ZOUGAM Y LOS TESTIGOS FALSOS

JUSTICIA | Audiencia Provincial de Madrid

Ordenan investigar a dos testigos protegidos del 11-M por falso testimonio contra Zougam

• Estimado un recurso de los defensores del único condenado como autor
• EL MUNDO publicó en diciembre de 2011 varios reportajes sobre estas testigos

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la titular del juzgado de instrucción número 39 que investigue si dos ciudadanas rumanas que declararon con el estatus de testigos protegidos en el juicio del 11-M contra Jamal Zougam -el único condenado como autor de los atentados- pudieron incurrir en un delito de falso testimonio.

Los magistrados han estimado un recurso interpuesto por los defensores de Zougam contra la decisión de la juez Belén Sánchez que decidió no admitir a trámite la querella contra las testigos protegidas.

La decisión no sólo desautoriza a la instructora, sino también a la Fiscalía de Madrid, que, además de apurar al límite el plazo de prescripcióndel posible delito de falso testimonio en juicio, propugnó el rechazo de la querella.

La querella de Zougam se hace eco de "nuevas revelaciones que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento del enjuiciamiento de los atentados del 11-M". Esas revelaciones se refieren a la posible"confabulación" de dos testigos protegidas "con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en el juicio".

Para el tribunal los hechos que relata la querella "de ser ciertos, pudieran ser constitutivos de falso testimonio". El escrito de los defensores de Zougam relata "indicios que bien pudieran avalar razonablemente la verosimilitud de la apariencia delictiva de la conducta de las testigos protegidas".

La Audiencia subraya que la querella se basa en informaciones reveladas por el diario EL MUNDO que no han sido desmentidas y que deben ser "singularmente investigadas" porque la hipótesis delictiva que se relata "no es descabellada".

EL MUNDO publicó en diciembre de 2011 varios reportajes que ponían de manifiesto que dos mujeres rumanas -identificadas como C-65 y J-70-, que testificaron después de que la imagen de Zougam fuese difundida masivamente en los medios de comunicación y que, según el Tribunal Supremo, constituyen "la principal prueba de cargo" contra él, habían declarado en circunstancias extrañas que fueron ocultadas a la defensa, al juez instructor y al tribunal.

En concreto, la testigo J-70 acudió a denunciar, por primera vez en febrero de 2005 (11 meses después del atentado) que había visto a Zougam con una mochila en su vagón cuando iba acompañada de su amiga, la testigo C-65. Lo que no dijo fue que, 15 días antes, técnicos del Ministerio del Interior la habían descartado como víctima, lo que le cerraba las puertas a las indemnizaciones y a los papeles para regularizar su situación en España. Inmediatamente después de inculpar a Zougam, fue incluida en el listado de víctimas y terminó cobrando 48.000 euros.

En esos 11 meses, J-70 había comparecido ante la Comisaría General de Extranjería para pedir los papeles; ante la Dirección General de la Policía para solicitar la indemnización; ante el Consorcio de Compensación de Seguros; ante una abogada para personarse en el sumario del 11-M; ante un tribunal médico, y ante una subsecretaria de Interior. Y nunca dijo que hubiese visto a Zougam en los trenes.

Por su parte, C-65 aseguró en el juicio que viajaba con J-70. No obstante, no aclaró por qué ella declaró por primera vez el 1 de abril de 2004 y su amiga 10 meses después. La investigación de este periódico reveló que fue remitida a la Policía por el Consulado de Rumanía, adonde había acudido con otra mujer (que no era J-70) para reclamar las indemnizaciones que pagaba el Gobierno rumano. Sólo después de que a esa segunda persona se le negase el dinero, porque no aportabaninguna prueba de ser víctima del 11-M, ambas dijeron que viajaban juntas, que habían visto a un terrorista en el tren y señalaron, en un reconocimiento fotográfico que hicieron por separado, a Zougam. De esa segunda mujer nunca más se supo, pues su testimonio no trascendió al sumario.

Además, el marido de C-65 fue reconocido como víctima de otro tren y entre ambos obtuvieron cerca de 100.000 euros y la nacionalidad española. Su hermano también pidió dinero, y fue rechazado y propuesto para ser imputado por mentir.

Ninguno de estos hechos era conocido por el tribunal del 11-M. En la investigación policial no se encontró ni un solo vínculo de Zougam con la célula islamista: no hay ni una llamada telefónica con él; no hay huellas ni rastro genético suyo en la casa de Morata ni en el piso de Leganés; todos los terroristas huyeron tras el atentado, pero él siguió con su rutina habitual. Y su socio Mohamed Bakkali confesó al juez y a este diario que fue él, y no Zougam, quien vendió las tarjetas telefónicas usadas en las bombas.