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1.700 expedientes dejados prescribir por el equipo de gobierno del PSOE
El PP andaluz ratificó el pasado día 7, ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, sus denuncias sobre el presunto archivo masivo de 1.717 expedientes urbanísticos, tras lo que, se espera se impulse definitivamente una investigación por parte de la Fiscalía semejante a las del caso Marbella y Estepona. Este archivo masivo es un procedimiento similar al que se ha dado en Estepona y que originó la “Operación Astapa” contra la corrupción urbanística en este municipio malagueño.
El archivo masivo de expedientes ha producido un perjuicio mínimo de 100 millones de euros para las arcas municipales chiclaneras por esta dejación de funciones, según los cálculos del PP.
El Defensor del Pueblo Andaluz contra el fraude fiscal en Chiclana y por los cortes de luz
Incluso el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, pidió hace un año también la intervención de la Agencia Tributaria ante la sospecha de que pudiese haber también un delito fiscal en Chiclana de la Frontera, donde se contabilizan hasta 40.000 viviendas sin licencia y en condiciones completamente irregulares.
Además, ha reclamado al Ayuntamiento de la localidad gaditana que corte los servicios a las viviendas ilegales y evite que se firmen nuevos contratos, tal y como explicó el propio Chamizo al diario El Economista:
"Reconozco que es una medida difícil de llevar a cabo en la práctica con las viviendas de uso habitual, pero sí se puede hacer con las segundas residencias. Lo que no se puede permitir es que las construcciones ilegales puedan disponer de los mismos servicios que las legales".
Añadía dicho diario que la clave de todas las irregularidades que se están cometiendo en esta ciudad, que podría acabar por convertirse en otra Marbella, la tiene lo que se conoce ya en ámbitos políticos como el clan socialista de Chiclana, responsables de que en la zona se hayan levantado en pocos años unas 40.000 viviendas ilegales. Los cuatro alcaldes ya mencionados y José Antonio Gómez Periñán, ex concejal de Chiclana y alto cargo de la Junta de Andalucía en Cádiz forman parte del conocido como Clan de Chiclana. Este último es, además, uno de los nexos de unión del clan de Chiclana con el clan de Alcalá, cuyo máximo representante actual es Luís Pizarro, vicesecretario general del PSOE de Andalucía.
Amenazas de muerte contra quienes quieren destapar el caso
El portavoz municipal de Izquierda Unida en Chiclana, José Pedro Butrón, actualmente miembro de la coalición de gobierno, denunció en 2007 ser objeto de una campaña de descrédito por parte de personas del entorno del PSOE –incluso con supuestas amenazas de muerte y agresiones- tras sus denuncias por las irregularidades urbanísticas que se estaban registrando en el término municipal
Según Izquierda Unida, al socialista José María Román, ahora ex alcalde, la ciudad se le fue de las manos por su ineficacia y por las irregularidades denunciadas e intentaba echar la culpa de todos los problemas, presentes y futuros, a los que nada tienen que ver con los mismos. Se intentó crispar la ciudad y el ambiente con acusaciones falsas.
El PSOE, por su parte, anunció la presentación de una querella criminal por calumnias contra José Pedro Butrón, tras culpar éste públicamente al Partido Socialista de haber sido el instigador de las amenazas de muerte recibidas a través de comentarios realizados a personas de su entorno familiar. Butrón dijo: “si me pasa algo a mí o a alguien de mi entorno, haré responsable de ello al PSOE”.
El actual concejal del gobierno de Chiclana por IU-CA es quien, junto a los ecologistas de Agadén y el PP, ha animado las voces críticas ante el caos urbanístico de Chiclana.
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