lunes, 4 de febrero de 2013

3 - MADRID ARENA: 10 COSAS DE ESA NOCHE. ALGUNAS SE CONTRADICEN CON OTRAS



La macrofiesta de Halloween con actuación en directo del pinchadiscos Steve Aoki organizada por la empresa Diviertt en el pabellón municipal Madrid Arena entre las once de la noche del pasado 31 de octubre y las seis de la mañana del 1 de diciembre pasará a la historia negra de la capital como un ejemplo perfecto de imprudencia temeraria con causa de muerte.
Cinco chicas fallecieron aplastadas por una multitud cuando pretendían salir de la pista central por un estrecho pasillo de tres metros de ancho, por el que también intentaba entrar gente, y quedaron atrapadas. Un mes después de la tragedia, la investigación policial, judicial y política; las confesiones de los implicados en el juzgado de Plaza Castilla que instruye la causa y de los técnicos en el Ayuntamiento de Madrid, los testimonios de jóvenes que estuvieron en la fiesta y las imágenes grabadas por las 124 cámaras de seguridad repartidas por el recinto municipal, permiten detallar las claves de una noche de imprudencias temerarias.COSAS
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1.- Información falsa sobre los asistentes a la macrofiesta. La empresa Diviertt alquiló el pabellón municipal Madrid-Arena como si fuese a celebrar allí una fiesta con menos de 5.000 personas y pagó la tarifa establecida: 6.000 euros antes de la fiesta y el resto, después: total 12.000 euros. Sólo unos días después de formalizar el contrato, Diviertt indicó que irían entre 4.000 y 6.000 jóvenes al evento. El coordinador de actos públicos del Ayuntamiento de Madrid, Francisco de Paula Sacaluga, en los escritos remitidos a la Delegación del Gobierno y a otras áreas municipales, señaló que el número de asistentes al acto, en base a la información que le facilitó la empresa Diviertt, sería de 7.000 aproximadamente. Cuando ocurrió la tragedia y el Ayuntamiento de Madrid pidió al dueño de Diviertt datos sobre el número de asistentes, éste le indicó que 9.600 (el aforo máximo permitido para esa fiesta era 10.600). Flores repitió esta cifra cuando le preguntaron en el juzgado. Sólo unos días después, tras hallar las urnas en las que se encontraban las entradas vendidas, el juez ordenó que se contaran: en las ocho cajas había 16.791 entradas, 7.191 más que las confesadas por flores y 6.191 más que el aforo permitido.
2.- Aforo de alto riesgo. El pabellón Madrid Arena no está concebido para la celebración de macrofiestas con conciertos en directo. Un arquitecto que colaboró en el montaje del Circo del Sol en ese recinto municipal recordó en una carta dirigida a este periódico que la estrechez de los vomitorios de la planta baja no era la adecuada para evacuar a las multitudes que se podrían concentrar en la pista central en una macrofiesta. Si, además, el organizador falsea las cuentas y vende o distribuye 17.000 entradas para un recinto supuestamente preparado para acoger a 10.600, el peligro es evidente.


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3.- El inexistente reparto del aforo por las tres plantas del edificio. La autorizaciónmunicipal para la celebración de la fiesta establecía que las 10.600 personas que podían entrar al recinto debían repartirse, prácticamente a partes iguales, por las tres plantas del pabellón. Sin embargo, las entradas que compraron los jóvenes que asistieron a la fiesta no señalaba ningún lugar determinado ni les prohibía deambular entre las distintas plantas. En la pista central, donde actuaba Steve Aoki, se concentró la mayoría de los asistentes. En uno de los vomitorios de acceso a esa pista central se produjeron continuas avalanchas antes de las 3.33, hora en la que se registró el incidente mortal que costó la vida a cinco chicas.
4.- La inseguridad y el descontrol en el interior del recinto. En la comunicación por escrito que hace el coordinador de Actos Públicos del Ayuntamiento de Madrid sobre la macrofiesta autorizada se establece que la seguridad “en el interior” del pabellón Madrid Arena “está a cargo de Kontrol 34 S.L con 75 operativos”, mientras que de la seguridad exterior se encargará el Grupo Seguriber.


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En su declaración ante el juez, el responsable de Kontrol 34 rechazó cualquier culpa sobre lo que ocurrió en el pabellón, explicando que sus trabajadores no tenían competencias para controlar el flujo de asistentes entre plantas. Miguel Ángel Flores, promotor de la fiesta que contrató a Kontrol 34, también exculpó a esta empresa señalando que la responsable de la seguridad en el interior de Madrid-Arena era Seguriber, y que esta firma había sido impuesta por el Ayuntamiento de Madrid.
Seguriber se encargó esa noche, según recogen documentos oficiales y las cámaras de seguridad, de hacer la “requisa” en el exterior del recinto (controlar que los jóvenes no introdujeran sustancias prohibidas, armas o alcohol) y controlar tres portones de evacuación o emergencia del pabellón Madrid-Arena, además de hacer guardia en la sala donde llegaba la señal de todas las cámaras de seguridad.
Las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad muestran que las personas que controlaban en el interior del edificio donde se celebraba la fiesta eran los empleados de Kontrol 34, que llevaban chalecos o petos de color amarillo. En un momento de la noche, esos empleados de Kontrol 34 pusieron vallas junto a una escalera para impedir que los jóvenes siguieran bajando hacia la pista central. A esa hora, aquella solución era muy insuficiente.
5.- Accesos ilegales. A las 2.27 de la madrugada se produce otro hecho irregular. Los organizadores de la fiesta cierran la entrada principal al pabellón, situada al nivel de calle y que daba acceso a la segunda planta del recinto Madrid-Arena. El público que sigue entrando para la fiesta es desviado a la izquierda, por un camino cuesta abajo que conduce a la pista central por una entrada que en realidad está prevista como salida de emergencia o evacuación. De esta manera, cuando la pista ya está abarrotada de gente que espera la actuación del pinchadiscos Steve Aoki, la organización mete a cientos de personas más (2.000 en 23 minutos, según el Ayuntamiento de Madrid) en una zona donde no cabía ni un alfiler.


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6.- Las avalanchas incontroladas. Pese a que dos cámaras de seguridad situadas a ambos lados del vomitorio donde ocurrió la tragedia grabaron imágenes de alto riesgo desde las dos de la madrugada, con avalanchas humanas provocadas por cientos de jóvenes que pugnan por entrar o salir a través de un pasillo de tres metros de anchura, ni el empleado de Seguriber que vigilaba la sala con dos monitores por donde pasan las imágenes recogidas por las 124 cámaras del recinto, ni los trabajadores de Kontrol 34 que deambularon por allí durante toda la noche, alertaron de lo que estaba ocurriendo o pusieron remedio para evitar nuevas avalanchas.
7.- Servicio sanitario improvisado. La coordinación entre cuerpos de seguridad y emergencias para prevenir posibles desgracias en un evento al que acudieron miles de jóvenes y donde se vendía alcohol fue francamente mejorable. Así lo han admitido los responsables municipales del área de Seguridad, que han llegado a acusarse mutuamente de no haber avisado con antelación sobre la celebración del acto. El caso es que la noche de la tragedia, el Samur no tenía previsto ningún servicio preventivo en los alrededores del pabellón. Los hechos y las llamadas de emergencia desde la medianoche por intoxicaciones etílicas, acabó forzando a los servicios municipales de emergencia a desplazar dos unidades del Samur a esa zona de la movida en la Casa de Campo.
8.- Macrobotellón descontrolado. El dueño de Diviertt intentó endosar la culpa de la tragedia al Ayuntamiento de Madrid por no controlar suficientemente un macrobotellón que se estaba realizando en los alrededores del Lago de la Casa de Campo, junto a la estación de Metro. La policía municipal admite ese macrobotellón, que tolera para evitar males mayores dado que se realiza, según cuentan los agentes, en una zona donde no molestan a los negocios próximos (restaurantes principalmente) ni a los vecinos dado que no hay viviendas cerca. En cualquier caso, ese supuesto macrobotellón no influyó en el exceso de aforo y la denuncia del promotor de la fiesta de una supuesta invasión del Madrid-Arena por parte de 4.000 jóvenes que se colaron no está acreditada por ninguna cámara de seguridad ni ningún atestado policial.
9.- La bronca política. El Madrid-Arena, a juzgar por la última inspección urbanística que hizo el propio Ayuntamiento con la intención de venderlo a un particular, no reunía condiciones adecuadas para eventos como el que se celebró en la noche de Halloween. Las irregularidades del edificio en materia de protección contra incendios, de evacuación y otras aún no se han subsanado. Sin embargo, la tragedia del 1 de noviembre poco tiene que ver con estos aspectos urbanísticos del pabellón. El exceso de aforo, la irregular distribución de asistentes entre los tres niveles del inmueble y la falta de control de los empleados de seguridad condujo a los jóvenes a una ratonera mortal en la que quedaron atrapadas cinco chicas. Los políticos dilucidan en una comisión de investigación la parte de culpa que le corresponde al Ayuntamiento de Madrid. Hay tres niveles distintos. El departamento de Seguridad, que dirige Antonio de Guindos (hermano del ministro de Economía), responsable del despliegue policial y de emergencias en torno al Madrid-Arena. Por otro lado, Pedro Calvo, ex concejal de Economía y ex presidente de la empresa municipal propietaria del Madrid Arena que alquiló el recinto a la empresa Diviertt; y el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, cuya implicación consiste en que fue el primero en dar la cara para comunicar que se había respetado el aforo, según le comunicó el organizador. Además, unas fotos posando con Flores y con la cantante Alaska en una fiesta, le persiguen y demuestran supuestamente que desde su puesto beneficiaba al organizador de la fiesta. Villanueva forma parte de un Gobierno municipal que cerró a Flores la discoteca Alcalá, 20, por lo que hay un litigo abierto en los tribunales.
10.- Las responsabilidades y las penas. La Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid considera una infracción muy grave “la superación del aforo máximo permitido cuando comporte un grave riesgo para la seguridad de personas y bienes” y la castiga con multas de entre 30.000 y 300.000 euros. El tope máximo de la multa que establece la Ley coincide en este caso con la cantidad aproximada que pudo facturar el promotor con la venta de 16.791 entradas. Además, la Ley también prevé la inhabilitación para la organización o promoción de espectáculos y actividades recreativas desde seis meses y un día hasta dos años.
El Código Penal establece en su artículo 142: “El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años”.

La tormenta política golpea a Botella

Más allá de las posibles responsabilidades penales que investiga el juez, la tormenta política por la tragedia del Madrid Arena ha zarandeado, con mayor o menor motivo, a los principales responsables del Gobierno municipal (PP). La alcaldesa, Ana Botella, ha sido censurada por viajar a un balneario de Portugal el fin de semana posterior.
“Allá la conciencia de cada uno, pero yo no me hubiera ido”, señaló el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que junto al portavoz de UPyD, David Ortega, ha llevado el peso de la comisión para depurar responsabilidades políticas. De hecho, fue Lissavetzky quien la convocó. IU se retiró, denunciando el veto del PP a comparecencias clave. “Usted es un problema para Madrid”, espetó Lissavetzky a Botella, a tenor de lo que va desvelando la comisión.
Del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, se critica su primera rueda de prensa, en la que comunicó la cifra de asistentes aportada por el organizador sin ponerla en cuestión. Además, se ha publicado una imagen en una fiesta en la que posaba con este junto a otras personas, aunque no existe prueba o indicio alguno de trato de favor.
El edil Pedro Calvo dimitió tras ser imputado como responsable político desde hace ocho meses de la empresa que gestiona el pabellón. “Las responsabilidades no pueden acabar en Calvo”, señaló Lissavetzky.
El juez también ha imputado al organizador, Miguel Ángel Flores, y al responsable de la empresa que vigilaba el aforo, Kontrol 34. El fiscal ha pedido además la imputación del socio y hermano de Flores; de tres altos cargos de la empresa municipal que gestiona el pabellón; y de tres responsables de la firma de seguridad Seguriber.
Las familias de las víctimas han pedido la imputación del delegado municipal de Seguridad, Antonio de Guindos, que el fiscal considera “prematura”.
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