"El sector solar en España, al borde del precipicio mientras los subsidios se hunden". Con este titular, Bloombergencabeza uno de sus principales reportajes de esta semana. Ben Sills se dedica a explicar a sus lectores comoel estallido de la burbuja fotovoltaica ha llevado a la ruina a millones de pequeños agricultores. La idas y venidas del Gobierno respecto a la energía verde se han cobrado numerosas víctimas; mientras, entre los ganadores sólo se cuentan aquellos que supieron ver lo que se ocultaba tras la promesa ecológica de Zapatero (o tuvieron la información antes que nadie).
También han salido reforzados los fabricantes de paneles, que inundaron España con sus placas entre 2007 y 2009; el problema para el Gobierno es que la gran mayoría fueron empresas chinas y alemanas. Es decir, que la lluvia de millones derramada ni siquiera ha generado una industria española realmente potente.
Para ilustrar su reportaje, Bloomberg ha escogido el caso de Germán Vilimelis, un pequeño agricultor leridano que en 2007 arrancó dos hectáreas de perales para instalar unos cuantos paneles. Además, tuvo que pedir un crédito a 25 años vista, confiando en que las subvenciones teóricamente garantizadas por el Gobierno le darían para devolver el préstamo y poder obtener algo de rentabilidad. Ahora, tras la marcha atrás del Ejecutivo, no le llega lo que saca de la venta de electricidad para pagar la cuotamensual del crédito. Es decir, que está hipotecado y además, tiene que dedicar parte de su sueldo a una granja solar que nunca le dará un duro de beneficios.
La historia
Toda esta historia comienza con la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El socialista declara que la "energía verde" será una de las claves en su nuevo modelo productivo y comienza a anunciar ayudas para todas las empresas del sector. Tal y como denuncian los afectados, en 2004 y 2007 el Ejecutivo prometió primas de "44 céntimos por kilovatio-hora durante 25 años, más de 10 veces el precio medio pagado" por el resto de las energías.
Evidentemente, muchos propietarios de terrenos rurales pensaron que poner placas era una inversión redonda: una Ley les garantizaba un pago seguro durante 25 años. Así, de 2007 a 2009 se vio un auténtico boom de la energía solar en España: de 146 MW de potencia instalada a finales de 2006, se pasó a 3.635 tres años después (cuando el Gobierno había hecho sus cuentas con una previsión de 400MW). El coste para los contribuyentes españoles, sólo en 2009, fue de 5.874 millones de euros. La solar se llevó casi la mitad del pastel, con 2.594 millones. Además, las subvenciones verdes dispararon un 23% el coste final de la factura eléctrica.
Cualquiera que viaje por las carreteras nacionales habrá podido comprobar este fenómeno. Aquellos que invirtieron hicieron algo lógico, respondieron a los incentivos que tenían delante y desbordaron los planes del Ejecutivo; incluso aunque fueran unos incentivos viciados por la intervención pública.
Ahora, como dice el protagonista del reportaje de Bloomberg: "Te sientes engañado. Pusimos nuestro dinero basándonos en lo que decía la Ley". Porque apenas tres años después de aprobar aquella norma, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás. Un informe del Instituto Juan de Mariana demostró en 2009 el derroche que suponían esas subvenciones y la prensa se hizo eco rápidamente del mismo (incluso llegó al Congreso de EEUU, que discutía entonces un plan similar al español): se estaba pagando una electricidad mucho más cara sin saber si en algún momento todo eso sería rentable.
Además, 2010 fue el año del déficit y el Ejecutivo, acorralado por los números rojos tuvo que tomar medidas dolorosas, no se podían seguir pagando unas primas de casi 6.000 millones al año, mientras se acometía un recorte de pensiones y sueldos de funcionarios. Miguel Sebastián, que nunca fue especialmente amigo de este tipo de ayudas, decretó un recorte del 40%, que hacía insostenibles muchas de las actuales instalaciones.
Derroche e inseguridad jurídica
La principal queja de los inversores en la energía fotovoltaica es que se les han cambiado las reglas del juego a mitad de partido (hablan de la "disminución retroactiva de las primas que pretende el gobierno"). Y en eso parece que tienen razón. Sea cual sea la consideración que se tenga por un plan de subvenciones como el que había vigente, lo cierto es que muchos pequeños propietarios hicieron sus cuentas basándose en una ley que se suponía iba a pagarles durante 25 años. Ahora, todo eso es papel mojado y muchos no pueden afrontar sus préstamos.
Según los datos de las asociaciones del sector, de las 50.000 instalaciones que hay en España,48.000 corresponden a particulares o pymes, con una potencia de menos de 100 kw. Así, no sólo grandes empresas han quebrado o han tenido que despedir a miles de trabajadores, sino que muchas familias que confiaron en la palabra del Ejecutivo (incluso aunque estuviera basada en un plan financieramente insostenible) están arruinadas. El reportaje de Bloomberg destaca el ejemplo de Isofoton, una empresa española que se dedica a la construcción de paneles y que vio un descenso de las ventas del 83% y unas pérdidas de 226 millones sólo en 2009.
Además, la burbuja que desató el Gobierno con sus decretos fue tan inesperada, que los inversores españoles importaron la gran mayoría de los paneles porque "los productores locales no podían llegar a la gran demanda". La gran mayoría de los paneles instalados en España llegó "de China y Alemania". Y a pesar de todo ese dinero gastado, la solar sólo supone el 2,72% de la energía consumida en España.
Como denuncia uno de los inversores consultados por Bloomberg: "Ahora tenemos una gran factura que pagar... pero dónde está la tecnología, donde el know-how, dónde el valor".
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