1 - DEBATE PARLAMENTARIO EN EL QUE EL PARTIDO POPULAR Y EL PSOE RECHAZARON EL PRIMER PROYECTO DE LEY SOBRE "VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO" - 1

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Debate parlamentario en el que el Partido Popular y el PSOE rechazaron el primer proyecto de ley sobre "víctimas del franquismo" que llega a sede parlamentaria.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA REPUBLICANA Y ANTIFASCISTA. (Número de expediente 122/000178.)

- DEL GRUPO PARLAMENTEARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE PROMOCIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y FOMENTO DE LA MEMORIA Y CULTURA DEMOCRÁTICAS. (Número de expediente 122/000177.)

El señor PRESIDENTE: Seguimos con las proposiciones de ley: De Esquerra Republicana, sobre la memoria histórica republicana antifascista, y del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de promoción de la recuperación y fomento de la memoria y cultura democráticas, que van a ser debatidas de forma acumulada.

Turno a favor por quince minutos de los dos proponentes, primero el señor Tardá y en segundo lugar el señor Herrera.

El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías, el progreso económico, político y cultural alcanzado por nuestra sociedad y el objetivo de garantizar un futuro pleno de libertades y de fraternidades entre las distintas naciones y pueblos deberían haber impedido que el Estado español continuara siendo una excepción en Europa, que continuara representando, en definitiva, una lamentable y peligrosa excentricidad, producto de tanta dejación para con la memoria antifascista. Vaya por delante que con nuestra proposición de ley no pretendemos una simple revisión del pasado histórico, al contrario, queremos que se evidencie legislativamente una firme voluntad de mayor progreso y mayor cultura democrática, todo ello a la manera europea, es decir, previa condena del fascismo, verdadera plaga en el pasado europeo, previa asunción por parte del Estado y de sus máximos dirigentes de la solicitud de perdón a las víctimas del totalitarismo, previo compromiso de fundamentar los valores de la convivencia presente y futura en la radicalidad democrática, tal como se llevó a cabo en el Estado alemán cuando a la par se sepultaron no solo el nazismo, sino también aquellos valores belicistas y unitaristas inherentes al prusianismo.

¿Creen ustedes sinceramente que si algo parecido y con la misma intensidad se hubiera desplegado a favor de la superación del franquismo durante los años de democracia que ya llevamos vividos sería posible que el Partido Popular pudiera desplegar con relativo éxito movilizador tanto odio y tanta discordia entre la ciudadanía del Estado español? Nosotros estamos convencidos de que la respuesta sería negativa, pero todo tiene su explicación y su razón. Por eso les pedimos que atiendan a lo que hoy desde esta tribuna les planteamos los republicanos catalanes. Les ofrecemos a consideración una proposición de ley que alcanza el conjunto de los ámbitos que a nuestro entender debe integrar una verdadera ley de la memoria.

En primer lugar, el referente a la represión política por parte de los tribunales, que incluye la anulación de las sentencias dictadas en consejo de guerre desde el 18 de julio de 1936, las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público y por el Tribunal especial de represión de la masonería y el comunismo, para lo cual establecemos indemnizaciones de 12.000 euros para los descendientes de los ciudadanos fusilados y el libramiento de las certificaciones de nulidad de las sentencias judiciales. Un segundo ámbito plantea la resolución de las actividades antifranquistas, para lo cual debe repararse jurídica y moralmente a aquellas personas que formaron parte de las organizaciones guerrilleras o armadas antifranquistas. A ellas deberán asignárseles indemnizaciones y beneficios que correspondan por ley y de igual manera se incluirán las personas represaliadas que sufrieron prisión, internamiento, tortura y destierro, a las que se otorgará una indemnización de 12.000 euros para los descendientes de las que hubieren perdido la vida ante las fuerzas de orden público o ejército. En tercer lugar, planteamos la restitución de bienes y honores a los miembros de las instituciones y fuerzas de orden público republicanas: Guardia Civil, Guardia de Asalto, Cuerpo de Carabineros, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, a las instituciones como la Generalitat de Catalunya o el Gobierno vasco y la singularización del libramiento por parte del jefe del Estado al presidente de la Generalitat, Molt Honorable Pasqual Maragall, de la certificación de la anulación de la causa sumarísima del presidente de Cataluña, Lluís Companys, fusilado por el Ejército español. Asimismo, se proyecta en un nuevo título el reconocimiento de la aportación de la masonería a la causa de la libertad y del pensamiento social progresista y la restitución de todos sus bienes requisados a las actuales logias, todo ello complementado con la restitución de honores y bienes a los colectivos represaliados de naturistas, evangélicos, esperantistas, judíos, gitanos, ciudadanos que sufrieron persecución por su orientación sexual y aquellas entidades que fueron perseguidas por motivo de lengua y cultura.

No se obvian, por otra parte, las necesarias restituciones de los patrimonios expoliados, tanto los relativos al dinero incautado por el régimen dictatorial como los referidos a los bienes inmuebles incoados de acuerdo con la Ley de responsabilidades políticas, pero debe también contemplarse la devolución de la documentación incautada por las fuerzas represivas durante el franquismo, la que pertenecía a las instituciones públicas, en particular la relativa a instituciones de autogobierno de Euskadi o la perteneciente a los ayuntamientos de Aragón, País Valencià y Cataluña depositadas en Salamanca y la de carácter privado y particular, tal como queda reflejado en el artículo 13 de la proposición de ley que hoy se presenta ante sus señorías.

Deben además preservarse los lugares de la memoria, recuperación arqueológica y conservación de los lugares más significativos de la guerra, prisiones, campos de concentración, etcétera, la elaboración de un censo de personas afectadas, la museización del Valle de los Caídos u otros lugares emblemáticos y la retirada de los símbolos franquistas de los edificios públicos, complementado todo ello con la apertura de los archivos de la represión, que incluye que en el plazo de dos años se proceda a la identificación y catalogación de los fondos de las instituciones franquistas.

Por otro lado, se aborda en el título XIII la realización en el plazo de un año de un inventario de los fondos documentales relacionados por el exilio republicano y la recuperación moral y económica de los supervivientes. Tuvieron que transcurrir sesenta años para que un presidente de Gobierno español visitara en el año 2005 el campo de exterminio de Mauthausen, donde más de cuatro mil republicanos fueron asesinados. Diez años antes, otro presidente de Gobierno español, socialista, se había negado a asistir al 50º aniversario de su liberación. Hoy, pues, ha llegado el momento de reparar moral, jurídica y económicamente a los supervivientes y descendientes de aquellos ciudadanos, víctimas del nazismo, internados en campos de trabajo nazis por su condición de apátridas, fruto esta condición de los acuerdos bilaterales establecidos entre la cancillería hitleriana y el ministro falangista Serrano Súñer.

Evidentemente el texto que hoy les planteamos incluye, como no podía ser de otra manera, la necesidad de reconocer por ley la labor ejercida por los Estados y las organizaciones internacionales y personas que contribuyeron solidariamente a la causa antifranquista.

Finalmente, un conjunto de disposiciones adicionales fijan aspectos que hoy por hoy no deben soslayarse, de entre las cuales desearía remarcarles aquellas más significativas: Primera, compromiso del Gobierno español de apoyar cualquier reclamación nacida de entidades o ciudadanos en razón de posibles delitos cometidos durante la dictadura, dada la imprescriptibi-lidad de los crímenes contra la humanidad, consagrada por Naciones Unidas y el Derecho Penal Internacional a partir de la jurisprudencia de Nuremberg. Segunda, retirada por parte de la Iglesia Católica de los lugares públicos de lápidas o símbolos que discriminen a las víctimas.

Tercera, revisión e invalidación de todas las distinciones, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personajes ligados al régimen dictatorial. Cuarta, museización de las dependencias de la Jefatura de Policía de Barcelona de Vía Laietana, atendiendo a su significado como centro de detención y tortura de los presos políticos catalanes. Finalmente, una quinta a destacar, que por razón de su gran trascendencia deseo reproducir textualmente: Corresponderá al Jefe del Estado formalizar solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución republicana.

Es evidente que todos los Jefes de Estado, en tanto en cuanto representación de la máxima autoridad institucional, asumen la continuidad de la organización estatal. El perdón solicitado por las máximas autoridades de la República Argentina, de la República Sudafricana, de la República Chilena o de la República Federal Alemana a todas y cada una de las víctimas no les implica o hace copartícipes de los desafueros y horrores cometidos por sus antecesores. Al contrario, les dignifica a ellos y a las sociedades a las que representan. Ese es el camino, máxime en el caso español, ya que la continuidad entre los regímenes dictatorial y democrático se dio de forma más evidente, en tanto en cuanto el actual Rey fue nombrado por el dictador, de hecho fue educado bajo su criterio, aceptó el nombramiento aun cuando significaba la alteración de la lógica sucesoria en la institución monárquica, y se imposibilitó que la ciudadanía española pudiera plebiscitar la conveniencia o no de la reinstauración del régimen legal republicano. En definitiva, solo pedimos una ley que haga justicia. Exigimos justicia en el año 2006, ahora y aquí, y se lo pedimos a la izquierda española, se lo pedimos al PSOE. En esta Cámara únicamente la derecha sabe y tiene plena conciencia de que debe decir no. Lo lamentamos y nos entristece, pero no podemos ignorarlo. Ellos son coherentes con sus ideas, con su herencia, con su pasado y con la actuación que protagonizan estos mismos días fomentando la discordia entre ciudadanos y comunidades nacionales, y ahondando en su cruzada contra las lenguas distintas a la española y en especial la catalana.

Ellos constituyen una importante fuente del problema por su falta de cultura democrática, pero, a nuestro entender, el verdadero problema se halla en el gran déficit de memoria histórica, que ha permitido que el franquismo sociológico haya podido consolidar una ecuación éticamente perversa y políticamente reaccionaria, que liga la restitución de honores y el reconocimiento de la condición de víctimas de las personas e instituciones democráticas a revanchismo, con la intención añadida de avanzar en las tesis del revisionismo histórico, que llega incluso al paroxismo de negar el holocausto. No obstante, serán ustedes, diputados y diputadas del PSOE, los que acabarían convirtiéndose en un problema para ustedes mismos si hoy nos dieran portazo, si impidieran que este Parlamento iniciase el trámite legislativo para que, por fin, después de 30 años de la muerte del dictador, esta Cámara no pudiera legislar aquella ley que hubiera tenido que convertirse en una de las primeras a emprenderse en los albores de la democracia. No es conveniente, nos repitieron una y mil veces en la década de los años ochenta del siglo pasado. No es posible, argumentaron posteriormente en la década de los noventa. Y ahora ¿qué nos va a decir el señor Jáuregui? ¿Qué nos dirán ahora? Puede ser, aunque nos resistimos a creerlo pese a las evidencias, que hayan olvidado los orígenes, que hayan olvidado sus fidelidades, pero deben reconocer que, más allá de las dignidades perdidas, la realidad es que el vacío de la memoria que ustedes no quisieron cubrir fue ocupado por el discurso de los posfranquistas, encabezados por el caudillo Aznar, convirtiendo lo que en los gobiernos de Felipe González fue amnesia histórica en desplegamiento entusiasta de un revisionismo histórico que busca la legitimidad del golpe de Estado en los hechos históricos de 1934 o que incluso llega a contaminar a ministros socialistas, como el inefable Bono, que insultan la inteligencia haciendo desfilar conjuntamente a un luchador republicano al lado de un filonazi. Deben saber que existía un compromiso con el señor Zapatero, un pacto, un acuerdo, una palabra dada a favor de la presentación de la ley de la memoria que no se ha cumplido.

Hemos esperado dos años, lealmente, pacientemente y, por el contrario, ni tan siquiera la vicepresidenta ha considerado oportuno convocar a este grupo parlamentario en alguna ocasión, aun cuando la comisión interministerial nació a raíz de una iniciativa de nuestro grupo parlamentario, conjuntamente con Izquierda Unida y el Grupo Mixto, que había solicitado la creación de una comisión parlamentaria que, a manera de comisión de la verdad, tuviera el encargo de abrir el Parlamento a la sociedad y elaborar el libro blanco de la memoria, justamente para que el Ejecutivo pudiera actuar en consecuencia. Voy terminando, señor presidente.

Después de dos años, nos vemos en la necesidad de traer a discusión nuestro propio proyecto. Esperamos que voten que sí. Y si no votan que sí, al menos suban a esta tribuna y comprométanse, por favor, a presentar el proyecto de ley al cual se comprometió el presidente del Gobierno antes de finalizar este período de sesiones. Se trata de una ley compleja jurídicamente, complicada políticamente, y alcanzado ya el ecuador de esta legislatura, solo podemos esperar finalizar la legislatura con la ley aprobada, si ustedes hacen los deberes, cumplen la palabra y presentan antes de finalizar el período de sesiones el proyecto al cual se habían comprometido. Muchas gracias.

(El señor Padilla Carballada: ¡La cólera de los débiles!—El señor Fernández Díaz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Para pedir que en el contexto del debate, la referencia…

El señor PRESIDENTE: Dígame la cuestión de orden, señor Fernández. ¿Exactamente cuál ha sido el desorden que ha producido?

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: El respeto a una persona muy importante para este grupo parlamentario y para el propio grupo parlamentario.

El señor PRESIDENTE: Yo no he notado que se haya producido. Ha habido afirmaciones duras. (Rumores.)

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Es el presidente el que dirige los debates. No hay cuestión de orden. Lo lamento. Si el presidente hubiera observado algo, estaría en este momento ofreciéndole…