Gran Bretaña y Holanda reclaman 30.000 euros a cada familia islandesa
La polémica está servida. La tensión internacional crece ante la posibilidad de que Islandia rechace reembolsar los depósitos que británicos y holandeses perdieron tras la quiebra del banco Icesave. El 70% de la población se opone al pago, ya que costaría unos 30.000 euros por familia.
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Islandia, uno de los países más desarrollados del mundo, se hundió a finales de 2008 tras la quiebra, y posterior nacionalización, de su sistema financiero como consecuencia de la crisis internacional. El excesivo endeudamiento de su banca a corto plazo y su elevado déficit exterior causaron la quiebra técnica del país, cuyo Gobierno se vió obligado a solicitar ayuda a los organismos internacionales para evitar la suspensión de pagos.
El colapso financiero de Islandia atrapó a cerca de 300.000 ahorradores británicos y holandeses, que tenían depositados unos 5.000 millones de dólares en el principal banco del país Icesave. Aunque, a primera vista, dicha cantidad parece pequeña supone, en realidad, una cifra elevada para un país que apenas cuenta con 317.000 habitantes. En concreto, representa casi el 40% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Los gobiernos de Gran Bretaña y Holanda indemnizaron a los ahorradores afectados por la quiebra bancaria islandesa. Sin embargo, desde entonces ambos han exigido al Ejecutivo islandés el reembolso de los depósitos de sus ciudadanos. El problema es que, según una reciente encuesta, casi el 70% de la población islandesa se opone al pago.
No es de extrañar si se tiene en cuenta que la devolución de esos 5.000 millones supondría un coste de 15.743 dólares por persona y unos 41.600 dólares por cada familia islandesa -más de 28.500 euros-.
Todo apunta a que el pago no se producirá. El Gobierno islandés propuso el miércoles celebrar un referéndum el próximo 20 de febrero para que sus ciudadanos decidan si aceptan o no reembolsar los depósitos bancarios a Gran Bretaña y Holanda
El Parlamento islandés aprobó a finales del año pasado un proyecto de ley para materializar el desembolso de los depósitos con apenas una diferencia de 3 votos a favor (33 frente a 30), en un guiño de su clase política a Bruselas con el fin de recabar apoyos para ingresar en la UE.
Londres y el FMI amenazan
Pero la abrumadora oposición popular que ha obtenido el proyecto amenaza con paralizar el reembolso. El presidente del país, Olafur Grimsson, aclaró el martes que no firmará el proyecto de ley, decisión que obliga a someter el texto a referéndum.
La reacción no se ha hecho esperar. Ante esta iniciativa, Gran Bretaña y Holanda amenazan con bloquear la adhesión de Islandia a la Unión Europea si, finalmente, no paga. De momento, la Comisión Europea se lava las manos alegando que se trata de un conflicto "bilateral".
En declaraciones que publica este jueves el diario británico Financial Times, Grimsson reconoce el revuelo causado por su veto a dicha ley, pero lo justifica señalando que no ha hecho sino cumplir con la tradición de Islandia, una de las más antiguas democracias del mundo, con su decisión de consultar a los ciudadanos.
"La constitución islandesa se basa en el principio fundamental de que el pueblo es soberano", afirma el jefe del Estado, según el cual es "responsabilidad del Presidente garantizar que prevalece la voluntad popular", informa Efe.
Según Grimsson, es esencial, sin embargo, que la solución de la disputa goce de respaldo público: "Espero que los ciudadanos de esos dos países (Gran Bretaña y Holanda) y sus líderes políticos reconozcan, a tenor de sus viejas tradiciones democráticas, que un referéndum es un modo democrático de tomar una decisión". Si el pueblo decide no reembolsar el dinero, Islandia tiene previsto pagar poco a poco el dinero a los ahorradores británicos y holandeses hasta 2024.
Pero no sólo está en juego su adhesión a la UE. La negativa podría provocar la congelación de la ayuda financiera concedida al país por el Fondo Monetario Iternacional (FMI), y que asciende a 10.000 millones de euros.
Además, las agencias de calificación crediticia se han apresurado a degradar el rating (nota crediticia) del país tras el anuncio de referéndum. Por el momento, Fitch ya ha rebajado la deuda soberana de Islandia a nivel de bono basura, tras degradar su rating de BB+ a BBB-. Standard & Poor's también anunció que haría lo propio. Tras la decisión de Fitch, el ministro de Finanzas de Islandia, Steingrímur Sigfusson, aseguró que el país no corre el riesgo de entrar en suspensión de pagos.
Londres y el FMI amenazan
La reacción no se ha hecho esperar. Ante esta iniciativa, Gran Bretaña y Holanda amenazan con bloquear la adhesión de Islandia a la Unión Europea si, finalmente, no paga. De momento, la Comisión Europea se lava las manos alegando que se trata de un conflicto "bilateral".
En declaraciones que publica este jueves el diario británico Financial Times, Grimsson reconoce el revuelo causado por su veto a dicha ley, pero lo justifica señalando que no ha hecho sino cumplir con la tradición de Islandia, una de las más antiguas democracias del mundo, con su decisión de consultar a los ciudadanos.
"La constitución islandesa se basa en el principio fundamental de que el pueblo es soberano", afirma el jefe del Estado, según el cual es "responsabilidad del Presidente garantizar que prevalece la voluntad popular", informa Efe.
Según Grimsson, es esencial, sin embargo, que la solución de la disputa goce de respaldo público: "Espero que los ciudadanos de esos dos países (Gran Bretaña y Holanda) y sus líderes políticos reconozcan, a tenor de sus viejas tradiciones democráticas, que un referéndum es un modo democrático de tomar una decisión". Si el pueblo decide no reembolsar el dinero, Islandia tiene previsto pagar poco a poco el dinero a los ahorradores británicos y holandeses hasta 2024.
Pero no sólo está en juego su adhesión a la UE. La negativa podría provocar la congelación de la ayuda financiera concedida al país por el Fondo Monetario Iternacional (FMI), y que asciende a 10.000 millones de euros.
Además, las agencias de calificación crediticia se han apresurado a degradar el rating (nota crediticia) del país tras el anuncio de referéndum. Por el momento, Fitch ya ha rebajado la deuda soberana de Islandia a nivel de bono basura, tras degradar su rating de BB+ a BBB-. Standard & Poor's también anunció que haría lo propio. Tras la decisión de Fitch, el ministro de Finanzas de Islandia, Steingrímur Sigfusson, aseguró que el país no corre el riesgo de entrar en suspensión de pagos.
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