría de ciudadanos jamás ocurrió. Y es que la comisión de los atentados en medio de un operativo “secreto” montado precisamente para evitar lo que sucedió, dejaría muy mal parado al gobierno del Partido Popular, al mismo tiempo que arrojaría sospechas sobre los mismos servicios secretos de cara a las investigaciones posteriores. En este sentido, el silencio que se hizo en torno al operativo “Genil” resulta clamoroso. 

Conclusión: aunque parece que la oligarquía de partidos existente en los Estados nacionales de todo el Mundo actual, resuelve “democráticamente” sus diferencias en las urnas, en realidad es porque las cosas que esas fuerzas políticas hacen desde el interior del aparato de Estado unas contra las otras para volcar la voluntad popular en su favor, siempre son secretos burocráticos de facción que la otra u otras deben ignorar. El 11M entra en esta vieja categoría política ignota, que para los buenos ciudadanos es simple “providencia” que sólo deja ver el rostro de sus mensajeros. Y respecto de otras cosas que se hacen o dejan de hacerse —como lo sucedido en el operativo Genil— todos los bandos saben ponerse de acuerdo porque necesidad obliga, para que nadie más que ellos sepa nada de nada. Estas cosas constituyen secretos burocráticos de Estado. Como se ve, una confabulación sistemática permanente de las mafias partidocráticas al servicio del capital contra la clase asalariada. Tal es la esencia burocrática —cada vez con más frecuencia gangsteril— de la “democracia”.     

Ya hemos visto que en todo lo concerniente a la naturaleza de los explosivos que se utilizaron el 11M, Juan Jesús Sánchez Manzano mintió reiteradamente al Juez de la causa y a la Comisión parlamentaria en cuestiones esenciales que hacen a la verdad de lo que pasó ese día.[3] Y al poder judicial “independiente” se le pudo ver también tan alejado de esa verdad, como al Juez Juan del Olmo saltando de uno a otro platillo en la balanza de la justicia, según la mayor o menor presión ejercida sobre él por los poderes fácticos del sistema enfrentados, una vez más, por apoderarse del Estado, y de buena parte del dinero que circula entre ese aparato burocrático del poder político y la sociedad civil, que tanto monta, monta tanto. Pretender de todos ellos otra cosa es como pedirle peras a un Olmo. Ellos son parte del entramado burocrático que sirve al bloque histórico burgués en el poder —a cambio de sueldos y prebendas— estando, por tanto, en ellos, que ni ésta ni otras verdades lleguen a ser confesadas oficialmente por el propio Estado, antes de que acabe por saberse en la base de la sociedad, después de que su ocultamiento haya cumplido el cometido político previsto.[4] Mientras tanto, la mentira del Estado eventualmente a cargo de una determinada fracción política de la burguesía o coalición de ella en el gobierno —como es el caso a raíz del 11M de la representada por el P.S.O.E, I.U., P.N.V., C.I.U., E.R.C. y H.B., también involucra a formaciones políticas de la oposición, como el Partido Popular y sus ocasionales aliados mediáticos.

Cuando, en sus “Notas autobiográficas” Albert Einstein dijera con meridiana claridad: “El Estado miente deliberadamente”, estaba comprometiendo en esa mentira sistemática a los tres poderes institucionales que le dan vida: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Con esto queremos decir que hoy día, en el Estado español está fungiendo un bloque histórico de poder coyuntural constituido por las formaciones políticas que acabamos de mencionar, y que a raíz del 11M ha supuesto una ruptura con la política exterior y territorial que el Estado español había mantenido desde 1978. Todo ello a instancias de un golpe de Estado al mismo tiempo despótico y  “democrático”, por haber sido producto de un crimen brutal ratificado en las urnas.

Toda una paradoja producto de la contradicción entre la realidad económica que mueve los hilos de la lucha política entre fracciones de la burguesía, por un lado, y sus formas de manifestación que ocultan esa realidad, por otro. ¿De que modo la realidad económica mueve a la política? A través del interés personal y de fracción partidaria, que diversos poderes económicos privados o sectores de clase burgueses, crean en otros tantos diversos políticos profesionales agrupados en partidos, que así actúan en las instituciones de Estado defendiendo esos intereses y, como es natural, los suyos propios, que sus defendidos se encargan de atender dispendiosamente. Esto es lo que, en esencia, orienta la verdadera dirección y sentido de las distintas fuerzas partidarias y de los políticos profesionales adscriptos a ellas dentro de las instituciones del Estado capitalista.

Pero dado el prejuicio introyectado entre las clases subalternas en el sentido de que el Estado es el baluarte de los “intereses generales de los ciudadanos”, es obvio que los políticos, en su carácter de coadministradores del Estado para asumir esos intereses privados al interior de las instituciones del Estado, deben hacerlo en el más absoluto secreto, dado que, como agentes estatales no pueden aparecer traicionando el principio de representación de los intereses generales.

Y es aquí donde cumplen su cometido, por un lado, la democracia formal o representativa y, por otro las formas de manifestación de los burócratas políticos dentro del Estado democrático de derecho. Y el caso es, como hemos visto ya, que la democracia representativa sin control directo alguno por parte de los representados, permite que los altos cargos electos de cada fracción partidaria, puedan convertir su función pública en cosa privada, es decir, transformar su formal representación de los intereses generales de sus electores pertenecientes a las clases subalternas, en representación real o de facto de determinados intereses particulares de las clases dominantes. Por su parte, el cometido de las formas de manifestación utilizadas por cada fracción de burócratas políticos electos, consiste en ocultar a qué intereses particulares responden ellos, y al mismo tiempo desvelar a qué intereses particulares responden los burócratas de las formaciones políticas adversarias. 

Dicho en otras palabras, la pura forma o representación formal de la “voluntad popular” por parte de los burócratas políticos institucionalizados —sin control permanente por parte de sus representados—, les permite “actuar” o “hacer teatro” como personajes públicos en el escenario de las instituciones “democráticas” burguesas, representando un papel que no es el que secretamente desempeñan como actores privados en la vida política real según sus propios intereses (personales y de fracción política).

Y es que estos intereses personales y de fracción partidaria que hacen valer los representantes políticos institucionalizados al interior del aparato estatal, son el producto de sus vínculos económicos y sociales con determinadas fracciones del capital global actuantes en la sociedad civil burguesa, que así inciden en las políticas del Estado para fines particulares propios. Y según la masa de dinero que circule entre estas dos partes —Sociedad Civil y Estado— de tal modo vinculadas, mayor es la probabilidad de que determinados partidos y personajes de la vida política de un país, consigan convertir la voluntad política de las clases subalternas que les votan en poder político efectivo de las clases dominantes a quienes realmente representan.

Tal es el secreto de la “democracia” por eso llamada “democracia de mercado”, verdadera prolongación política de la explotación capitalista sobre los asalariados en las instituciones de Estado. De este modo, a través de los políticos profesionales a su servicio en las instituciones estatales, la  burguesía consigue escamotear el divorcio de intenciones y propósitos que existe entre la representación (manifiesta o pública) de los asalariados en las instituciones de Estado y la realidad política (oculta, secreta o privada) de la que permanecen por completo excluidos y desde la que se conspira constantemente contra ellos.     

Todo este tinglado forma parte del bloque histórico de poder estratégico en el que están interesadas por igual y participan, todas las fracciones de la burguesía, en tanto que vela por la estabilidad política delsistema de vida capitalista, que es, a su vez, la condición de existencia de los bloques históricos de poder coyuntural que se alternan al frente del Estado y del que los asalariados permanecen excluidos. Pero, por esto mismo, la dialéctica entre bloques políticos coyunturales de poder desaparece cuando el proletariado despierta y, por las fisuras de la pequeña política entre esos bloques de poder coyuntural, la lucha de clases efectiva y real se abre paso hacia la gran política o dialéctica entre las dos clases universales antagónicas, esto es, a la lucha del proletariado contra la burguesía en su conjunto. Y es en estos momentos cuando la burguesía advierte el peligro de que, en el curso de ese conflicto, los explotados descubran la necesidad de luchar por su dictadura de clase. Y éste es el momento en que el bloque histórico de poder estratégico de la burguesía en su conjunto, debe responder con todos sus medios para conservar su propia dictadura social, mediante el golpe de Estado cruento que puede desembocar en guerra civil.

Por eso es que los bloques históricos de poder burgués coyuntural, son todos ellos compatibles con golpes de Estado preventivos más o menos cruentos, sean de tipo político totalitario —como la dictadura de Franco— o “democráticos” más o menos encubiertos, como el 23F o el 11M. Y desde luego, todos se presentan inevitablemente adornados con las mentiras oficiales urdidas en torno a cada conspiración exitosa de turno para ocultar su verdad histórica. ¿Cuál es, por tanto, la tarea de los revolucionarios? Descubrir en cada caso esa verdad histórica rompiendo el espejo cóncavo en la cámara oscura de la representación burguesa, para ir construyendo en suelo firme y a cielo abierto el camino de la revolución que, al final, acabe con toda esta basura.

En tal sentido, a nosotros nos da igual que E.T.A. haya o no participado en los atentados del 11M, en tanto que consideramos a esta organización como parte del bloque histórico de poder burgués estratégico. Pero como integrante que es, también, del bloque histórico de poder burgués coyuntural que se hizo cargo del Estado como consecuencia de esos hechos, entendemos que no tuvo ninguna necesidad de implicarsedirectamente en ellos, porque no estaba en condiciones logísticas ni militares tácticas de llevarlos a cabo con éxito. Pero lo que es más importante, porque sus dirigentes no podían arriesgarse a dejar el menor rastro indiciario de su participación, teniendo en cuenta la trascendencia política favorable a sus intereses burocráticos que tuvo el montaje que permitió atribuirlos al terrorismo islamista. De ahí el papelón político del Partido Popular y los más media que le bailan el agua, en su afán de demostrar lo indemostrable.   

éste y el resto de nuestros documentos en otros formatosgrupo de propaganda marxista
http://www.nodo50.org/gpm
e-mail: gpm@nodo50.org

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[1] Esta ampliación social de los objetivos de ETA hacia los políticos, comenzó el 16 de octubre de 1984 con el atentado mortal contra el senador del PSOE Enrique Casas Vila, abatido de varios disparos en su despacho de la ciudad guipuzcoana de San Sebastián. Según las estadisticas oficiales, el primer atentado de ETA con coche bomba durante la “democracia” ocurrió el 23 de junio de 1983 al paso de una furgoneta de la Policía Nacional en la misma ciudad de San Sebastián, donde murió el agente Emilio José Cánovas López.

[2] ¿Por qué decimos que los nacionalismos periféricos constituyen un problema menor para los Estados capitalistas? Porque el problema mayor para la burguesía, es su dialéctica con el proletariado, de la cual la inmensa mayoría de la intelectualidad de hoy día, vendida a la burguesía, no se ocupa, como si los asalariados no existieran como categoría política. Y es que la problemática que plantea la dialéctica entre nacionalidades al interior de un Estado capitalista nacional central, es el de la emancipación nacional de esas nacionalidades históricas burguesas, incluidas sus respectivas clases subalternas asalariadas que comparten el mismo sentimiento de opresión, porque piensan con la cabeza de esas, sus respectivas burguesías nacionales. Por lo tanto, esta dialéctica entre nacionalismos al interior de un mismo Estado, no le viene tan mal a los burgueses, porque sirve de pantalla para ocultar la otra dialéctica fundamental, la dialéctica política entre capitalistas y asalariados.

Y es que lo que exige esta dialéctica no es la emancipación nacional de un sector de la clase burguesa políticamente subalterna respecto de otro sector de la misma clase burguesa dominante representado por un tipo de Estado opresor pero de la misma naturaleza de clase social: burguesa, esto es, explotadora. En este contexto de la dialéctica entre nacionalidades, a lo más que puede llegar la lucha es a la “independencia nacional” y a la formación de otro Estado nacional burgués. Pero la lucha por resolver la dialéctica entre las dos clases universales antagónicas, trasciende esta política de andar por casa del capitalismo, porque esta lucha conduce inevitablemente a la sustitución de las relaciones de producción y de vida por otras históricamente superiores, así como a la formación de un nuevo tipo de Estado verdaderamente democrático. Esto explica que los burgueses paguen a un enorme ejército de intelectuales, para que no dejen ni un minuto de poner la conciencia de los asalariados entre la luz que alumbra esa dialéctica y el espejo cóncavo de los mass media que la refleja invertida, es decir como lo contrario de lo que es. Y lo contrario de la dialéctica entre burgueses y asalariados, es la dialéctica entre burgueses, para que el actual orden de cosas existente permanezca invariable. Tal es el secreto del pensamiento único burgués, de la uniformidad ideológica y política en nombre de la “libertad individual” como falso fundamento de la tan proclamada “diversidad” de opiniones a los fines de decidir una forma de vida social.  

[3] Como mintió el Tte. Coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga, el Coronel Félix Hernando y el —ahora ascendido a general— por entonces coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias, Pedro Laguna.

[4] “Bloque histórico de poder” es una expresión acuñada por Antonio Gramsci en alusión a determinadas fracciones de la burguesía que, en cada país y período del proceso de acumulación imponen su orientación política al Estado. En tal sentido, puede decirse que todos los partidos políticos institucionalizados tras la autodisolución del franquismo, pasaron a conformar el nuevo bloque histórico de poder burgués que, hasta el 11 de marzo de 2004 dirigieron políticamente el proceso de acumulación del capital al interior del Estado español.