EL ANTENICIDIO

-
El pez grande se comió al chico porque tenía mas audiencia

En noviembre de 1993 se creó Unión Radio, empresa que asumió la gestión de Antena 3 de Radio y la Cadena SER. Su capital social fue suscrito por PRISA (80%) y la editora de La Vanguardia (20%), propiedad del Grupo Godó. El expediente de concentración obtuvo el visto bueno del entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga. De inmediato el Grupo PRISA ordenó la disolución total de Antena 3, cuyos postes pasaron a emitir las distintas programaciones de la SER.

De las algo más de 150 emisoras vinculadas a “Antena 3”, unas cuarenta de sus asociadas se desvincularon de la cadena para buscar otros acuerdos (19 se asociaron a COPE y 2 a Onda Cero), otras pasaron a emitir en solitario y algunas se agruparon en pequeñas cadenas regionales. Los 108 postes restantes pasaron a emitir la programación de la SER. De estas, 79 eran propiedad de “Antena 3”, por lo que pasaron a ser de Unión Radio. El resto, firmaron acuerdos de asociación con la SER, que las distribuyó entre sus diferentes programaciones para llegar a zonas donde antes no tenían cobertura.

Apenas unos meses más tarde, el 20 de mayo de 1994, el Gobierno de Felipe González reunido en Consejo de Ministros daba también su bendición a la concentración de emisoras bajo una misma empresa. En realidad, el Ejecutivo le daba una palmada en la espalda a Polanco para que siguiera adelante con su proyecto de monopolizar el mercado de la radio en España. El Tribunal de Defensa de la Competencia se opuso a la concentración, pero el Gobierno simplemente ignoró sus consejos y actuó como se esperaba: dándole la razón a PRISA y quitándosela a cualquiera con un mínimo de sentido común.

En junio del mismo año, un grupo de periodistas entre los que estaban Manuel Martín Ferrand, Antonio Herrero, José María García, Federico Jiménez Losantos, Pedro J. Ramírez, Luis Herrero, etc. interpusieron un recurso contra esta decisión. El Supremo dictó sentencia el 9 de junio de 2000. Habían pasado más de 6 años desde que se interpuso el recurso contra la concentración, pero el Supremo daba la razón a los demandantes.

Por supuesto, el Grupo PRISA recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero desde ese momento la sentencia ya era firme, y por tanto tendría que haberse ejecutado. Sin embargo, no fue así. El Gobierno prefirió esperar a la decisión del TC y guardó un silencio “prudente”, como lo definió el ministro portavoz, Pío Cabanillas. El 26 de abril de 2001, el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia del Supremo. Pero el Gobierno, no se sabe por qué motivo, no se enteró del fallo hasta seis meses después.

El caso es que el Gobierno de José María Aznar no actuó hasta el 2 de noviembre de 2001. El Consejo de Ministros tomó finalmente la decisión de exigir al Grupo PRISA el cumplimiento de la sentencia del Supremo, es decir, deshacerse de las 79 emisoras propiedad de Antena 3 de Radio que absorbió entre 1993 y 1994. El resto de postes emisores (29) son emisoras asociadas que han firmado contratos para dar la programación de la Cadena SER, por lo que esas seguirán seguramente junto al Grupo PRISA.

El Consejo de Ministros dio un plazo de dos meses a PRISA para que comunicara su proyecto de desinversión al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Tribunal de Defensa de la Competencia. Estas dos instituciones recibieron el informe de PRISA en tiempo y forma. Así pues, desde hace más de un mes, la pelota está sobre el tejado del Departamento que dirige Rodrigo Rato.